Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123315
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 cit. y Acordada 1.790; art. 63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
La Plata, 23 de octubre de 2019.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en etapa de ejecución del convenio homologado, dictó sentencia de trance y remate, oportunidad en la que -entre otras cuestiones de procedimiento- condenó a la demandada Azucena Noemí Alejandro a abonarle a la ejecutante Fanny Alejandra Callejo la suma que individualizó, con más la cantidad que determinó en concepto de los intereses calculados de conformidad con lo previsto por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 240/241 y su aclaratoria de fecha 4-XII-2017).
II. Frente a lo así resuelto, la ejecutada dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 22 de abril de 2019), el que denegado por el sentenciante de mérito (v. fs. 248 y vta.), dio lugar a la articulación de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 252/254).
En el remedio articulado de modo directo ante esta sede, la impugnante alega -en concreto- que el tribunal laboral se equivoca al ingresar en el estudio de la procedencia del andarivel propuesto y rechazarlo, toda vez que se configura así un supuesto de exceso de jurisdicción. Luego, reitera los argumentos expuestos en el recurso extraordinario desestimado, en torno a la nulidad del pronunciamiento dictado en etapa de ejecución.
En tal sentido, sostiene que la sentencia de remate puesta en crisis carece de fundamentación legal, en cuanto determina los intereses calculados de conformidad con lo normado en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo enunciado. Indica, que aquella norma deviene inaplicable al supuesto de autos, desde que no se observan acreditados los presupuestos fácticos de adecuación. Invoca absurdo.
III. De modo liminar, corresponde señalar que el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de nulidad, materia privativa de esta Suprema Corte (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010 y L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011), pues debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55 y 63, ley 11.653 y 281, CPCC), los que se advierten cumplidos en la especie.
En consecuencia, encontrándose reunidos los recaudos de la vía extraordinaria de nulidad incoada, deviene necesario admitir la queja traída y concederla (arts. 292, 296 y 297, CPCC y arts. 55 y 63, ley 11.653).
IV.1. Luego, ingresando al estudio del intento anulativo por medio del cual se aduce falta de fundamentación legal, se adelanta que el mismo no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 298, CPCC; 55 y 63, 11.653).
Ello así, desde que aquel recurso se observa manifiestamente improcedente. Dentro de este contexto se aprecia que si bien, tal como se anticipó ut supra , aquel remedio extraordinario se apuntaló en la denuncia de falta de fundamentación legal, con cita expresa de las normas constitucionales que confieren competencia extraordinaria, dicha impugnación se observa insustancial.
IV.2. En lo esencial, la recurrente se agravia de los intereses adicionados según las pautas establecidas en el mencionado art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, a cuyo fin alega, huelga reiterar, que la adecuación al caso de aquella norma, modificada por el art. 1 de la ley 26.696 luce errónea, desde que -aduce- la decisión que cuestiona fue dictada en el marco del incumplimiento de un acuerdo homologado, por lo que mal puede evaluarse -concluye- sobre la concurrencia de los requisitos de procedencia de aquel instituto, cuya naturaleza resulta ser, esencialmente -aclara-, sancionatoria.
IV.3. De modo liminar, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
En el caso, la simple lectura del recurso extraordinario articulado da cuenta de la manifiesta improcedencia de la denuncia de ausencia de basamento normativo en torno a la adición de intereses al capital ejecutado, desde que tal aspecto del pronunciamiento se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (art. 171, Const. prov.).
Así, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se configura infracción al citado art. 171 de la Constitución provincial si el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales, resultando extraña al recurso extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 120.391, "Romero", resol. de 31-V-2017).
Para más, la crítica desarrollada en oportunidad de impugnarlo, se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió la aplicación al caso de la sanción establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 118.800, "Lombardi", resol. de 11-XI-2015; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015 y L. 121.602, "Hidalgo", resol. de 5-XII-2018).
En tal sentido, reiteradamente ha sostenido este Tribunal que, si bajo la denuncia de nulidad del pronunciamiento, en realidad los agravios que porta el recurso extraordinario se sustentan en el cuestionamiento a la forma en que el juzgador resolvió la contienda, en tanto aquellos importan la imputación de típicos errores in iudicando , devienen ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 79.779, "Gelis", sent. de 20-VIII-2008 y L. 120.402, "Díaz", resol. de 3-V-2017).
Finalmente, en lo que atañe a la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal, tiene también resuelto este Tribunal que lo relativo a la infracción de los derechos constitucionales mencionados, no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, por resultar ajenos al mismo (causas L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009 y L. 119.125, "Hernández", resol. de 28-XII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 cit. y Acordada 1.790; art. 63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia