Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122522
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 6 de noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción promovida por Crisanto Ángel Villanueva contra Lacci S.R.L. en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, multas, diferencias salariales y horas extras. Asimismo, la desestimó respecto de la citada accionada y Liberty ART S.A. en relación al reclamo por la reparación integral por accidente de trabajo (v. fs. 601/613 vta.).
Para así decidir, encuadró la relación entre el actor y la empleadora demandada bajo la ley 22.250, descartando subsumirla en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/89, y señaló que el marco normativo aplicable posee un régimen de desvinculación que le es propio y que reemplaza al previsto en la ley 20.744. Sentado lo cual, rechazó las indemnizaciones derivadas del despido y las multas de los arts. 43 y 45 de la ley 25.345, toda vez que tuvo por no probada la negativa de tareas invocada como causal del distracto, atento a que ha sido la propia accionada quien intimó previamente al trabajador a que se reintegrara a prestar servicios en labores livianas. Tampoco acogió el reclamo por horas extras por no haberse acreditado su realización y las diferencias salariales por no existir causas que las sustenten.
En lo atinente a la reparación integral por accidente de trabajo, indicó que las dolencias que padece el actor no guardan relación causal ni concausal con las contingencias denunciadas en la demanda.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 675/692 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 694 y vta.
En su presentación se agravia de la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En lo esencial, controvierte el fallo desde dos aristas.
Por un lado, denuncia absurdo en la valoración de la prueba y reedita los argumentos tendientes a encuadrar el vínculo bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 36/89, para lo cual, reputa conculcado los principios de la primacía de la realidad e in dubio pro operario . Asimismo, reprocha el rechazo de las indemnizaciones derivadas del distracto. Por otra parte, sostiene que el sentenciante de grado no ponderó debidamente la deficiente registración de la relación. Aduce infringidas las reglas que rigen la carga probatoria.
Finalmente, se disconforma con la negativa a la reparación integral por accidente de trabajo. A cuyo fin, reitera las postulaciones formuladas en la demanda y su ampliación y objeta la ponderación efectuada sobre la prueba rendida.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Conforme lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 86.645, "Barroso" (sent. de 21-V-2008) y L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009); luego, entre otras, L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro" (sent. de 26-VI-2013), frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el monto del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las deducidas en la misma demanda. Bajo estos lineamientos, se ha sostenido que, con prescindencia del resultado que se obtenga en la sentencia de mérito, e independientemente de cuál sea la parte que intente transitar esta senda recursiva, el test de admisibilidad que habilita el ulterior análisis de la procedencia del remedio extraordinario no puede conducir a resultados disímiles, según se ejercite o no la opción de acumular todas las acciones (pretensiones) contra el mismo demandado (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC).
En el caso, se verifican distintos reclamos -no vinculados entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- cuya improcedencia decretada en la sentencia llevó al recurrente a realizar una crítica diferenciada: de un lado, el relativo a la reparación integral por accidente de trabajo y, del otro, lo atinente a las indemnizaciones derivadas del despido y distintos reclamos de naturaleza salarial.
III.2. Bajo tales lineamientos, cabe señalar que las sumas resultantes de la pretensión vinculada al reclamo por los daños y perjuicios deducido en los términos del derecho común, no alcanza al monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego, la admisibilidad del recurso -en lo que se refiere al agravio respectivo- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, y en tal caso, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de la Suprema Corte invocada en aquél, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede -precisamente- en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015 y L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015).
En ese contexto la exclusión de la hipótesis de excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida.
Ello, por cuanto la particularidad que contempla el estrecho marco de tratamiento, no se configura si los planteos propuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -vinculados con la acreditación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la reparación integral con sustento en el derecho común- se dirigen, en rigor, a cuestionar la valoración que el tribunal formuló de los hechos y pruebas de la causa, asuntos que se encuentran detraídos de revisión de la Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015).
Sumado a ello, los precedentes jurisprudenciales que se citan en el recurso fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014 y L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017).
Corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 114.788, "Fernández", resol. de 7-IX-2011; L. 117.465, "Aloe", resol. de 25-IX-2013 y L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017).
III.3. Por otro lado, si bien ningún reparo admite en cuanto a la admisibilidad del carril intentado en orden al valor del litigio, el resto de los agravios que porta el recurso resultan insuficientes.
III.3.a. En efecto, en primer lugar, es dable recordar que esta Corte ha sostenido que en la evaluación de las tareas desarrolladas por el trabajador, como en la determinación del salario percibido, y en la apreciación de los hechos que determinan el convenio colectivo aplicable a una específica relación laboral, los jueces ejercen facultades privativas que les son propias y que resultan reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, (causas L. 97.961, "Pérez", sent. de 27-IV-2011; L. 98.481, "Pagano", sent. de 14-III-2012 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014). Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas.
En tal sentido, es del caso destacar que reiteradamente ha resuelto este Superior Tribunal que dicho vicio sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia y que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009; L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011 y L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018).
En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada, en tanto el interesado, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los magistrados a la solución expuesta en el fallo, se limita a cuestionar, a través de meros comentarios y apreciaciones personales, la forma como se resolvió la controversia, sin lograr acreditar que la esencial motivación sobre la que se estructura la decisión resulte viciada.
En particular, corresponde destacar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo el mencionado vicio de absurdo (causas L. 116.837, "C., C.F.", sent. de 9-X-2013 y L. 121.019, "Coceres", resol. de 13-XII-2017), el cual, como se anticipó, tampoco logra ser evidenciado en la especie.
Cabe agregar, para mayor satisfacción del impugnante, que esta Corte en diversas ocasiones ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio protectorio si los jueces -tal como acontece en el caso- manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.533, "Vigo", resol. de 8-IV-2015).
III.3.b. Por otro lado, en lo atinente al reproche que formula el recurrente en torno al rechazo de las indemnizaciones por despido, este Tribunal ha sostenido que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los tribunales de grado (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016) no revisables en casación, salvo la configuración del vicio de absurdo, que, como se dijo, el legitimado activo no logra demostrar.
En el caso, el impugnante no cumple con la carga de acreditarlo, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 116.581 "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 118.172 "Delgado", resol. de 8-X-2014 y L. 117.831 "Andrada", resol. de 12-XI-2014), sin lograr desvirtuar la conclusión con arreglo a la cual el tribunal juzgó que no se habían acreditado las causales invocadas por el trabajador para considerarse en situación de despido indirecto.
III.3.c. Resta señalar que el interesado no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Comparto la solución propuesta por los colegas que me preceden, aunque habré de señalar, en lo tocante a lo resuelto en punto III.1. y III.2., que en las causas L. 97.082, "Santisteban", sent. de 30-III-2011 y L. 108.498, "Carabajal", sent. de 22-V-2013, a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes.
Dado que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, acompaño lo decidido por los colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo introducido en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales, y los tratados en el III.3. han sido insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia