Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121303
En la ciudad de La Plata, a 12 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Genoud , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.303, "Vargas, Hugo Orlando contra Pepsico de Argentina S.R.L. y otro. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta, con costas (v. fs. 362/378).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 387/418 vta. y 419/426), que fueran concedidos por el citado tribunal a fs. 428/429. A fs. 457/460 esta Suprema Corte -por mayoría- declaró bien concedido el recurso extraordinario contenido en el escrito ampliatorio de fs. 387/418 vta.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 387/418 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de fs. 419/426?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por Hugo Orlando Vargas y condenó solidariamente a Pepsico de Argentina S.R.L. y Servicios Temporarios S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, haberes adeudados, diferencias salariales, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales, la sanción prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653 y el incremento indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la ley 25.323. En cambio, rechazó la demanda en cuanto perseguía el cobro de los salarios de enero y febrero de 2010, las indemnizaciones derivadas de la ley 24.013, la sanción por temeridad y malicia; desestimó a su vez el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 9 y 10 de la ley 23.928 (modificada por ley 25.561) y 623 del Código Civil velezano. Dispuso luego que a los importes de condena se le adicionaran intereses moratorios a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en depósitos a treinta días en los distintos períodos de aplicación hasta que quede firme o ejecutoriada el pronunciamiento (v. fs. 365/378).
Para así decidir, juzgó acreditado que el accionante, por intermedio de Servicios Temporarios S.A., prestó servicios en la planta de Pepsico de Argentina S.R.L. desde el día 7 de abril de 2009 (v. veredicto, fs. 362 vta./363 vta.).
A fin de desentrañar la relación jurídica habida entre las citadas personas jurídicas, el a quo señaló que la provisión de trabajo por agencia es una relación triangular de excepción que debe ajustarse a ciertos parámetros previstos en el decreto 1.694/06, a saber: la inscripción en el registro pertinente de la agencia y la concurrencia de los requisitos sustanciales enumerados en el art. 3 del citado decreto. Destacó luego, que encontrándose a cargo de Pepsico de Argentina S.R.L. la prueba de la concurrencia de los mentados requisitos sustanciales, ésta no había acreditado la eventualidad de las tareas del actor. En ese contexto, consideró aplicable el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por ende, juzgó que la relación laboral del actor se había configurado con la citada sociedad (v. fs. 366 vta./367 vta.).
Adunó que el contrato de trabajo se extinguió el 23 de diciembre de 2009, fecha en que el trabajador recibió la comunicación en la cual Pepsico de Argentina S.R.L. desconocía la relación laboral (v. fs. 367 vta./368 vta.).
En lo que interesa destacar por constituir materia de agravio "En relación a los desvíos de conducta de la demandada que pudieran caber en la calificación de temerario (litigio con conciencia de la propia sin razón)", citando los arts. 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013 y 53 de la ley 11.653, consideró el tribunal que "todos tenían una debida indemnización", lo que lo condujo a desestimar la pretensión procesal respectiva arguyendo que su otorgamiento importaba una doble sanción por una misma conducta (v. fs. 372). Luego, se explayó respecto de la eventual aplicación del art. 9 de la ley 25.013 por el concepto de temeridad en relación con las previsiones del art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 372/373).
Finalmente, destacó que tampoco se observaba una "conducta obstruccionista en el proceso (malicia)" que justifique la aplicación de un interés adicional al que se fije al momento de establecer los montos de condena (v. fs. 373 in fine ).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil; 1.738, 768, 769 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 387/413).
II.1. Objeta la tasa de interés moratorio que el tribunal de origen aplicó al capital de condena.
En lo atinente a la admisibilidad de esta parcela del medio de impugnación, sostiene que al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia provincial, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario federal (v. fs. 388/389).
Luego, en esa misma línea, indica que de las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) se desprende que esta Suprema Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal (v. fs. 389 vta.).
Aduce que la aplicación de tasas de interés -pasivas o activas- fuertemente negativas sobre los créditos de todos los acreedores del país, afecta el valor adquisitivo final de los créditos de quien debe recurrir a la justicia para cobrar lo que se le debe (v. fs. 390 vta./393).
A continuación, afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido la inaplicabilidad de las tasas pasivas en los juicios laborales y que la doctrina del máximo Tribunal considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo. Agrega que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas no otorga ningún interés real y positivo, por ser la misma muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, privando así al trabajador de todos los intereses puros y de gran parte de su capital real (v. fs. 393/395).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (504,70%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena. En ese contexto, señala que la aplicación de tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, violándose el derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrados en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 397/400).
En ese camino, plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral y la vulneración del art. 17 de la Constitución nacional. Así enumera la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 400/402); que los jueces fijen prudencialmente los intereses teniendo en cuenta la actual inflación (v. fs. 402 y vta.); y- por último- aplicar intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (v. fs. 402 vta./403 vta.).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. 404 vta./405 vta.).
II.2. Se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 406/417 vta.).
Arguye que el a quo realizó una absurda y contradictoria lectura del expediente y de la prueba, en tanto de las constancias de la causa surgen acreditadas las conductas temerarias y maliciosas de los demandados, tanto al momento de la ejecución del contrato como en su extinción, que mantuvieron -con conciencia de la propia sinrazón- al contestar demanda y durante todo el proceso.
A continuación, tras destacar que las demandadas cuestionaron la existencia de la relación laboral del actor, hicieron valer actos cometidos en fraude del trabajador, opusieron defensas incompatibles e impidieron la producción de las pruebas, detalla todas aquellas conductas que, a su criterio, fueron cometidas en fraude al trabajador (v. fs. 411 y vta.); las defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho opuestas por los demandados (v. fs. 411 vta./412 vta.) y, por último, las conductas dilatorias y obstruccionistas desarrolladas por ambas codemandadas (v. fs. 412 vta./413 vta.).
Destaca que para rechazar la pretensión, el tribunal de grado se explayó sobre la aplicación concurrente del art. 9 de la ley 25.013 y del art. 2 de la ley 25.323 en referencia a la mora en el pago de las indemnizaciones, soslayando que se peticionó la sanción por temeridad y malicia con fundamento en el citado art. 275 de la ley 20.744 y únicamente en razón de la conducta desarrollada por las demandadas al momento del intercambio telegráfico y durante el juicio. Agrega que asimismo resulta absurda y contradictoria con las constancias del expediente la afirmación del a quo afincada en que no se observa ninguna conducta obstruccionista en el proceso (malicia). En ese sentido, individualiza doctrina de esta Suprema Corte en apoyo de su postura (v. fs. 414/417 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Cabe inicialmente señalar, que toda vez que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que la recurrente pretende sortear el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
III.1.b. El agravio por el que se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena (pasiva, en su variante denominada "digital"), no puede prosperar.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Se sigue de ello que la decisión adoptada en el presente caso por el órgano de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar el cuestionamiento traído.
III.1.c. A la par, se advierte una equívoca lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en esos pronunciamientos en modo alguno el alto Tribunal hubo de expedirse por la inaplicabilidad en los "juicios laborales" de tasas de interés como la dispuesta en autos; lo dicho por el quejoso -siguiendo un desenfocado trazo de razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces ministro doctor Fayt.
Adicionalmente ha de recordarse, que no constituyen "doctrina legal" a que se refieren los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, la que deriva de los fallos de la Corte nacional, así como la de otros tribunales de justicia (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 92.935, "P., A.J.", sent. de 25-III-2009 y L. 118.486, "Izaguirre", resol. de 15-IV-2015); ni la que emana de la opinión de los autores (causas L. 115.342, "Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA)", resol. de 5-IV-2013 y L. 118.054, "Lima Pintado", resol. de 24-IX-2014), por lo que la impugnación no es atendible en la medida que discurre sobre su transgresión.
III.1.d. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los art. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo fue traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.2. Debe prosperar en cambio, la crítica traída contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la sanción reclamada en concepto de temeridad y malicia.
Silenciando los concretos reproches que en el marco del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo el accionante le endilgó a la contraria en su demanda (v. fs. 56/57), el estudio que emprendió el tribunal de la instancia hubo de desviarse principalmente hacia la regulación que contienen los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013 frente a la hipótesis de la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado; por cierto, sin más desarrollo, también dijo que no se observaba en el proceso ninguna conducta obstruccionista (v. sent., fs. 327/373).
Resulta evidente que en esta parte de la sentencia el a quo lejos estuvo de concretar un análisis de las circunstancias fácticas necesarias para arribar a una adecuada solución del tópico, antes bien, la decisión en crisis se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa, falencias que la tornan descalificable por absurda (causas L. 115.463, "Janeiro", sent. de 26-III-2015; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018).
En consecuencia, debe revocarse este tramo del pronunciamiento y devolver los autos al tribunal de grado, que debidamente integrado, deberá expedirse nuevamente respecto de la sanción prevista en el art. 275 de la ley 20.744, teniendo en consideración lo aquí resuelto.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance indicado en el punto III.2. de la presente. Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, y en relación a lo resuelto en el punto III.1.b., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Sólo he de señalar, que comparto lo expresado por el colega ponente respecto a la tasa de interés moratorio (punto III.1.b.), por resultar concordante con las consideraciones que tuve oportunidad de efectuar al emitir mi voto en las causas C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), a cuyas consideraciones me remito, en honor a la brevedad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
En lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como fuera reseñado, al abordar el primer interrogante, el tribunal de grado rechazó las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 10 de la ley 24.013 (v. fs. 370 y vta.).
Sostuvo al respecto que si bien existía una "deficiencia formal", en lo sustancial se había cumplido con el registro del contrato de trabajo y el consecuente pago de las obligaciones previsionales. Señaló que el art. 29 bis (en clara referencia a la ley 20.744) establece la solidaridad entre la empresa contratante y la empleadora por las obligaciones laborales y previsionales y que a la fecha de vigencia del contrato de trabajo la legislación establecía que el efecto cancelatorio del pago libera a ambos responsables solidarios de la obligación frente al acreedor (citó aquí, a los arts. 706, 707, 715 y 717 del anterior Código Civil). Para más, expresó que el trabajador ni siquiera había invocado que Servicios Temporarios S.A. no hubiera denunciado a los órganos de control el alta del contrato de trabajo, ni que no hubiera depositado los fondos retenidos.
En dicho contexto, concluyó que el incumplimiento resultaba formal y por lo que no cabía la aplicación de la ley 24.013 que aprehende el supuesto de pago de salarios con fines evasivos de las obligaciones previsionales, es decir, la ausencia de declaración de todo el contrato o parte de él ante los organismos de recaudación con fines de evasión, que no se configuraba en el caso (v. fs. 370 y vta.).
Por su parte, juzgó que el planteo fundado en el art. 10 de la ley 24.013 no se ajustaba a derecho, en tanto la doctrina invocada por el actor no resulta aplicable en la especie y, además, la deuda salarial no resulta por sí misma un salario sin registro (v. fs. 370 vta.).
II. Contra dicha parcela del pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 419/425).
En esencia, alega que las indemnizaciones reclamadas con fundamento en las citadas normas de la Ley Naciona
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