Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123835
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 18 de diciembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó parcialmente la demanda interpuesta por Mariano Ignacio Tiberio contra Rockfish S.R.L. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 318/341 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, juzgó que el accionante no acreditó la causal invocada para retener tareas, ni para disolver el contrato de trabajo por culpa de la accionada, motivada en la falta de pago de haberes, horas extras y diferencias salariales.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 346/355 vta.), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 356.
En su impugnación alega que el tribunal, para rechazar las pretensiones formuladas en su escrito de inicio, en particular el encuadre jurídico del distracto y los créditos salariales reclamados, efectuó una absurda valoración de las pruebas, en particular de la pericia contable y de la documental.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Como es sabido, valorar las pruebas producidas y determinar la existencia -o no- de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral, constituyen cuestiones de hecho reservadas al criterio de los jueces de las instancias ordinarias, salvo eficaz alegación y demostración de absurdo o la comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
III.1.b. En el caso, el órgano judicial de grado consideró que la pretensión formulada por el trabajador, referida al pago de haberes adeudados, no podía prosperar, toda vez que el salario del mes de noviembre de 2014 había sido abonado oportunamente por el demandado, mientras que los correspondientes a diciembre de 2014 y enero de 2015, no se probó la prestación de tareas durante dichos períodos.
Por otro lado, también desestimó los reclamos por horas extras y diferencias salariales en tanto el actor no acreditó haber revestido en la categoría de mozo de salón, ni efectuando sus labores en el horario y días denunciados.
Sobre dicha plataforma fáctica fue que el tribunal actuante concluyó que el accionante no probó las causales invocadas para retener tareas, ni tampoco aquellas para disolver el contrato de trabajo por culpa de la demandada.
III.1.c. Así, las conclusiones expuestas en dicho pronunciamiento, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 100.076, "Romero", sent. de 9-XII-2010 y L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014).
En tal sentido, resulta necesario recordar que el aludido vicio de absurdo queda configurado cuando media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester demostrarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio que -como en el caso- sólo se dirige a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, argumentaciones basadas exclusivamente sobre su personal apreciación, insuficiente para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y prueba (causas L. 112.633, "Colos", sent. de 14-II-2013 y L. 111.803, "Lizarraga", sent. de 9-X-2013).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.242, "Condoleo", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.080, "Maletti", resol. de 29-X-2014).
Por otra parte, también se ha señalado reiteradamente, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal del trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
III.2. En consecuencia, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, pierde virtualidad la crítica que ensaya el compareciente respecto a que el sentenciante debió aplicar la presunción contemplada en el art. 39 de la ley 11.653, la que -a su criterio- lo hubiera conducido a tener por ciertas las circunstancias fácticas denunciadas en la demanda.
En este sentido, ha declarado esta Corte que la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral consagrada en aquel precepto legal, cede cuando datos que resultan de las constancias probatorias de la causa desvirtúan la aplicación de tal norma (causas L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XII-2006 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016) y que, en tal caso, el interesado debe demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal del trabajo, carga esta que el impugnante -como se adelantó- no ha satisfecho debidamente en este aspecto.
III.3. Aun cuando lo expuesto basta para sellar la suerte adversa de la impugnación, cabe señalar que el eventual silencio de la demandada frente a los referidos reclamos de la accionante en modo alguno implicaba, como lo entiende el recurrente, que debiera necesariamente tenerse por probada la existencia de los incumplimientos denunciados, pues si bien es cierto que el silencio de la empleadora ante la intimación formulada por la trabajadora relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo constituye una presunción en contra de aquél (art. 57, LCT), no lo es menos que se trata de una presunción iuris tantum que, en tanto tal, admite prueba en contrario (causas L. 73.921 "Gagliostro de Polimeni", sent. de 6-VI-2001; L. 101.721 "Luciano", sent. de 26-X-2011; L. 117.153 "Di Benedetto", sent. de 10-XII-2014).
III.4. Por último, la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009 y L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121785 "Peter", resol. de 20-III-2019) -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia