Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123337
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 12 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la demanda instaurada por Omar Armando Maldonado contra Diego Martínez Navarro y Elsa Delia Pérez, a través de la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 178/183 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditado que el actor haya prestado servicios bajo relación de dependencia y subordinación laboral de los codemandados.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-II-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 195/196 vta.
En su impugnación denuncia que el tribunal de grado no aplicó los arts. 9, 23, y 55 de la ley 20.744; 39 de la ley 11.653 y 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional.
Alega absurdo en la valoración de las pruebas aportadas a la causa. A tal efecto, reputa conculcada la presunción que emana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, a la vez que controvierte el alcance dado por el juzgador a la confesión ficta de los codemandados.
Manifiesta asimismo que, ante la falta de presentación de los libros de los accionados, debió aplicarse lo dispuesto en los arts. 55 de la LCT y 39 de la ley ritual del fuero laboral.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no es susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 84.388, "Milito", sent. de 18-IV-2007; L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 120.146, "Rubisi", resol. de 14-XII-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, el impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009 y L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011).
III.2. En relación a la denuncia de infracción al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que formula el recurrente, cabe memorar que reiteradamente ha declarado este Tribunal que negada la existencia de relación de linaje laboral por los accionados, la presunción contenida en el mentado precepto, queda desplazada, recayendo sobre quien alega la existencia del mismo la carga de su debida y suficiente acreditación (art. 375, CPCC; causas L. 104.646, "Jorquera", sent. de 17-VII-2011 y L. 118.597, "Colino", resol. de 25-IV-2015).
III.3. Asimismo, en lo referente al reproche en torno a la confesión ficta de los demandados, se recuerda que esta Corte ha dicho que su aptitud probatoria debe ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas y las circunstancias del caso concreto, para lo cual los tribunales de trabajo gozan de un amplio margen de discrecionalidad. Siendo ello así, los jueces están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, pero en modo alguno obligados a acceder -por esa sola circunstancia- automáticamente a las pretensiones deducidas (causas L. 118.073, "Ramirez", resol. de 24-IX-2014 y L. 118.044, "España", resol. de 5-XI-2014).
Ciertamente, y no sin resaltar que -nuevamente- la exposición del recurrente no traduce más que su mero criterio subjetivo respecto del modo en que debieron interpretarse los hechos y las pruebas, se observa que la impugnación es portadora de un manifiesto déficit técnico. Lo expuesto, en tanto el interesado prescinde controvertir idóneamente la argumentación esencial sobre la que el juzgador estructuró la decisión respecto del tópico debatido, cual es que, más allá de la incomparecencia de los codemandados a la audiencia de vista de la causa, del resto de la prueba producida, no logró evidenciarse la prestación de servicios del actor a favor de los accionados, presupuesto indispensable a los efectos de tener por acreditada la relación laboral invocada.
III.4. Igualmente, carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430, "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
III.5. Finalmente, cabe recordar que las presunciones contempladas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653 sólo resultan operativas cuando previamente se ha acreditado la relación laboral (causas L. 103.923, "Palavecino", sent. de 15-XII-2010 y L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria
Registrada bajo el n°5
mlp
Fin de la sentencia