Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120844
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.844, "Wisdom, Guillermo Bernardo contra Municipalidad de Malvinas Argentinas. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y dispuso su remisión al fuero contencioso administrativo (v. fs. 160/162).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 164/166 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente se declaró -de oficio- incompetente para entender en las presentes actuaciones, en las cuales el señor Guillermo Bernardo Wisdom le reclama a la Municipalidad de Malvinas Argentinas el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, sueldo anual complementario y las previstas en los arts. 1, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 160/162), a las que se considera con derecho.
Para resolver de esa manera, juzgó que no se encontraba configurado el supuesto de excepción previsto en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo. En esa línea, señaló que siendo la Municipalidad de Malvinas Argentinas una persona de derecho público, el vínculo habido con sus agentes era de carácter contencioso administrativo y ajeno -por ende- a la órbita de los tribunales de trabajo.
Agregó que la competencia contencioso administrativa no se desplazaba ante la invocación en la demanda de normas laborales, máxime cuando dicha invocación resultaba evidentemente inadecuada por tratarse de un conflicto suscitado entre una persona de derecho público y su dependiente bajo institutos propios y específicos de la Administración Pública municipal. Aduno que el art. 1 de la ley 12.008 establece que corresponde a la competencia contencioso-administrativa todos los conflictos inherentes a la relación de empleo público. En consecuencia, declinó su intervención y ordenó remitir las actuaciones al juzgado contencioso administrativo en turno con competencia en el partido de San Martín (v. fs. 161/162).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de la doctrina legal emergente de las causas L. 80.103, "Taborda", sentencia de 15-II-2006; L. 90.493, "Aretola", sentencia de 4-X-2006; L. 101.120, "Venazzi", sentencia de 17-VI-2009; L. 98.074, "Braillard", sentencia de 10-III-2010 y L. 99.919, "Saulnier", sentencia de 24-X-2012 (v. fs. 164/166 vta.).
En esencia, alega que el vínculo de Wisdom con la Municipalidad de Malvinas Argentinas era de índole laboral, encontrándose reglado por las leyes 20.744 y 25.323, sin que hubiera existido relación de empleo público.
Luego, con apoyo en doctrina de este Tribunal que cita, postula que la competencia se determina por la naturaleza jurídica de los reclamos que propone el actor a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida. En ese sentido, señala que la de los tribunales laborales resulta siempre que la pretensión se vincula con un contrato o relación de trabajo fundada en normas laborales, lo que -reiteró- acontece en la especie.
III. El recurso prospera.
III.1. Ha declarado este Tribunal -como acertadamente indica el recurrente- que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida. Luego, la aptitud jurisdiccional de los tribunales de trabajo resulta siempre que la pretensión se vincule con un contrato o relación de trabajo y se halle fundada en normas laborales, más allá de lo que la sentencia definitiva resuelva respecto de la procedencia de los derechos invocados (causas L. 90.493, "Arétola", sent. de 4-X-2006; L. 103.394, "Rosales", sent. de 15-VII-2009; L. 98.074, "Braillard", sent. de 10-III-2010; L. 107.398, "García", sent. de 5-IX-2012; L. 99.919, "Saulnier", sent. de 24-X-2012 y L. 116.682, "Suko", sent. de 26-III-2015; e.o.).
III.2. En el caso, el actor promovió demanda contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas en reclamo del pago de diversos rubros salariales e indemnizatorios. Alegó que ingresó a trabajar en el mes de marzo de 1998 como veterinario en la Subdirección de Zoonosis del municipio demandado y que su situación laboral fue variando durante los 18 años de vinculación: primero fue "becario", luego "contratado" y finalmente, a partir del año 2015, "personal de planta temporaria" hasta el día 21 de enero de 2016 cuando le dieron de baja del cargo que ocupaba. Resaltó que el art. 2 de la ley 20.744, al establecer la inaplicabilidad del cuerpo normativo a los dependientes de la Administración municipal, se refiere a los empleados de planta permanente y no a la forma jurídica que el municipio utilizó con el actor para justificar la relación laboral (v. fs. 153/154 vta.).
Afirmó que la naturaleza de la acción, fundada en una relación de dependencia laboral regida por la ley 20.744, determinaba la competencia del fuero laboral para entender en la causa. Agregó que el art. 2 de la ley 11.653 no resultaba aplicable en virtud de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 99.919 (cit.), en la cual se sostuvo que las causas promovidas con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo resultan de competencia de la justicia laboral (v. fs. 152 vta. y 153).
Sobre esa base, reclamó el pago de las indemnizaciones derivadas del despido en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y las previstas en las leyes 25.323 y 25.345 (v. fs. 155 y vta.).
III.3. A partir de tales premisas y de los antecedentes expuestos, se colige que el a quo no debió declararse incompetente sin analizar los motivos en los que el accionante expresamente justificó la radicación de la demanda ante el fuero laboral. En ese contexto, la decisión atacada debe ser rescindida porque, más allá de lo que pudiera opinarse acerca de si las normas laborales invocadas resultan -en definitiva- aplicables o no al caso -conforme la propuesta efectuada por la actora (cuestión sobre la que no corresponde abrir juicio aquí)-, al solo efecto de dirimir la competencia en este estado, es dable advertir que, en virtud de las partes involucradas y el planteo esgrimido, no alcanza para justificar la decisión adoptada la mera circunstancia de que se hubiese demandado a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, como parece haberlo entendido el juzgador.
En efecto, el hecho de que la accionada revista el carácter de persona de derecho público no impone de forma inmediata que el litigio deba ser excluido de la competencia de los tribunales de trabajo. En ese sentido, esta Corte ya ha sostenido que no es la naturaleza del órgano actuante lo que determina la competencia contencioso administrativa, sino la índole del derecho que se denuncia vulnerado y cuya tutela el accionante reclama (causas antes citadas L. 90.493 y L. 103.394; e.o.).
III.4. Para finalizar, he de reiterar que, limitado a resolver respecto de la competencia, lo expresado no importa anticipar opinión sobre la solución que, en el caso, corresponda adoptar respecto de la cuestión de fondo.
IV. A tenor de lo señalado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión atacada en cuanto el tribunal de trabajo decretó su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el caso, cuya competencia se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de grado a fin de que, debidamente integrado, continúe con la tramitación de la causa según su estado.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Sostuvo el actor en su demanda que la relación laboral se mantuvo fuera de la legislación establecida para los empleados municipales estables, infringiéndose de tal modo las disposiciones que regulan la contratación del personal respectivo. Invoca en su apoyo las prescripciones del art. 4 de la ley 11.757 y 2 de la ley 14.656, en cuanto establecen los recaudos para el ingreso a la función o empleo público (v. fs. 154 y 155 vta.).
Impugnó la rescisión del contrato de locación de obra dispuesta por el Intendente municipal (comunicada por carta documento obrante a fs. 8 y ratificada con los envíos agregados a fs. 9 y 10), señalando haber emplazado a la demandada para que aclare su situación laboral, a saber: la continuidad en sus tareas previas o, en su defecto, el pago de "la indemnización pertinente y los sac y vacaciones por el plazo de prescripción" (fs. 154 vta.).
I.2. El tribunal de origen ponderó los términos en que fue promovido el reclamo y concluyó que la Municipalidad demandada, como persona de derecho público, mantiene con sus agentes una relación de carácter contencioso administrativo. También que la competencia sobre esa materia no queda desplazada por la invocación de normas laborales, si ello resulta manifiestamente inadecuado. En tales condiciones, estableció en la especie que el conflicto suscitado entre las partes (persona de derecho público y su dependiente) debía enmarcarse bajo los institutos propios y específicos de la Administración Pública municipal.
Citó en su apoyo lo dispuesto en los arts. 1, 2 y 4 de la ley 12.008.
II. La impugnación deducida no satisface las exigencias mínimas previstas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En primer lugar, el impugnante no denunció la violación de las normas actuadas por el juzgador en el pronunciamiento en crisis.
Tampoco formula una crítica certera y eficaz de la conclusión alcanzada en orden a que, en el caso, la subsunción del conflicto a las normas de linaje laboral no resultaba adecuada dado los términos de la pretensión deducida al demandar.
Ningún argumento aportó el agraviado para desbaratar ese razonamiento, en la medida en que se limita a ratificar su posición inicial acudiendo a la cita de algunos precedentes de esta Corte, más sin esgrimir -y menos aún desarrollar- la presunta infracción de la doctrina que emana de aquellos (causas L. 95.633, "Serrano", sent. de 10-XII-2008; L. 102.674, "N., A.", sent. de 13-VII-2011 y L. 111.885, "Zegna", sent. de 12-XII-2012).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia