Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrase insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda interpuesta por Carolina Ana Rimoldi y condenó a Clínica Privada Monte Grande S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 443/447 vta.).
Para así decidir, concluyó que la parte actora logró acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es, la prestación de servicios bajo relación de dependencia respecto de la clínica demandada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 458/464), concedido por el a quo a fs. 468 y vta.
En su impugnación, se agravia de que el tribunal, por medio de la apreciación de las pruebas aportadas a la causa, haya tenido por acreditada la existencia de un vínculo laboral entre las partes, incurriendo en absurdo. Finalmente, alega una errónea aplicación de los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, en torno de la fecha de ingreso y remuneración percibida por la trabajadora.
III. El recurso debe ser rechazado.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado con la conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, el juzgador de grado consideró que, habiendo manifestado la accionada haber mantenido con la actora, además de un vínculo laboral que finalizó por despido directo, otra relación que coexistió temporalmente y que denominó "comercial asociativa", mediante un contrato de locación de servicios, recaía sobre la demandada demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Sobre esa premisa, concluyó que ninguna probanza se produjo en la causa al respecto, razón por la cual, juzgó que todas las tareas realizadas por la accionante en favor de la clínica accionada lo fueron en carácter dependiente.
Esta esencial, conclusión del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente en tanto su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que ha sido ponderados los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009), toda vez que su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para acreditar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 121.309, "Fourcade", resol. de 15-VIII-2018).
Al respecto, reiteradamente ha dicho esta Corte que no deviene idónea para probar la existencia del vicio de absurdo la réplica de la recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013 y L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el vicio de absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 83.456, "Holzmann", sent. de 19-XII-2007; L. 91.739, "González", sent. de 20-II-2008 y L. 89.858, "Noguera", sent. de 19-III-2008).
III.1.b. En relación a la prueba oral cuestionada por la interesada, cabe memorar que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada no logra demostrar (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.2. En otro orden, debe indicarse que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, referidas a la fecha de ingreso y remuneración de la trabajadora- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causa L. 115.833, "Burattini", sent. de 26-VI-2013 y L. 121.309, cit.).
La crítica formulada por la interesada denota un enfoque paralelo al plasmado por el órgano de grado para arribar a la decisión cuestionada, basada en su personal y subjetivo análisis acerca del modo en que debió haber sido resuelta la controversia, pero sin que ello demuestre la transgresión o errónea aplicación del precepto actuado en el fallo, ni el absurdo atribuido (art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrase insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia