Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.569, "Morón, José Luis contra Desimone, Agustín y otros. Despido".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó el planteo de inconvencionalidad del juzgamiento en única instancia introducido por la parte demandada (v. fs. 268/271).
Se dedujo, por el codemandado Desimone, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 287/303 vta.) que, denegado por el citado órgano a fs. 304 y vta., fue concedido por esta Corte (v. fs. 395/396 vta.; 424/425) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 381/390.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En el marco de la causa iniciada por el señor José Luis Morón contra los señores Irineo Cabrera, Adriana Haydée Lobos y Agustín Desimone, en procura del cobro de los rubros salariales e indemnizatorios reclamados, los mencionados demandados plantearon la inconvencionalidad del sistema de juzgamiento a través de tribunales de trabajo de instancia única instrumentado por la ley 11.653 (v. fs. 141/149; 182/189 vta.; 231 vta./239 vta.).
En sustento de su postulación, señalaron que tal modalidad vulnera el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica -que reviste jerarquía constitucional- en cuanto garantiza a toda persona en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, la posibilidad de recurrir el fallo, sin restricciones y con amplitud suficiente, ante un juez o tribunal superior pues -sostuvieron- no existe un recurso ordinario eficaz mediante el cual el litigante pueda acceder a una revisión completa del pronunciamiento que le causa agravio.
El tribunal de origen desestimó aquel planteo al resolver, con apoyo en doctrina de esta Corte, que el sistema procesal laboral de instancia única regulado por la ley 11.653 no es inconstitucional ni resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 268/271).
Destacó, además, que la procedencia de la pretensión de la demandada en cuanto había peticionado la intervención de un tribunal de igual categoría o de la Suprema Corte como órgano de alzada, implicaría que los órganos judiciales indebidamente se arroguen facultades legislativas y se desestructure el sistema procesal laboral vigente en la Provincia de Buenos Aires, avasallando las disposiciones de la ley 5.827 -Ley Orgánica del Poder Judicial- que organiza, entre otros aspectos, el fuero laboral provincial.
II. Contra dicho pronunciamiento, el codemandado Desimone interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 287/303 vta.).
En sustancia, plantea la "inconvencionalidad" del sistema de instancia única que rige en el proceso laboral de la Provincia de Buenos Aires, pues -a su juicio- no se adecúa a las exigencias establecidas en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de jerarquía constitucional en función de lo establecido en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Sostiene que la resolución recurrida debe ser revocada porque es necesario dar verdadera operatividad al citado art. 8, y terminar con un procedimiento que no garantiza el recurso integral ante un órgano de superior jerarquía que establece el Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que no existe un tribunal superior ordinario ante quien recurrir los fallos de los tribunales de trabajo.
Señala que el tribunal actuante debió cumplir con los lineamientos que se desprenden del precedente "Baena", y de la Opinión Consultiva 11/90 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -máximo intérprete de la Convención Americana- en los que ha sostenido que la garantía del doble conforme es aplicable a los procesos laborales (v. fs. 299 vta.).
Añade en apoyo de su postura que, si el poder legislativo no toma las medidas necesarias para modificar el sistema instaurado, es imperativo que el poder judicial adopte una postura proactiva y disponga a partir de un "diseño judicial" lo indispensable para el cumplimiento de la normativa que aduce vulnerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Las objeciones formuladas al sistema de instancia única establecido en la ley de procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires no resultan atendibles.
En efecto, el asunto aquí debatido ha sido traído a conocimiento de esta Suprema Corte en anteriores oportunidades en las que reiteradamente se ha pronunciado por la constitucionalidad del mentado sistema procesal.
Por tal razón, a los fines de dar respuesta al interrogante planteado habré de reproducir aquí, en lo pertinente, los conceptos desarrollados por el doctor de Lázzari en la causa L. 106.055, "Pellejero" (sent. de 14-XII-2011), criterio al que presté mi adhesión y que resulta plenamente aplicable en la especie.
III.1.a. En primer lugar, debo destacar que el sistema procesal laboral bonaerense, actualmente regulado por la ley 11.653, es un sistema de instancia única con casación y no un sistema de doble instancia.
En efecto, continuando los lineamientos establecidos en las leyes 5.178 (B.O., 18-XI-1947) y 7.718 (B.O., 29-VI-1971), la vigente ley 11.653 (B.O., 16-VIII-1995) prescribe, en su art. 2 inc. "a", que los tribunales de trabajo deben resolver "En única instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores...".
Por otra parte, el art. 55 del mismo cuerpo legal dispone que, contra las sentencias definitivas dictadas por aquellos, "solo podrán interponerse los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la provincia".
Del juego de ambos preceptos se desprende que, efectivamente, los tribunales laborales provinciales resuelven las controversias del trabajo en una única instancia, sin que exista posibilidad de revisión ordinaria por un órgano superior, desde que sólo podrán atacarse sus sentencias por medio de los mentados recursos extraordinarios que habilitan -exclusivamente y con arreglo a las causales expresamente contempladas en la Constitución provincial- una revisión de las cuestiones jurídicas excluyendo, en principio, un reexamen de las circunstancias fácticas y probatorias que -en el marco del diseño procesal examinado- resultan privativas de los tribunales laborales de instancia única. Al respecto, ha declarado esta Corte que el sistema procesal laboral vigente en la Provincia de Buenos Aires se estructura sobre la base del procedimiento de única instancia, en el cual se ha establecido que las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo sólo pueden ser recurridas ante esta sede casatoria por medio de los remedios extraordinarios previstos en la Constitución local (art. 55, dec. ley 7.718/71 -actual art. 55, ley 11.653-; causa L. 33.418, "González", sent. de 6-VII-1984).
Por lo demás, no cabe dejar de resaltar que el aspecto bajo análisis -instancia única- constituye uno de los caracteres fundamentales que, íntima e indisociablemente entrelazado con otros (oralidad, inmediación, concentración, apreciación de la prueba "en conciencia"; arg. arts. 1, 2 y 44, ley 11.653) contribuye a delinear la fisonomía del modelo procesal laboral provincial.
Es precisamente por ello que esta Corte ha tenido oportunidad de señalar que el proceso laboral local tiene como pilares fundamentales la instancia única, celeridad, oralidad, inmediación y concentración de pruebas (causa L. 41.306, "Prelat", sent. de 12-IV-1989). Del mismo modo, la doctrina especializada ha destacado que las sucesivas normas que lo regularon a partir de la ley 5.178 "mantienen sin variantes la determinación del tipo procesal: instancia única, juicio oral y público, y por medio de esas características se afirman, entre otros, los principios fundamentales de inmediación y concentración" (cfr. Brito Peret, José I. y Comadira, Guillermo L.; Procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires - Ley 7.718. Comentada, anotada y concordada , Ed. Astrea, 2° ed., Buenos Aires, 1995, pág. 3).
En definitiva, resulta indudable que el sistema procesal laboral provincial se configura legalmente como un modelo de instancia única con casación, lo que supone un único grado de conocimiento, habida cuenta que la revisión por la vía de los recursos extraordinarios que habilita la ley no configuran la doble instancia que permita llevar la sentencia al examen de un tribunal superior de modo ordinario (cfr. Centeno, Norberto; El Procedimiento Laboral en la Provincia de Buenos Aires. Comentario a la ley 7.718 , Ed. Astrea, Buenos Aires, 1974, págs. 23/24).
III.1.b. Sentado lo expuesto, contrariamente a lo expresado en la impugnación, he de recordar que el mentado sistema procesal de instancia única es constitucional.
III.1.b.i. En primer lugar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado históricamente que la doble instancia judicial no es requisito constitucional para la efectividad de la garantía de defensa en juicio (CSJN Fallos: 235:2; 238:71; 240:15; 243:296; 245:311; 253:15; 254:509; 256:440; 318:514; 319:699; 320:2145; 322:2488; 324:2554; 330;1036; e.o.).
Por su parte, en la misma línea interpretativa, esta Suprema Corte ha declarado -en referencia al sistema procesal laboral bajo análisis- que la doble instancia no es un imperativo constitucional (causas Ac. 38.021, "Bernal de Aquino", resol. de 24-III-1987; L. 36.483, "Mignone", sent. de 24-X-1989 y Ac. 78.703, "Sampayo", resol. de 30-VIII-2000), toda vez que no integra la garantía de defensa en juicio (causas Ac. 41.159, "Skerj de Venturín", sent. de 12-XII-1989 y Ac. 50.993, "Vittar", sent. de 30-VIII-1994).
III.1.b.ii. Tampoco asiste razón al quejoso en cuanto postula que, a partir de la incorporación a la Constitución nacional, en el año 1994, de la Convención Americana de Derechos Humanos ha quedado establecida en nuestro país la obligatoriedad de la doble instancia, incluso en cuestiones no penales.
Contrariamente a lo que sostiene el impugnante, este Tribunal ha declarado que la garantía prevista en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal (causas Ac. 91.691, "Loponte", resol. de 8-VI-2005 y L. 96.363, "Fernández", sent. de 25-XI-2009), por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales.
Más recientemente -reiterando lo esbozado en las causas Ac. 87.265, "C., S.", resolución de 12-II-2003; Ac. 89.297, "L., L.", resolución de 4-II-2004 y P. 86.954, "M., J.", sentencia de 25-III-2009- esta Corte ha señalado que la doble instancia garantizada por los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se extiende a situaciones distintas al enjuiciamiento, atribución de responsabilidad e imposición de penas por la comisión de ilícitos comprendidos en la ley penal (causa A. 68.436, "G., D. P.", sent. de 25-VIII-2010).
En suma, cuadra concluir que la ley 11.653 no se encuentra en modo alguno en pugna con los derechos reconocidos en el art. 8.2 "h" del Pacto de San José de Costa Rica, desde que no impide al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido legalmente con anterioridad (causas Ac. 62.178, "García", resol. de 27-II-1996; Ac. 93.314, "Aveiro", resol. de 15-III-2006; Ac. 103.525, "Romero", resol. de 18-VI-2008; Ac. 104.887, "Savoia", resol. de 17-IX-2008 y L. 110.871, "Rossanigo", resol. de 7-VII-2010).
III.1.b.iii. Por lo demás, tampoco acierta el recurrente en cuanto sostiene que el sistema procesal laboral de instancia única resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que identifica.
Sobre el particular, me permito reproducir en la especie los argumentos esgrimidos por el doctor Hitters al emitir su ilustrado voto en el citado precedente A. 68.436, en el que realizara un exhaustivo análisis acerca de la jurisprudencia del mentado tribunal regional sobre la cuestión aquí debatida.
Tal como se sostuvo allí, si bien la Corte Interamericana no se ha expedido en forma concreta y clara en lo que tiene que ver con la doble instancia en los pleitos no criminales, no parece surgir de manera asertiva e indiscutible -sino lo contrario, por ahora- que la figura del doble conforme sea aplicable lisa y llanamente a los juicios de esencia civilística o no penal.
En lo que respecta al precedente invocado por el recurrente (v. rec., fs. 299 vta.), no puede sostenerse que el máximo Tribunal regional se haya pronunciado allí en el sentido que se postula en el escrito recursivo.
En efecto, en el precedente "Baena, Ricardo y otros vs. Panamá" (CIDH, sent. de 2-II-2001; Serie C., n° 72), aun cuando -en el marco de un proceso administrativo sancionatorio que culminó con el despido de cientos de trabajadores estatales- la Corte precisó que los individuos tienen derecho al debido proceso entendido en los términos de los arts. 8.1 y 8.2 de la Convención "tanto en materia penal como en todos los otros órdenes", preceptos que juzgó vulnerados en el caso, en virtud de haberse verificado una serie de irregularidades violatorias del debido proceso legal, la ausencia de doble instancia fue utilizada por el Tribunal a todo evento y como argumento reforzante, pero no fue la causal de invalidación del fallo sino que, en rigor, lo que se quiso decir es que la vía judicial no podía arrancar directamente ante el órgano jurisdiccional de la máxima jerarquía luego de un proceso administrativo en el que se habían violado todas las garantías judiciales. Consecuentemente, el caso "Baena" no puede ser citado como paradigma de la doble instancia en temas no penales (causa A. 68.436, cit., apdo. IV.c. del voto del doctor Hitters).
En resumen, como se sostuvo en el voto que vengo citando, por el momento no puede aseverarse en forma contundente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya sostenido la necesariedad de la doble instancia para todo tipo de causas. Por el contrario, si bien no cabe hesitación respecto a que en los procesos criminales se aplica sin circunloquios el citado art. 8.2 "h", no debe predicarse lo mismo para los litigios no penales.
III.2. A tenor de lo señalado, siendo que, además, el recurrente no ha desarrollado argumentos que -en mi opinión- justifiquen la revisión del criterio expuesto en los precedentes de este Tribunal antes citados, el planteo que contiene el recurso debe ser desestimado.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la propuesta que formula el doctor Pettigiani conforme el criterio que sostuve al pronunciarme en las causas A. 68.436, "G., D. P." (sent. de 25-VIII-2010); L. 106.055, "Pellejero" (sent. de 14-XII-2011) y L. 117.500, "I.P.E.N.S.A." (sent. de 21-X-2015), a cuyos fundamentos remito, merced a razones de economía y celeridad procesal.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
La doctrina legal de esta Suprema Corte señala que la garantía prevista en el art. 8.2 "h" del Pacto de San José de Costa Rica se encuentra establecida como tal para el proceso penal (causas Ac. 91.691, "Loponte", sent. int. de 8-VI-2005; L. 96.363, "Fernández", sent. de 25-XI-2009; L. 99.447, "Sala", sent. de 14-IX-2011 y L. 101.556, "Inzitari", sent. de 12-X-2011), supuesto que -evidentemente- no es el de autos.
Luego, y en tanto el recurrente no ha traído argumento alguno que conduzca a revisar tan consolidado criterio, comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega doctor Pettigiani en su sufragio.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia