Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122227
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 122.227, "Chaparro, Mariano Francisco contra Caritas Argentina La Plata y otro/a. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 444/462).
Se dedujo, por el Arzobispado de La Plata, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 472/484).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Mariano Francisco Chaparro -y continuada por sus herederas (sus hijas Patricia Elena Chaparro, Mariana Chaparro, Carla Chaparro y Nadia María Chaparro; y su cónyuge Josefina Margarita Urquiza)- y, en consecuencia, condenó a "Caritas Argentina La Plata" y al Arzobispado de La Plata al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por despido, sustitutiva de preaviso, vacaciones proporcionales, diferencias salariales de agosto de 2011 a diciembre de 2013 -este rubro por mayoría-; así como también aquellas con sustento en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Desestimó, en cambio, los reclamos que procuraban el cobro de diferencias salariales devengadas por el período de julio de 1982 a julio de 2011 y por horas suplementarias de labor, así como de la indemnización prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 y la aplicación de la sanción por temeridad y malicia.
Para así decidir -en lo que interesa-, consideró acreditado que el actor se desempeñó bajo relación de dependencia de ambas codemandadas desde el 1 de julio de 1982, realizando tareas correspondientes a la categoría de "servicios y maestranzas" del Convenio Colectivo de Trabajo 462/06, en el Hogar "Nuestra Señora de la Esperanza" de la ciudad de La Plata (v. vered. primera y segunda cuestión, fs. 445/446).
A su vez, tuvo por probado que la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador ascendió a $7.517,15, mientras que la devengada -conforme antigüedad y categoría acreditadas- fue de $8.433,35 que, con la incidencia del SAC a los fines indemnizatorios, alcanzó $9.136,13 (v. vered. segunda y tercera cuestión, fs. 446 y vta.).
En lo específicamente relacionado con la configuración del despido, el sentenciante juzgó demostrado que el señor Chaparro intimó a las accionadas los días 3 y 5 de septiembre de 2013 y 4 de noviembre de 2013, para que aclararan su situación laboral, abonaran las diferencias salariales adeudadas y registraran en debida forma la relación, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido (v. vered. cuarta cuestión, fs. 447 y vta.).
Precisó que el distracto tuvo lugar el día 9 de diciembre de 2013, cuando el trabajador se colocó en situación de despido indirecto ante el silencio de las empleadoras frente a sus reclamos (v. vered., fs. cit.).
Sin embargo, ya en sentencia -luego de haber analizado el intercambio telegráfico cursado entre las partes-, señaló que "Caritas Argentina La Plata" había remitido un telegrama al actor, mediante el cual reconocía la antigüedad reclamada y comunicaba que abonaría las diferencias salariales, que no pudo ser entregado -pese a informarse sendas visitas los días 6 y 7 de diciembre de 2013- por causa "no responde", ello a pesar de haberlas enviado al domicilio del "Hogar" donde residía y desempeñaba sus labores, e incluso consignado por él en las primeras piezas postales que remitiera. No obstante, tuvo en cuenta que la parte actora acompañó una carta documento enviada por la misma codemandada -manifestando que reconsidere la situación ante la respuesta y total satisfacción de sus requerimientos efectuados con anterioridad- al domicilio mencionado anteriormente, con fecha 11 de diciembre de 2013, la cual sí recibió (v. sent., fs. 452 vta.).
Por esta razón, juzgó que -en el caso- el silencio denunciado no se había configurado, en tanto la primera misiva enviada por la accionada había entrado en la esfera de conocimiento del trabajador (v. fs. cit.).
Empero, atendiendo el extenso tiempo de la relación de trabajo entre las partes, valoró -a los fines de determinar la injuria- que, no sólo aquel reconocimiento efectuado había sido extemporáneo, sino que tampoco se acreditó el cumplimiento con lo allí dispuesto, por lo cual declaró que el despido indirecto dispuesto por el trabajador resultó justificado (v. sent., fs. 452 vta. y 453).
II. Contra dicho pronunciamiento, el Arzobispado de La Plata dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 33 inc. 3 y 146 inc. 3 del Código Civil -ley 340-; 146 inc. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 26, 242, 243, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 59 y 60 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, objeta la decisión de grado en tanto consideró acreditada la causal invocada por el trabajador para disolver el vínculo laboral con justa causa (v. fs. 478 vta. y 479).
En este orden, se agravia de la valoración del intercambio telegráfico efectuada por el sentenciante (v. fs. 479).
Aduce que, en el caso, quedó invalidado el silencio que se atribuía a su parte frente a las intimaciones cursadas por la actora para que regularizara su situación laboral y abonara las diferencias salariales adeudadas; ello, en el marco del paro de actividades efectuado por los trabajadores del correo (v. fs. cit.).
Manifiesta que esta última situación descalificó la pretendida justa causa invocada por el actor para sustentar su despido indirecto (v. fs. cit.).
Sostiene, que en virtud de lo establecido en los arts. 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal debió analizar estrictamente la causal de injuria alegada por el accionante (v. fs. 479 y vta.).
Destaca -a mayor abundamiento- que igualmente, en todo caso, el despido indirecto decidido por el señor Chaparro fue dispuesto con anterioridad al vencimiento de los treinta días requeridos desde la primitiva (y única) comunicación a la AFIP (v. fs. cit.).
II.2. Por otro lado, cuestiona que se admitiera el reclamo por el cobro de las diferencias salariales que no fueron alcanzadas por la prescripción (v. fs. 480).
Con apoyo en doctrina de esta Corte, afirma que dicha pretensión fue deducida en forma global sin individualizar las pautas mínimas para su estimación. Señala que este mismo razonamiento fue efectuado -también- por parte de uno de los magistrados del tribunal de grado, cuyo voto quedó en minoría (v. fs. 480 y vta.).
Aduce que cuando se reclaman diferencias salariales, no es suficiente que se practique una estimación global de lo reclamado sin determinar el origen del monto al que se llega, siendo inatendible la pretensión de trasladar al tribunal el deber que incumbe a la parte de acreditar la procedencia de los rubros reclamados, pues las facultades establecidas en el art. 12 de la ley 11.653, no implican suplir la inactividad o desidia de los litigantes (v. fs. 480 vta. y 481).
II.3. Por último, reprocha la declaración de rebeldía efectuada por el sentenciante de grado de la codemandada "Caritas de Argentina La Plata" (v. fs. 481).
En tal sentido, alega que mal pudo el juzgador condenar a esta última como si fuera una persona jurídica cuando -dice- resulta incorrecto calificarla como tal sin haber sido acreditada dicha circunstancia en debida forma (v. fs. cit.).
Explica que tal situación le causa agravio en tanto, a partir de la incorrecta declaración de rebeldía mencionada se tuvieron en cuenta determinadas presunciones que perjudicaron al Arzobispado (v. fs. 481 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. El embate dirigido a objetar la conclusión por la que se declaró justificado el autodespido, no prospera.
III.1.a. En lo que interesa, el órgano de grado tuvo por verificado que el señor Chaparro trabajó para las demandadas, desempeñando sus tareas en el Hogar de hombres "Nuestra Señora de la Esperanza", hasta el día 9 de diciembre de 2013, fecha en la que se consideró despedido con justa causa.
Para arribar a dicha conclusión, analizó el extenso intercambio postal habido entre las partes. Determinó que los días 3 de septiembre de 2013, 5 de septiembre de 2013 y 4 de noviembre de 2013, el trabajador intimó a sus empleadores para que registrasen en debida forma la relación laboral en cuanto a la fecha de ingreso -denunciando como tal al día 1 de julio de 1982- y le abonasen las diferencias salariales derivadas de la inferior remuneración percibida con relación a la establecida en el Convenio Colectivo 462/06; todo ello, bajo apercibimiento de considerarse despedido (v. vered. cuarta cuestión, fs. 447 y vta. y sent., fs. 452 y vta.).
A su vez, tuvo por probado que el día 9 de diciembre de 2013, el actor remitió dos cartas documentos a través del Correo Andreani -aclarando, que debido al paro de actividades de los trabajadores del Correo Argentino, le fue imposible enviar las comunicaciones a través de este último-, notificando a cada una de las codemandadas que, ante el silencio guardado por ellas a las cartulares anteriores, así como también el incumplimiento con la correcta registración solicitada y la falta de pago de las diferencias salariales devengadas, se consideraba injuriado y despedido, extinguiendo por esta razón la relación laboral en la mencionada fecha y solicitando además el pago de las indemnizaciones correspondientes, las multas, diferencias salariales y salarios caídos (v. vered. cuarta cuestión, fs. 447 vta. y sent., fs. 452 vta.).
Respecto de esta última misiva, el órgano de grado juzgó que había sido recibida por "Caritas Argentina La Plata", ello, atento a que en el presente proceso había sido declarado rebelde y además, dicha pieza fue acompañada como prueba por el Arzobispado de La Plata, lo que le permitió corroborar su autenticidad (v. fs. cit.).
Seguidamente, tuvo en cuenta que el día 12 de diciembre de 2013, el señor Chaparro reiteró mediante telegramas -enviados desde el Correo Argentino-, lo comunicado en las cartas documentos anteriores, ello, a pesar de que las primeras "llegaron a destino y surtieron sus efectos" (v. vered. cuarta cuestión, fs. 447 vta. y 448).
Por otro lado, juzgó acreditado que "Caritas de Argentina La Plata" le envió una pieza postal al actor el día 5 de diciembre de 2013, mediante la cual reconocía la antigüedad reclamada y se allanó a abonar las diferencias reclamadas en cuatro cuotas. Sostuvo -seguidamente- que si bien el trabajador desconoció expresamente el contenido, autenticidad, recepción o toma de conocimiento de dicho telegrama, el informe del Correo OCA permitió corroborar su autenticidad y estableció que el mismo "fue devuelto a su remitente ante la imposibilidad de ser entregado en destino por causa 'no responde'...". Señaló además, que el correo efectuó la primera visita el día 6 de diciembre y la segunda, al día siguiente, ambas al domicilio de diagonal 74 e/ 22 y 23 n° 1.367 de La Plata (v. vered. cuarta cuestión, fs. 448).
Posteriormente, tuvo en consideración que la parte actora había acompañado a fs. 28 una carta documento remitida a su parte por "Caritas Argentina La Plata", con fecha 11 de diciembre de 2013 -cuya autenticidad y fecha de recepción fueron probadas-, enviada al domicilio mencionado anteriormente, mediante la cual la empleadora comunicaba que "ya había dado respuesta y total satisfacción a los requerimientos efectuados con anterioridad a la remisión de la última misiva, motivo por el cual sostiene que la injuria ha desaparecido antes de considerarse despedido y lo invita a reconsiderar la situación..." (fs. cit.).
En ese orden, manifestó que el señor Chaparro contestó esta última el día 20 de diciembre de 2013, negando su contenido y ratificando sus misivas anteriores e intimando nuevamente a que se le abonen las indemnizaciones, diferencias salariales y se le entreguen los certificados de servicios y aportes (v. vered. cuarta cuestión, fs. 448 y vta.).
Sobre la base de tales premisas, ya en sentencia, consideró que -en el caso-, no se había configurado el silencio invocado por el accionante (v. sent., fs. 452 vta.). Ello, en tanto, juzgó que si bien la comunicación cursada por la empleadora los días 6 y 7 de diciembre de 2013 no había sido entregada al trabajador (por causa "no responde"), la misma fue remitida al domicilio del "Hogar" en el que trabajaba y residía, consignado por él en las primeras piezas postales que remitió (las de fechas 3 y 5 de septiembre de 2013), sin perjuicio de que luego consignó otro (en las misivas de los días 4 de noviembre de 2013 y posteriores), la carta documento acompañada por el trabajador a fs. 28, que fue enviada al primero de los domicilios mencionados y remitida con posterioridad a la pieza postal en cuestión (seis días exactamente), sí la recibió, por lo cual consideró que la misma entró en la esfera de conocimiento del actor (v. fs. cit.).
Sin embargo, destacó que no era posible omitir que el señor Chaparro había intimado a su empleadora para que registrara en debida forma la relación laboral no sólo el día 4 de noviembre de 2013, sino que también lo había hecho anteriormente los días 3 y 5 de septiembre, sin obtener respuesta alguna (v. fs. cit.).
En tales términos, consideró que la respuesta brindada por "Caritas Argentina La Plata" al trabajador, mediante la cual reconoció la antigüedad en las labores denunciada por éste, resultó ser extemporánea, a la vez que tampoco se acreditó que efectivamente diera cumplimiento con la debida y oportuna registración del contrato de trabajo, ni que hubiere abonado las diferencias salariales con los alcances del reconocimiento efectuado (v. vered. sexta cuestión y sent., fs. 451 vta./453).
Ante ese contexto, valoró que tales incumplimientos configuraron una injuria de gravedad suficiente para el trabajador y por lo tanto, el despido indirecto dispuesto por éste resultó justificado (v. sent., fs. 453).
III.1.b. Bajo tales lineamientos, la impugnación deducida resulta insuficiente para neutralizar lo resuelto.
III.1.b.i. Este Tribunal tiene dicho que tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado. El límite que reconoce esa facultad lo configura la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o en la afirmación y comprobación de que la conducta injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT y causas L. 104.785, "Albite", sent. de 5-VI-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 118.273, "Ruíz Díaz", sent. de 14-X-2015 y L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; e.o.).
Si bien es cierto que el recurrente alega la infracción al art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y la existencia de aquél vicio en la valoración de la prueba -ver fs. 481 vta. y 482-, no lo es menos que los argumentos que despliega carecen de idoneidad para modificar lo resuelto.
III.1.b.ii. En el caso, la crítica que ensaya el recurrente -prescindiendo controvertir las esenciales motivaciones en que el tribunal sustentó su decisión- se apoya concretamente en la inexistencia de silencio de su parte y en la valoración que debió hacer el juzgador respecto del despido indirecto. En los términos señalados, el embate no supera el registro de una mera discrepancia de opinión, en tanto no exterioriza más que la personal versión del interesado respecto de la interpretación de las circunstancias fácticas y probatorias colectadas en la causa, limitándose a exponer un criterio discordante al del juzgador respecto de la interpretación que debió efectuar en orden a la injuria grave que culminó con el despido indirecto dispuesto por el actor el día 9 de diciembre de 2013, técnica ésta que -reiteradamente se ha declarado- resulta impropia para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 105.326, "Dobler", sent. de 5-X-2011 y L. 119.194, "Ferreyra", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
Recuérdese que, para que se configure el señalado vicio no basta con que la conclusión expuesta por el judicante pueda resultar opinable, discutible o poco convincente. Se requiere algo más: una decisión que, desatendiendo el orden lógico formal de un razonamiento válido, conduzca a postulados insostenibles, o que exhiba conclusiones palmariamente inconciliables con el elenco circunstancial de la causa (causas L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 117.058, "Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.933, "Saenz", sent. de 5-X-2016).
III.1.c. Para más, lo agregado por el recurrente -a mayor abundamiento- en cuanto a que, en todo caso, el despido indirecto fue cursado antes de cumplirse los treinta días de la primitiva comunicación a la AFIP, constituye un planteo novedoso, que ha sido introducido por primera vez en esta instancia extraordinaria, y por ende extemporáneamente, por lo cual resulta improcedente para habilitar la vía recursiva (causas L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
III.2. Tampoco puede prosperar el cuestionamiento vinculado al progreso de las diferencias salariales adeudadas al trabajador correspondientes a la categoría 5°, "Servicios y maestranzas" del Convenio Colectivo de Trabajo 462/06.
III.2.a. Sobre el particular, es preciso destacar que, de conformidad con conocida doctrina de esta Corte, determinar si al trabajador -o a sus derechohabientes- les corresponde -o no- percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales, es función privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen -por referirse a una típica cuestión de hecho- no son revisables en casación, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 89.902, "Ballina", sent. de 20-VIII-2008 y L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010).
III.2.b. Al respecto, el órgano de grado estableció -por mayoría- que al actor le correspondían percibir aquellas diferencias salariales reclamadas, devengadas y, no prescriptas -conforme las escalas salariales vigentes en los distintos períodos correspondientes a la categoría que se tuvo por acreditada-, teniendo en cuenta el reconocimiento efectuado por la demandada en el telegrama de fs. 85 y las remuneraciones que surgían de la certificación de servicios y remuneraciones para los meses de agosto 2011 a diciembre del mismo año; y para el período de enero de 2012 a diciembre de 2013, las informadas por la perito contadora a fs. 289, lo cual totalizaba la suma $45.863,22.
III.2.c. Tal conclusión, como adelanté, tampoco logra ser descalificada por el interesado.
III.2.c.i. Ello pues, innovando sobre su posición inicial -ver fs. 139-, vinculada -ahora- al modo en que fue formulado el reclamo por la parte actora, el impugnante siquiera intenta descalificar el análisis que c
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