Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122439
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n°3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Adriana María Etchegoyen y, en lo que interesa, condenó al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323, 53 ter de la ley 11.653 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 170/176 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditada la relación laboral invocada la que finalizó por la situación de despido indirecto en que se colocó la trabajadora, el que resultó justificado.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fs. 194/203 vta. y en soporte papel fs. 208/220 y vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 221.
En su escrito, denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial, ataca el pronunciamiento bajo tres aristas.
En primer lugar, objeta la decisión de grado en cuanto tuvo por probada una relación de naturaleza laboral entre las partes. En este sentido, cuestiona la ponderación de la prueba, a la vez que sostiene que la presunción prevista en el art. 23 de la ley 20.744 fue interpretada en forma dogmática.
Por otra parte, cuestiona el acogimiento de la indemnización establecida en el art. 8 de la ley 24.013.
Finalmente, controvierte la condena en costas.
III. El recurso debe ser rechazado.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012; L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.309, "Fourcade", resol. de 15-VIII-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado con la conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, el impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditarlo, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
III.1.b. Por otra parte, debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo señalado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en el supuesto de no demostrarlo, rige la presunción de que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (causas L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012; L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 7-IV-2012 y L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018).
En el caso, la accionada no logró neutralizar la presunción que surge del citado art. 23 pues, del material probatorio aportado en autos, el sentenciante de grado concluyó que las tareas prestadas por la actora lo fueron en relación de dependencia, conclusión que -a tenor de lo dicho- subsiste incólume.
III.2. Tampoco acierta el recurrente al impugnar la procedencia de las indemnizaciones previstas en el art. 8 de la ley 24.013, desde que los agravios traídos no resultan aptos para conmover las motivaciones sobre las que se estructura la decisión de grado.
En efecto, las alegaciones formuladas por la interesada no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, método que reiteradamente se ha considerado que no resulta idóneo para desmerecer las conclusiones fácticas del pronunciamiento (causas L. 98.406, "Carreras", sent. de 2-XII-2009; L. 121.092, "Vaamde", resol. de 16-V-2018 y "Yughis" cit.).
III.3. La crítica relativa a las costas resulta igualmente improcedente. En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997 "Uribe", sent. de 9-IV-2014; L. 118.555 "Ambrosio", resol. de 18-III-2015 y L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016), extremos que no se verifican en la especie, donde sólo se exhibe la mera disconformidad del recurrente en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia