Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a seis de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.336, "Rojas Sanabria, Willy Antonio contra Fundación Madres de Plaza de Mayo y otro/a. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 226/233 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 247/254).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por el señor Willy Antonio Rojas Sanabria contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo en concepto de multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 226/233 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 32, 35, 39, 40, 41, 43 y 44 de la ley 11.653; 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 146/01; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 247/254).
Impugna por absurda la decisión que juzgó no acreditados los requisitos para la procedencia de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Alega que, en el caso, quedó probada la retención de los aportes con los recibos de haberes obrantes en la causa (v. fs. 43/45) y, asimismo, la omisión de su depósito a los organismos correspondientes, con el informe emanado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Luego, postula que se encuentra cumplido el recaudo previsto en el art. 1 del decreto 146/01. Refiere que dicho precepto no dispone el medio con el que debe realizarse la intimación allí impuesta y que la ausencia del elemento postal es reemplazada por el requerimiento formulado en las distintas audiencias celebradas ante el Ministerio de Trabajo, conforme surge de las actas labradas en cada ocasión (v. fs. 93 y sigs.). Agrega que, si existían dudas al respecto, el juzgador debió aplicar el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa, el tribunal de grado desestimó la sanción prevista en el art. 43 de la ley 25.345, por considerar que, en el caso, no se había cumplido la formalidad contenida en el art. 1 del decreto 146/01, referida a la recepción por el empleador de una intimación fehaciente para que en el plazo de treinta días "...ingrese los aportes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos recaudadores" (fs. 229 vta. y 230).
En este sentido, descartó la incidencia de lo informado por AFIP, en el instrumento de fs. 183, por el período abril/julio de 2011, toda vez que -juzgó- ambos recaudos debían confluir para la aplicación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, norma que, dada su naturaleza sancionatoria, debía ser interpretada con carácter restrictivo (v. fs. 230).
III.2. La decisión antes descripta no es desvirtuada por la interesada.
III.2.a. Es sabido que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de sanciones conminatorias a favor del trabajador en caso de existir retenciones de la seguridad social no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 119.307, "Corallo", sent. de 23-XI-2016 y L. 118.120, "Ramos", sent. de 28-VI-2017).
Por su parte, el art. 1 del decreto 146/01, al reglamentar la citada norma, estableció que, para que opere dicha sanción, es necesario que el trabajador previamente intime fehacientemente al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción del emplazamiento, ingrese a los respectivos organismos recaudadores, los importes adeudados en concepto de aportes, cuotas o contribuciones que hubiere retenido al empleado.
III.2.b. Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, lo cierto es que, en el caso, la impugnante no se ocupa de rebatir concreta y eficazmente la conclusión con arreglo a la cual el a quo juzgó que la actora no formuló dicho emplazamiento legal para así viabilizar la sanción cuya desestimación le causa agravio.
En este orden, cabe recordar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre las que aquélla se asienta (causas L. 112.152, "Donato", sent. de 5-XI-2014; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
Luego, las alegaciones que la interesada formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva, pretendiendo descalificar la labor axiológica de los jueces de grado, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 117.384, "Rosas", sent. de 8-VII-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
Y es sabido que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
III.2.c. En suma, la compareciente se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto, sin aportar argumentos idóneos que evidencien la existencia de una absurda valoración de las constancias de la causa o la errónea aplicación de la norma actuada en el fallo.
Resta señalar que la duda a que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operari si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.403, "Tibaudin", sent. de 9-IX-2015 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
Circunscripta entonces la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada, la insuficiencia del embate impide revisar el acierto de lo decidido.
IV. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo, en lo que aquí interesa, contestó negativamente la quinta cuestión del veredicto que textualmente dice "¿Se ha probado que durante la relación laboral el accionado actuando como agente de retención, hubiere omitido depositar aportes y contribuciones retenidos a su dependiente?" (fs. 226 y 227 vta.). Lo tuvo por no probado "...habida cuenta la falta de intimación cartular alguna tendiente a que el empleador ‘ para que dentro del término de TREINTA días...ingrese los aportes adeudados, más los intereses y multas que pudieran corresponder, a los respectivos Organismos recaudadores’. No empece a ello la contestación de la AFIP que luce a fs. 183 toda vez que carece del recaudo de anoticiamiento por medio fehaciente" (fs. 226 vta.). Desestimó, en consecuencia, el reclamo de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. La recurrente se agravia de dicho rechazo por considerar que el pronunciamiento impugnado se encuentra viciado de absurdo. En su opinión, ese desvío se configuró en oportunidad de valorar la prueba tendiente a demostrar la retención y posterior omisión de depositar los aportes del dependiente, toda vez que la retención quedó demostrada con los recibos de haberes obrantes a fs. 34/45 mientras que la omisión de depositarlos, con el informe de la AFIP glosado a fs. 183. En otro orden, considera que -a diferencia de lo juzgado por el a quo - la demandada fue debidamente intimada al depósito de dichos aportes tal como dan cuenta las actas de audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo bonaerense, ello así, en razón de que el art. 1 del decreto 146/01 no expresa el medio que deberá utilizarse a fin de realizar ese emplazamiento (v. fs. 248 vta./252 vta.). Denuncia en apoyo de su petición la violación de doctrina legal que identifica.
III. Este Tribunal ha declarado que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. 16-V-2012 y L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2013).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria con el orden lógico y formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 117.981, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; e.o.).
En el caso, la impugnante cumple solo parcialmente con la carga de acreditar la anomalía alegada. En efecto, acierta la recurrente en cuanto a que la retención y omisión de depósito de los aportes a la seguridad social (no así los sindicales) ha sido probada a tenor de la prueba documental (recibos de haberes) e informativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 182/183), sin que el "anoticiamiento por medio fehaciente" señalado por el a quo sea requisito para tener por probadas las retenciones cuyo depósito se omitió (y que, para más, no fueron siquiera desconocidas por las accionadas en sus respectivos escritos de contestación de demanda –v. fs. 56/60 y 67/83-).
No lleva razón, en cambio, en cuanto pretende que la intimación prevista en el art. 1 del decreto 146/01 debe considerarse cumplida a partir de lo actuado en las audiencias llevadas a cabo ante el Ministerio de Trabajo.
Si bien es cierto que la certificación realizada en las actas respectivas por el funcionario ministerial actuante dota de carácter de fehaciente a los reclamos realizados en sendas audiencias, es lo cierto que los propios términos de aquellas actuaciones ponen en evidencia la vaguedad con que tal emplazamiento -vinculado al tema de debate- fue realizado, habida cuenta que no solo no se individualiza qué tipo de aportes ha sido retenido y no ingresado, sino que -en rigor- no se habla, siquiera genéricamente, de una retención indebida de aquéllos.
IV. En razón de lo expuesto y las restantes razones concordantes del voto que abre el acuerdo, doy el mío por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia