Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 26 de diciembre de 2019.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la acción promovida por Néstor Rubén Rey contra Quilmes Atlético Club en procura del cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 138/150 vta.).
Para así decidir, tuvo por no acreditada la relación de trabajo invocada por el actor, toda vez que juzgó demostrado que el vínculo que unía a las partes era de tipo comercial.
II. Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14-III-2019), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 154 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas, y alega absurdo en la valoración de la prueba.
En sustancia, controvierte la conclusión del tribunal por conducto de la cual juzgó no verificada, en el caso, la existencia de la relación laboral indicada en el escrito de inicio. Objeta la ponderación efectuada por el a quo de las pruebas aportadas, especialmente en cuanto no da importancia a la documental, y se basa exclusivamente en las declaraciones de los testigos.
Cuestiona la aplicación realizada de la presunción establecida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, reputa conculcados los principios protectorio, de primacía de la realidad e in dubio pro operario .
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009 y L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017).
De igual modo, ha sostenido este Tribunal que determinar si la actitud de la patronal implicó o no un fraude laboral constituye una típica cuestión reservada a los tribunales del trabajo exenta de revisión en casación, salvo absurdo (causas L. 80.400, "Enríquez", sent. de 30-VI-2004; L. 96.056, "Ojer", sent. de 25-XI-2009 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010 y L. 120.387, "Valdez", resol. de 28-VI-2017), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 120.517, "Malatesta", resol. de 7-VI-2017).
III.2. En el caso, el juzgador de grado, entendió que entre las partes no existió una relación de linaje laboral. Ello así, pues, tras valorar los escritos constitutivos del proceso y la prueba rendida -en especial la testimonial-, juzgó acreditado que el actor junto a otra persona que era su socio, impartía -en las instalaciones del club demandado- clases particulares de tenis a distintas personas, a la par que entrenaba a jugadores que competían en diversos torneos. Asimismo, concluyó que era el propio accionante quien organizaba sus horarios de labor, fijaba el precio que percibía por su servicio, asumía el riesgo de no contar con alumnos, abonaba un canon fijo mensual a la institución accionada por el uso de las canchas y contaba con ayudantes y una empleada administrativa a su cargo. En suma, para el a quo , el actor dirigía, organizaba y cobraba por su trabajo, asumiendo el riesgo de su propia actividad (v. fs. 143 vta./145).
III.2.a. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por el recurrente, toda vez que si bien denuncia el vicio de absurdo, su réplica no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010; L. 120.982, "Del Pino", resol. de 27-XII-2017 y L. 121.531, "Liberandi", resol. de 21-XI-2018).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 98.885, "Cinquino", sent. de 7-VII-2010 y L. 105.110, "Duringer", sent. de 12-XII-2012 y L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causas L. 101.038, "Riera", sent. de 10-XI-2010 y L. 120.983, "Fama", resol. de 27-XII-2017).
III.3. Por otra parte, respecto a la ponderación de la prueba oral cuestionada por el recurrente, cabe recordar que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no demostró (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.4. Por lo demás, la presunción establecida por el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo queda desvirtuada si la prueba producida en la causa demuestra que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013 y L. 120.983, "Fama", resol. de 27-XII-2017), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.5. Respecto de la infracción a la regla in dubio pro operario , este Tribunal ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014), tal y como ocurre en la especie.
III.6. Finalmente, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014 y L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017), supuesto que no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°1327
acc
Fin de la sentencia