Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122880
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 6 de noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, rechazó íntegramente la demanda incoada por Claudia Catalina Maidana contra la SRCD y de Fomento Idea Feliz y Osvaldo Domínguez, mediante la cual reclamaba la percepción de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 219/226).
Para así decidir, valorando las pruebas producidas en la causa, concluyó no acreditada la existencia de una relación de índole laboral entre las partes. Consideró, en cambio, que la actora se había desempeñado como Secretaria de la Comisión Directiva de la institución demandada, cumpliendo servicios a título de colaboración, en forma voluntaria y sin contraprestación alguna; a la vez que no recibía órdenes ni se encontraba sujeta al cumplimiento de horarios.
Con tales elementos de juicio descartó la operatividad de la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 236/244), el que fue concedido por el a quo a fs. 245 y vta.
En dicha presentación cita las normas que entiende violadas. Alega que las definiciones del fallo impugnado vulneran el art. 23 de la ley 20.744 y las reglas de la sana crítica. En lo esencial, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de la causa, en cuanto juzgó no demostrada la vinculación de dependencia alegada en la demanda.
Por último, apela los honorarios de la demandada por altos.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no es susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 120.146, "Rubisi", resol. de 14-XII-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
III.2. En el caso, la parte impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017). Su argumentación sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica.
Cabe destacar que las alegaciones que formula, particularmente con relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Asimismo, la valoración de la prueba oral, está reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
Corresponde añadir, que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se adelantó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
III.3. La denuncia de violación del art. 23 de la ley 20.744, no prospera. Reiteradamente ha sostenido este Tribunal -ante casos análogos- que la presunción contenida en la norma queda neutralizada si la prueba producida en autos acredita que la actividad desarrollada por la actora no lo fue en relación de dependencia, como sucedió en la especie, conclusión que, por lo dicho, no fue conmovida por la interesada (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 118.063, "Capristo", resol. de 22-X-2014).
III.4. Asimismo, es inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el a quo -que la recurrente considera elevados- pues sabido es, que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 117.483, "Riccele", resol. de 9-X-2013 y L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017).
Sumado a ello, la interesada omitió la indispensable denuncia de transgresión de la norma legal que se vincula con los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013; L. 115.729, "Altube", sent. de 5-VI-2013; L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013 y L. 120.936, "Alarcón", resol. de 13-XII-2017).
III.5. Finalmente ha de recordarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia