Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 13 de noviembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n ° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todos sus términos la demanda iniciada por María Cristina Velazque contra Gulmez Hermanos S.A. en cuanto procuraba las indemnizaciones derivadas del despido y salarios impagos (v. fs. 309/314).
Para así resolver, juzgó ajustada a derecho la denuncia del contrato de trabajo realizada por la empleadora en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 319/324), que fue concedido a fs. 326 y vta.
En su presentación, invoca absurdo en el mérito de la prueba y cita las normas que considera no aplicadas e infringidas.
En sustancia, cuestiona, desde diversas aristas, los fundamentos sobre los que se apoya el rechazo del pago de las indemnizaciones derivadas del distracto.
En ese sentido, insiste en que, a su respecto, no se encontraban reunidas las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio al momento de la intimación, situación que era conocida por la empleadora, por lo que se vulneró el principio de primacía de la realidad. Al respecto, también denuncia absurdo en la valoración del expediente jubilatorio y vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Se agravia igualmente del supuesto silencio e inactividad que se le inculca a su parte, y la consecuente calificación de mala fe en su conducta, por cuanto -aduce- de las constancias de la causa se desprende que la empleadora no entregó la documentación pertinente.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Las conclusiones esenciales expuestas en la sentencia atacada, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -a las que arribó el tribunal de origen en uso de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por la impugnante.
III.2.a. En el caso, como se adelantó, el órgano judicial de grado concluyó que el vínculo laboral finalizó por cumplimiento del plazo previsto por el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, concerniente a la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador. En ese sentido, sostuvo que, intimado a iniciar los trámites tendientes a obtener el beneficio jubilatorio, el actor no cuestionó el emplazamiento, ni le manifestó al principal que su situación no se ajustaba a los recaudos de la ley previsional, por el contrario guardó absoluto silencio hasta el instante en que fue anoticiado de la disolución del vínculo, en una conducta que resultó violatoria del principio de buena fe establecido en el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 312/312).
III.2.b. En el caso, los argumentos que contiene el recurso bajo examen no logran rebatir las razones expuestas por el a quo para decidir en el sentido que lo hizo, ni ponen en evidencia la falta de razonabilidad en el análisis de las constancias de la causa, limitándose el impugnante a exhibir su disconformidad con lo resuelto, a partir de meras discrepancias subjetivas carentes de idoneidad como tales para conmover las conclusiones del fallo.
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 94.481, "Villalba", sent. de 15-VII-2009; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.387, "Sala", resol. 19-II-2015).
Además, es útil resaltar que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, que en principio no admite revisión en esta instancia con excepción del absurdo, el cual no se verifica en el caso (causas L. 91.062, "Fernández", sent. de 10-III-2011 y L. 109.926, "Mauriño", sent. de 27-VIII-2014).
En tal sentido, deviene necesario observar que aquel vicio invalidante queda configurado cuando media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo sino que es menester exhibirlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio que -como en el caso- sólo se dirige a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, argumentaciones basadas exclusivamente sobre su personal apreciación, insuficiente para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y prueba (causas L. 112.633, "Colos", sent. de 14-II-2013; L. 111.803, "Lizarraga", sent. de 9-X-2013; L. 121.395, "Vallejo", resol. de 4-VII-2018 y L. 122.257, "Rainella", resol. de 8-V-2019).
III.3. Por otro lado, tampoco es atendible el planteo mediante el cual se atribuye al sentenciante el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia