Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123185
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Lanús, en lo que interesa destacar, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora codemandada y, en consecuencia, condenó solidariamente a Hojalmar S.A. y a Liberty ART S.A. -hoy Swiss Medical ART S.A.- a abonarle a Susana Gladys Romero la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios (v. fs. 472/551).
Para así decidir, y en lo que resulta relevante por ser materia de agravio, consideró acreditado que las tareas impuestas a la accionante, y el modo en que éstas fueron cumplidas desde el inicio del contrato de trabajo con Hojalmar S.A., sumado al pésimo y mal trato que recibía de manera constante y cotidiana de su supervisora, fueron determinantes del aborto sufrido por Romero el 26 de agosto de 2010, circunstancia que determinó el grave daño psicológico que afecta a la trabajadora y que la incapacita en un 23% del índice de la total obrera.
En sentencia, puesto a resolver la excepción de prescripción, juzgó que correspondía su rechazo, desde que la toma de conocimiento de la incapacidad de la actora debía ubicarse en el 9 de septiembre de 2010, fecha en que -conforme surge de la historia clínica acompañada a estos autos- el médico tratante del embarazo recomienda su derivación a psiquiatría, en atención a la presencia de síntomas depresivos; y conforme surge del cargo de fs. 84, la demanda fue incoada con fecha 28 de agosto de 2012, sin que se encontrara cumplido el plazo bienal.
Por otro lado, siendo que la acción se fundó en base a las previsiones del derecho común, tras valorar el material probatorio de la causa -especialmente las declaraciones testimoniales- juzgó configurados los presupuestos de responsabilidad de la aseguradora en los términos del art. 1.074 del Código Civil, por entender que aquella incurrió en un total incumplimiento de las obligaciones impuestas por los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo, relativas a la prevención, al control y al deber de denunciar a la empleadora por inobservancia de las normas de higiene y seguridad del trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, Swiss Medical ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 567/579), el que fue concedido por el a quo a fs. 581/583 vta.
En su presentación, la impugnante denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de las pruebas, e indica las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En primer lugar, se agravia de que el tribunal de origen hubiera tenido por acreditado el hecho mencionado en la demanda (perdida del embarazo) y su relación causal con las tareas que la accionante realizara para su dependiente. Al respecto, alega que los jueces realizaron una arbitraria valoración de la prueba testimonial, y se apartaron del informe médico, del cual no surgiría la actividad específica efectuada por la accionante que pudiera haber sido determinante para provocarle la pérdida del embarazo.
Por otro lado, cuestiona la extensión de responsabilidad civil a su parte, pues sostiene que en el caso no se probó la existencia de incumplimientos en materia de higiene y seguridad imputables a su parte. En ese sentido, plantea que el sentenciante omitió meritar la pericia técnica. Además, objeta que se la condene cuando quedó demostrado que la aseguradora no tenía conocimiento de las tareas realizadas por la actora ajenas a su puesto de trabajo.
También impugna el rechazo de la excepción de prescripción, por cuanto entiende que la demanda fue iniciada transcurridos los dos años desde la pérdida del embarazo.
Por último, apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1.a. De modo preliminar, y alterando el orden de los agravios por razones metodológicas, corresponde recordar que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, así como determinar las características de las tareas realizadas por la trabajadora y la relación de causalidad entre ellas y las dolencias incapacitantes, y -en definitiva- el análisis del material probatorio, constituyen cuestiones cuya apreciación se encuentra reservadas a los jueces de grado y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación salvo absurdo, que debe ser eficazmente demostrado (causas L. 90.088, "N., J.M.", sent. de 22-X-2008; L. 117.539, "Odello", resol. de 30-X-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 118.593, "Varela", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.624, "Disalvo", resol. de 5-VI-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-IX-2014).
III.1.b. En el caso, si bien la recurrente denuncia la existencia de absurdo, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen, apoyándose en un nuevo análisis de los escritos constitutivos de la litis y del material probatorio obrante en la causa - que considera esencial para la revisión de la decisión en crisis- según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010 y L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015).
III.1.c. En definitiva, la compareciente incumple con la inexcusable carga de demostrar el vicio denunciado, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a esta Corte abordar la revisión de lo decidido en la instancia ordinaria, pues sólo se limita a plantear en forma subjetiva su objeción a la decisión de grado, lo que demuestra la manifiesta orfandad argumental de la impugnación.
III.2. Igualmente insuficiente es el reproche dirigido a cuestionar la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
III.2.a. Es doctrina de este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo es una cuestión privativa de los jueces de grado, no revisable en casación salvo absurdo (causas L. 110.773, "Asencio", sent. de 13-XI-2012; L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 119.327, "Ramírez", resol. de 22-XII-2015).
En ese sentido, cabe señalar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia del referido vicio en la labor axiológica de los jueces de grado cuando se pretende la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 107.425, "Agüero", sent. de 6-VI-2012 y L. 106.464, "Núñez", sent. de 24-X-2012).
III.2.b. Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin explicar de qué modo el a quo habría incurrido en las infracciones legales que se pretenden configuradas, toda vez que en la formulación del agravio la interesada se limita a enunciar en forma genérica errores interpretativos, soslayando hacer una crítica concreta, directa y precisa de la estructura esencial de la decisión (art. 279 y su doctrina, CPCC).
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008 y L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009).
III.3. Por otro lado, sabido es, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportados a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699 "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036 "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 120.184, "Laborda", resol. de 8-II-2017).
Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
III.4. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a los estipendios fijados por el a quo -que la recurrente considera elevados- pues sabido es que la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 117.483, "Riccele", resol. de 9-X-2013 y L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017).
Sumado a ello, la interesada omitió la indispensable denuncia de transgresión de la norma legal que se vincula con los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013; L. 115.729, "Altube", sent. de 5-VI-2013; L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013 y L. 120.936, "Alarcón", resol. de 13-XII-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria
Registrada bajo el n°10
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Fin de la sentencia