Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
La Plata, 30 de octubre de 2019.
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar parcialmente a la acción por despido deducida por Leandro Fabián Molina y condenó a Transportes 25 de mayo S.R.L. a abonarle la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del distracto y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 125/145).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-XI-2018), oportunidad en la que planteó la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto impone la carga de depositar el capital, intereses y costas, como requisito previo a su interposición. Subsidiariamente peticionó la sustitución de aquel depósito por el embargo sobre un bien inmueble que no individualizó, o en su defecto, se le otorgue una prórroga del plazo para efectuar aquella erogación.
A su turno, el tribunal de grado, con apoyo en doctrina de esta Suprema Corte, rechazó el planteo de inconstitucionalidad articulado y, con fundamento en el incumplimiento de la carga regulada en el cuestionado art. 56 de la ley 11.653, denegó el recurso extraordinario intentado (v. fs. 160/164).
III. Contra esta última decisión, la demandada interpuso revocatoria, oportunidad en la que adjuntó comprobante de depósito (v. escrito electrónico de fecha 13-VI-2019), la que fue rechazada por el a quo (v. fs. 173/174). Coetáneamente, dedujo recurso de queja previsto en el art. 292, Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 217/235 y cargo al pie de fs. 235).
Interesa destacar que, tanto en la revocatoria como en el recurso intentado de modo directo ante esta sede casatoria, la recurrente reitera los argumentos desplegados en torno a la inconstitucionalidad del citado art. 56 de la ley ritual del fuero laboral en cuanto exige el depósito previo para recurrir y manifiesta que el tribunal de grado omitió considerar su solicitud de sustituir aquella carga. Asimismo, plantea que el sentenciante de mérito debió, con apoyo en lo dispuesto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, haber intimado a su parte a efectuarlo. Invoca exceso ritual manifiesto y cuestión federal, a fin de habilitar la instancia.
IV. La queja no prospera.
IV.1. De modo liminar, corresponde reiterar una vez más, que para el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido importa fuerte presunción favorable (causas L. 115.364, "Aristain", resol. de 26-X-2011; L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; L. 120.689, "Perez", resol. de 5-VII-2017; entre muchas).
Asimismo, dicha exigencia no permite sustituir el depósito de ley por garantías o embargos, no siendo facultad judicial, tal como este Tribunal lo ha sostenido en infinidad de oportunidades, modificar o reformular sus términos (causas L. 117.920, "Ruggiero", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.960, "Teruggi", resol. de 10-VI-2015; L. 120.365, "Suárez de Herrera", resol. de 22-III-2017 y L. 121.294, "Rodriguez Jauregui", resol. de 30-V-2018).
IV.2.a. Respecto del cuestionamiento relacionado con la validez supra legal del art. 56 de la ley 11.653, cabe memorar que el planteo ha sido materia de reiterados pronunciamientos por parte de esta Corte.
En efecto, en tal sentido ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues estructura, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975 "Olivera", resol. de 16-VII- 2014 y L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012 y L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014).
Además, y en virtud de la impugnación que porta la queja, es dable observar que esta Corte ha sostenido que el sistema de instancia única instrumentado por la ley 11.653 no resulta violatorio del art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, oportunidad en la que declaró, que el sistema procesal laboral de instancia única, instaurado por aquella norma procesal, no es inconstitucional (causa L. 119.452, "Tristán", sentencia de 5-VI-2019 y L. 121.575, "Godoy", resol. de 21-VIII-2019).
A tenor de lo señalado, y toda vez que el interesado no ha desarrollado argumentos que justifiquen la revisión del criterio expuesto en el precedente de este Tribunal antes citado, el planteo que contiene el recurso, en el contexto de las circunstancias reseñadas, debe ser desestimado.
IV.2.b. Se impone observar, respecto al agravio introducido por la impugnante, con apoyo en los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de sortear el valladar formal que surge de las normas provinciales y que generaría la obligación de realizar el control impuesto por el art. 31 de la Constitución nacional de conformidad a los estándares fijados por la Corte federal, que no se advierte prima facie , en este estadio y a tenor de las particularidades expuestas, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria.
IV.3. Por otro lado, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, que el mencionado depósito debe ser integrado en término y en su totalidad, desde que los plazos otorgados para su cumplimiento son perentorios e improrrogables (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.561, "González", resol. de 7-III-2012 y L. 120.407, "Genovese", resol. de 5-IV-2017).
Así, en el sub lite , el que se reputa efectivizado (v. archivo adjunto del escrito electrónico de fecha 13-VI-2019) según el informe adunado a fs. 172, resulta extemporáneo.
Ello así, toda vez que ha sido satisfecho vencido el término fijado por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y aun luego del plazo de gracia al que alude la norma del art. 124 del Código citado (v. cédula de notificación de fs. 149 y vta.).
Tales circunstancias evidencian la falta de diligencia en el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del carril extraordinario oportunamente deducido.
IV.4. Téngase presente además, que esta Corte ha sostenido reiteradamente que no corresponde intimar a la parte a integrar estos valores, y que tal principio no resulta mitigado por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial (art. 280), desde que dicha circunstancia sólo procede cuando las normas de ambos ordenamientos procesales concuerden (art. 63, ley 11.653; causas L. 115.742, "Valdez", resol. de 8-VIII-2012 y L. 119.033, "Ledesma", resol. de 11-XI-2015), lo que no se exterioriza en esta parcela en atención a la distinta condición jurídica de los depósitos de uno y otro régimen. Además, no es posible aplicar analógicamente lo dispuesto en el art. 280 del Código citado, puesto que no corresponde tal extensión sin norma expresa que lo autorice (causas L. 115.561, "González", resol. de 7-III-2012 y L. 118.948, "Molina Báez", resol. de 22-XII-2015).
IV.5. Por último, no obsta a lo expresado la alegación de excesivo rigor formal, pues si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos incompatibles con el adecuado servicio de justicia (cfr. doctr. causa Ac. 82.685 "Palazzo de Rucci", sent. de 23-XII-2003), no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa avalar ni respaldar comportamientos negligentes (causas L. 118.203, "Colaianni", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.245, "Simoncini", resol. de 11-II-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia