Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
La Plata, 23 de octubre de 2019.
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa destacar, condenó solidariamente a la Cooperativa de Trabajo Marlap Ltada. y a Cafiero Y Pollio S.A. a pagarles a Jesús María Valderrama y Raúl Marcelo Sánchez las sumas que individualizó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 218/236 vta.).
II. Ante lo así resuelto, Cafiero Y Pollio S.A., mediante su apoderado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 250/275 vta.), oportunidad en la que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y, asimismo, adujo encontrarse imposibilitada de hacer frente a la carga procesal exigida por aquella norma, con cita expresa del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos S.R.L.", sent. de 26-VIII-1997. Coetáneamente, solicitó un beneficio de litigar sin gastos, ocasión en que ofreció el material probatorio que detalló (v. fs. 278/282 vta.).
A su turno, el sentenciante de grado a tenor del informe adunado por el perito contador desinsaculado en la incidencia abierta a prueba, hizo lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado, con efectos a partir del 24 de febrero de 2016 (v. fs. 391/402)
Interesa destacar, que al resolver de tal modo, aclaró expresamente, con fundamento en doctrina de este Tribunal, que la franquicia otorgada en los términos del art. 78 del Código Procesal Civil y Comercial es útil y aplicable respecto de las etapas posteriores al dictado de la sentencia definitiva obrante a fs. 218/236 vta., a fin de exonerar a la peticionante de la erogación de la extensión y cuantía de los gastos causídicos desde la fecha señalada (v. fs. 394/395 vta.).
Luego, haciendo hincapié en la distinta naturaleza de aquella licencia y la creada pretorianamente a partir del dictado del precedente in re "Troche Báez, Prostacio c. Salvador Olivadese e Hijos S.R.L", desestimó el planteo de exención sustentado en dicha doctrina, por considerar no acreditado que la incidentista, al momento de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no se encontraba en condiciones de hacer frente con la exigencia regulada en el citado art. 56 de la ley 11.653 (v. fs. 391/402).
III. Con posterioridad, firme la decisión reseñada supra , el tribunal de grado denegó la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia final de la causa, por no haber cumplido la interesada con el depósito previo establecido en la mencionada normativa ritual laboral (v. fs. 406 y vta.).
Contra esta última decisión, la impugnante dedujo la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 475/488).
En sustancia, previo reiterar el planteo de inconstitucionalidad del mencionado art. 56 de la ley 11.653, sostiene que surge claro el hecho de la insolvencia económica que padecía la empresa a su respecto, dada la existencia de un concurso preventivo abierto a su nombre y las circunstancias comprobadas por el propio tribunal de grado que admitió el beneficio de litigar sin gastos promovido, no obstante la fecha a partir de la cual le imprimió sus efectos.
IV. La queja no prospera.
IV.1. De modo liminar, corresponde recordar que, en supuestos de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece, como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios, el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que el fallo atacado constituye fuerte presunción favorable (causas L. 117.089, "Lagraña", resol. de 5-IV-2013; L. 117.710, "Conte", resol. de 23-XII-2013 y L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017).
IV.2. En orden al cuestionamiento relacionado con la validez supra legal del art. 56 de la ley 11.653, cabe memorar que el planteo ha sido materia de reiterados pronunciamientos por parte de este Tribunal.
En efecto, esta Corte ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues conforma, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975, "Olivera", resol. de 16-VII-2014 y L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012 y L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014).
Además, y en virtud de la impugnación que porta la queja, es dable observar que esta Corte ha sostenido que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 no resulta violatorio del art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, oportunidad en la que declaró, que el sistema procesal laboral de instancia única, instaurado por aquella norma procesal, no es inconstitucional (causa L. 119.452, "Tristán", sentencia de 5-VI-2019).
IV.3. Sentado ello, se debe indicar que, en torno al requisito establecido en el mencionado art. 56 de la ley ritual del fuero, este Tribunal ha dicho que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del apelante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones constituyen supuestos de excepción al citado dispositivo normativo (causas L. 110.963, "Roldán", resol. de 19-V-2010 y L. 109.787, "Viel", resol. de 3-III-2010; CSJN "Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos SRL", sent. de 26-VIII-1997).
Conforme ello, el principio general que marca el mentado art. 56 puede sufrir excepciones cuando los recurrentes demuestran, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011 y L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017).
Sin embargo, en el caso se advierte, de acuerdo a los términos del pronunciamiento de fs. 391/402, que -se impone observar- llega firme a esta sede extraordinaria, que valorado el pedido de exención fundado tanto en la invocada imposibilidad, como así también en la solicitud de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos iniciado coetáneamente, el a quo concluyó no acreditada la alegada desproporción entre el monto de condena y la capacidad económica de la sociedad anónima codemandada, a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
IV.4. Por otro lado, para despejar equívocos, conviene señalar, tal como lo destacó el juzgador de grado, que el objeto y oportunidad del planteo de la excepción establecida pretorianamente con relación al depósito previsto en el citado art. 56 de la ley 11.653 -reconocido a partir de los precedentes mencionados supra -, difieren del objeto y momento procesal para peticionar un beneficio de litigar sin gastos (arts. 78, 84 y concs., CPCC), en cuyo marco y respecto del depósito que establece el art. 280 del Código citado ha sido elaborada la doctrina que emerge de la causa Ac. 84.126, "Tello", resol. de 27-XI-2002; e.o.), que -por lo demás- deviene inaplicable al caso (causas L. 110.963, cit. y Ac. 100.813, "Sado", resol. de 12-XII-2007).
En este orden de ideas, no resulta ocioso recordar que esta Corte ha declarado que la interpretación armónica de los arts. 56 de la ley 11.653 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial conduce a sostener que obrando en cabeza del recurrente el beneficio de litigar sin gastos -definitivo- al momento de la interposición del recurso extraordinario, los alcances de tal privilegio habrán de proyectarse sobre la carga de depositar -en forma total o parcial, según sea el caso- las costas que conforman la erogación pecuniaria requerida a los fines recursivos, mas no respecto de los restantes conceptos de los cuales ésta resulta comprensiva, vale decir, el capital e intereses de condena (causa L. 115.012, "Castillo", resol. de 29-II-2012).
Sin perjuicio de ello, más allá de los fundamentos dados por el sentenciante de grado a fin de sustanciar la señalada incidencia, también se impone recordar que esta Suprema Corte ha sostenido que la finalidad del depósito establecido en el citado art. 56 de la ley 11.653 resulta ser de distinta naturaleza jurídica que la prevista por el mencionado art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 108.986, "Rausch", resol. de 18-VIII-2010). Ello, toda vez que el objeto del beneficio de litigar sin gastos es la inexigibilidad del pago de las costas o gastos judiciales hasta el mejoramiento de fortuna del destinatario de la franquicia (art. 84, Cód. Cit., cfr. causa C. 92.585, "Gregorini", sent. de 14-V-2008).
En ese contexto, y decidido por el órgano jurisdiccional competente que las alegaciones relacionadas a la imposibilidad de efectuar el depósito de marras no fueron probadas, correspondía concluir -tal como lo resolvió el juzgador de grado- que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resultaba admisible por ausencia de cumplimiento del recaudo vinculado a la carga pecuniaria.
V. Finalmente, resta adunar, que el presente carril de impugnación no es apto para objetar la decisión que rechazó la exención solicitada, pues sólo es viable a fin de cuestionar la denegatoria o declaración de deserción de los recursos extraordinarios (art. 292, CPCC; causas L. 113.993, "Videla", resol. de 13-IV-2011; L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014; L. 119.523, "Bernal", resol. de 9-XII-2015 y L. 120.857, "Villalba", resol. de 5-VII-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia