Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120964
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.964, "Montariol, Sergio Gustavo contra Acofar Cooperativa Farmacéutica Ltda. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 200/219).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/239 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Sergio Gustavo Montariol y condenó a Acofar Cooperativa Farmacéutica Ltda., a pagar al actor la suma que especificó en concepto de haberes adeudados, vacaciones, horas extras e indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 200/219).
Por no mediar controversia, tuvo por cierto que el actor laboró en la empresa farmacéutica que explotaba la demandada, cumpliendo tareas encuadradas en la categoría segunda del convenio colectivo de trabajo 120/75. Asimismo, con apoyo en la prueba testimonial, tuvo por acreditado el horario de trabajo denunciado al demandar (de lunes a viernes, de 18:00 hs. a 03:00 hs. en invierno y de 20:00 hs. a 06:00 hs. en verano) y, ante la falta de prueba en contrario, juzgó verificado que las horas extraordinarias y nocturnas cumplidas por el actor, no habían sido abonadas en su totalidad (v. vered., fs. 200 y vta.).
Ponderó que, de las piezas postales no desconocidas en su autenticidad y recepción, surgía que el día 30 de octubre de 2012 el empleador había comunicado al actor una suspensión por el plazo de cuarenta y ocho horas, reprochándole haber cometido una inconducta. A su vez, que el trabajador respondió a dicha misiva el día 5 de noviembre de 2012 intimando al principal a fin de que le aclare su situación laboral por haberle impedido el ingreso a su puesto de trabajo, le abone horas extras y nocturnas adeudadas y proceda a registrar debidamente la relación. Posteriormente, con fecha 2 de noviembre de 2012 la demandada dispuso el despido de Montariol por los "graves hechos ocurridos en la Filial Mar del Plata de ACOFAR el día 27/10/2012", aunque sin describirlos. Ponderó también el hecho que hubiera reiterado la imprecisa explicación de la primera misiva (v. vered., fs. 201).
En ese marco, sostuvo que la accionada no había producido prueba tendiente a evidenciar los motivos que la llevaron a disponer la extinción del vínculo, los cuales -y conforme se advertía del intercambio antes descripto- no habían sido especificados. Señaló que, en rigor, la demandada intentaba probar un hecho introducido extemporáneamente en el responde, ocasión en la que expresó que el actor junto a otros compañeros habría ingresado a un lugar reservado denominado "auditoría" de donde habría retirado -sin autorización- perfumes y productos médicos (v. vered., fs. 201 vta.).
Al respecto, destacó que ninguno de los testigos ofrecidos por la accionada dijo haber visto a Montariol in situ y/o en los videos -cuya autenticidad fuera negada por éste- retirarse del mencionado sector con productos de la empleadora. En cambio, sí refirieron a una tercera persona, el señor Víctor Giraldes, ajeno a la presente litis (v. vered., fs. 201 vta. y 202).
Agregó a ello que si bien al absolver posiciones el trabajador reconoció que el encargado le había dado un "probador" de perfume que según explicó era una muestra sin valor comercial no apta para la venta, este hecho no fue el que se le imputó en la contestación de demanda (v. vered., fs. 202).
Ya en sentencia, concluyó que el despido del accionante había resultado injustificado, pues, al momento de comunicar al dependiente tanto la suspensión como su posterior distracto -y al margen de que configurasen dos sanciones distintas por un mismo hecho- el demandado había incumplido las previsiones del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, habida cuenta que no indicó en forma clara los motivos de la medida en ninguna de sus misivas. A lo que adunó que, al cabo, tampoco había demostrado las causales invocadas tardíamente en su responde (v. sent., fs. 203 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia la violación de los arts. 62, 63, 67, 68, 70, 85, 86, 87, 242, 243 de la ley 20.744; 16 de la ley 25.561; 2 de la ley 25.323; 26, 29, 34, 44 inc. "e", 46, 47, 55, 56 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163, 279, 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 1.101, 1.775 y 1.776 del Código Civil y Comercial; 10, 11, 12 inc. 2, 15, 25, 31, 36 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional.
Cuestiona que el tribunal hubiera considerado injustificado el despido del accionante dispuesto por su parte. Alega que el hecho que motivara su decisión se encuentra probado e informado por la Fiscalía n° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata que lleva adelante la causa caratulada "Fernandez Soldavini, Víctor Mendez, Nicolás y otros s/ hurto" (exp. 08-00-02515-12), elemento éste que no ha sido considerado por el a quo pese a los reiterados pedidos efectuados por su parte para la suspensión de la audiencia de vista de la causa, vulnerando así la regla de la prejudicialidad consagrada en el art. 1.101 del Código Civil (1.775 y 1.776, Cód. Civ. y Com.).
Objeta que se le imputara haber introducido tardíamente los fundamentos del distracto. Sostiene que el sentenciante en ningún momento hace referencia a lo ocurrido el día 27 de octubre de 2012, acontecimiento que motivara tanto el despido del trabajador, como el inicio de la causa penal (y en ese marco, su procesamiento). Postula que ese hecho fue el que provocó la pérdida de confianza de su parte, luego de observar por las cámaras de vigilancia que el demandante junto a otros compañeros retiró mercadería de la cooperativa, sin autorización.
Se agravia también del tratamiento dado en el fallo a la certificación de servicios y a los emolumentos que le correspondían al trabajador por el distracto. Señala que éste percibió la liquidación final y el aludido certificado de servicios, el que tiene fecha cierta y firma del empleado, expresando conformidad con su entrega. Aduce que de ninguna manera se puede decir que al accionante se le adeudaban horas extras y nocturnas por los dichos de los testigos, quienes refirieron laborar en horarios que nunca cumplieron; más aún -refiere- cuando el actor acompañó a la causa recibos de sueldo donde constan perfectamente establecidas las horas extraordinarias.
Luego, afirma que el propio actor reconoció al absolver posiciones que ingresó y retiró sin autorización alguna productos pertenecientes a Acofar, por lo que mal pudo no conocer la causa de su despido. Con apoyo en precedentes de esta Corte, insiste en señalar que quedaron acreditados los hechos que motivaron la pérdida de confianza y que generaron la injuria que hizo imposible la prosecución del vínculo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho este Tribunal que tanto la interpretación del intercambio telegráfico y los escritos constitutivos de la litis, como la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual y las conclusiones relativas a la existencia o entidad de la injuria en las causales invocadas para disponer una cesantía, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. El límite que reconoce esa facultad lo configura la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o en la afirmación y comprobación de que la conducta injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (causas L. 104.785, "Albite", sent. de 5-VI-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 118.273, "Ruíz Díaz", sent. de 14-X-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; e.o.).
Asimismo, ha declarado esta Corte que cuando de las causas de cesantía se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial, en el sentido de que no se admitirá la modificación posterior de los motivos en que se funda la ruptura del contrato consignados en la comunicación que se hiciera por escrito, ello, según lo dispone el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo al establecer el principio de la invariabilidad de la causa de despido (causa L. 102.972, "Díaz", sent. de 6-VII-2011).
III.2. Bajo tales directrices, el medio de impugnación luce insuficiente.
En efecto, la compareciente no logra desvirtuar la medular motivación del fallo, según la cual, a partir de la interpretación efectuada de las misivas cursadas, el a quo consideró que el empleador no había precisado las circunstancias que lo llevaron a tomar la decisión de disponer la suspensión del trabajador y luego su despido, incumpliendo así con las previsiones del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por el contrario, la interesada se limita a reeditar la causal de despido esgrimida al contestar la demanda, cuya aptitud rescisoria -pese a considerar extemporánea su introducción- el juzgador también descartó ante la falta de prueba al respecto, sin que los argumentos traídos en la impugnación alcancen para obtener la modificación de lo resuelto.
Luego, es dable advertir que desentendiéndose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, la recurrente intenta descalificar aspectos que son propios de la labor axiológica de los jueces de la instancia, apoyándose en su particular versión sobre los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas (causas L. 105.327, "Tejeda", sent. de 21-IX-2011; L. 117.815, "Santamaría", sent. de 20-V-2015; L. 118.537, "De Lucca", sent. de 28-X-2015 y L. 119.124, "G., L. M.", sent. de 7-IX-2016).
Por lo demás, cabe agregar que el planteo vinculado al trámite de la causa penal (y por tanto, la invocada aptitud probatoria y la pretendida configuración en el caso de un supuesto de prejudicialidad), llevaínsita la impugnación de una cuestión definida en una instancia anterior a la sentencia (v. fs. 189), que debió ser recurrida en su oportunidad. Corresponde recordar que en la casación se revisa sólo la sentencia, no el proceso, por lo que no cabe atender agravios vinculados con resoluciones del juzgador relativas a la prueba y anteriores al fallo definitivo (causas L. 93.732, "Kanemann", sent. de 16-XII-2009; L. 88.229, "García", sent. de 24-II-2010; L. 97.093, "Racioppi", sent. de 5-V-2010; L. 89.444, "Camerlingo", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016).
Con todo, he de reiterar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 112.200, "R., V. E.", sent. de 5-VI-2013; L. 117.783, "Vázquez", sent. de 26-III-2015; e.o.), cometido que -reitero- la recurrente no logra en la especie.
III.3. Finalmente, he de señalar que la sola referencia a que el tribunal no pudo tener por acreditado que se le adeudaban horas extras y nocturnas al actor sobre la base de los dichos de los testigos y cuando éste acompañó recibos en los que consta que se le liquidaron horas extraordinarias, en modo alguno alcanza para modificar lo resuelto en este aspecto.
Tampoco -si es que a ello se refiere- su alegación resulta idónea a fin de desvirtuar la conclusión vinculada a que el certificado de trabajo entregado al dependiente fue confeccionado en forma irregular (ello, por no contemplar las horas extraordinarias y nocturnas cumplidas por el demandante) ni, por lo tanto, la definición relativa al progreso de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión planteada también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia