Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Adrián Marcelo Eguren y, en consecuencia, condenó a YPF S.A. a abonarle al actor la suma que individualizó en concepto de diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas. En cambio, rechazó la acción en cuanto perseguía el cobro de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 307/322 y aclaratoria de fs. 325/328).
Para así resolver, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, valorando el material probatorio de la causa -en esencia, el informe de la AFIP oficiada y la pericia contable- juzgó no acreditada la falta de ingresos de aportes retenidos al trabajador con destino a los organismos correspondientes.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo 2-X-2018), que fue concedido por el sentenciante de mérito a fs. 335/337.
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia -exclusivamente- del rechazo de la pretensión tendiente al cobro de la multa prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015).
III.1.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010 y L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013).
III.1.c. En el caso, el recurrente no logra demostrar la anomalía invocada pues la impugnación resulta insuficiente para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución allí alcanzada en cuanto rechazó la imposición de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el juzgador concluyó, en virtud de la prueba analizada, que el empleador había cumplido con el depósito total de las sumas retenidas -si bien con diferencias mínimas en la imputación de un mismo periodo, mas sin arrojar un saldo negativo- (v. vered., fs. 310 y vta.).
III.1.d. En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Siendo ello así, se impone confirmar lo decidido sobre el punto en la sentencia atacada, toda vez que la retención de aportes, y la consecuente falta de ingreso de ellos a los organismos correspondientes, es el presupuesto fundamental para la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que -como se dijo- no resultó demostrado en autos.
III.2. Cabe agregar que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal citada, toda vez que tales precedentes aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia