Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121256
En la ciudad de La Plata, a 4 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.256, "Juárez, Pedro Alejandro contra Goicoechea, Marcos Aníbal y otro/a. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada por los rubros que prosperaron y a los actores por aquellos que fueran desestimados (v. fs. 346/365).
Se interpuso, por éstos últimos, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 379/404).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda que los señores Pablo Alejandro Juárez, Daniel Enrique Ruíz y Enrique Ceferino Fredes promovieron contra los señores Marcos Aníbal Goicoechea y José Félix Luna, mediante la cual les habían reclamado el pago de diferencias salariales, las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y las emergentes de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 346/365).
Para así decidir apreció en conciencia la prueba producida (especialmente la testimonial, informativa, peritaje contable y documental acompañada) y los escritos constitutivos de la litis , y juzgó que los actores habían logrado demostrar la vinculación contractual que invocaron haber mantenido con el demandado Marcos Aníbal Goicoechea, como así también, que la carpintería donde prestaban servicios cerró a fines del año 2012, por una semana aproximadamente, y que al reabrir sus puertas continuaron trabajando -hasta la finalización de la relación laboral- bajo la dependencia de un nuevo empleador, el señor José Félix Luna (v. fs. 346/349).
Luego, valoró el intercambio telegráfico cursado entre las partes y concluyó que no surgía probado el modo de extinción de la relación laboral de los accionantes con su último empleador. Tampoco la recepción de las misivas dirigidas a Goicoechea y que fueran desconocidas por éste (v. fs. 349 vta. y 350).
Por otra parte, tampoco halló acreditado que los dependientes hubieran intimado a Luna por el pago de las indemnizaciones legales motivadas en la extinción del contrato de trabajo, ni a la entrega de la documentación prevista en el art. 80 de la ley 20.744. En cambio, tuvo por acreditado que, estando vigente la relación laboral, emplazaron a este último para que en el plazo de treinta días registrase correctamente la misma, denunciaron el lugar de trabajo, antigüedad en el empleo bajo las órdenes de Goicoechea, la jornada que cumplían y sus remuneraciones; no así las respectivas fechas de ingreso (v. fs. 350 vta. y 351).
En la sentencia, determinó que en autos se produjo una transferencia del establecimiento, sector carpintería de la firma "Katúa", de Goicoechea en favor de Luna, en los términos del art. 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, pasando a ser éste último el empleador de los promotores del pleito hasta la finalización de sus respectivos contratos de trabajo (v. fs. 353 vta./354 vta.).
Con relación a la extinción del vínculo, sostuvo el a quo que, de conformidad con lo establecido en la tercera cuestión del veredicto, no se había demostrado la recepción de las misivas remitidas a Goicoechea y, respecto de las enviadas a Luna, había quedado reconocido en las mismas que los accionantes tenían noción cabal de la transferencia del establecimiento producida a su favor (v. fs. 355).
No obstante, indicó, en los términos de la intimación referida, los actores -ante la negativa de la relación laboral y desconocimiento de la transferencia por parte de este último en su carta documento- enviaron nuevos telegramas comunicando la extinción del contrato de trabajo con el empleador Goicoechea, notificándole a Luna que podría ser demandado como adquirente del establecimiento por resultar responsable solidario (v. fs. cit.).
En tales condiciones, y toda vez que resultaba contradictorio el intercambio epistolar habido entre Luna y los demandantes (en tantoéstos primero lo intimaron como empleador, para luego comunicarle la extinción del contrato de trabajo con Goicoechea), concluyó que no se había alegado, ni mucho menos probado, el modo de extinción del vínculo laboral (v. fs. 355).
En suma, rechazó -en lo sustancial- la acción incoada por Pedro Alejandro Juárez, Daniel Enrique Ruiz y Enrique Ceferino Fredes, en cuanto procuraban el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, así como las penalidades previstas por los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323. Es que, explicó el juzgador, habiéndose configurado en la especie la transferencia del establecimiento dondeéstos prestaban servicios, los señores Goicoechea (transmitente) y Luna (adquirente) sólo podían resultar responsables solidarios respecto de los créditos anteriores al traspaso, pero no respecto de los indemnizatorios, de los cuales sería responsable el último empleador -en este caso, Luna- para quien los actores continuaron trabajando. Sucede que, añadió, no se probó que el vínculo laboral se hubiera finiquitado con éste, desde que se limitaron a comunicarle una extinción que habría operado con Goicoechea, quien ya no era su patrón y, además, de todas maneras, no se había acreditado la recepción de las misivas a él dirigidas (v. fs. 355 vta. y 362 vta.).
También desestimó la pretensión vinculada al pago de diferencias salariales adeudadas, por no haber especificado los actores en la demanda, el período por el cual reclamaron, ni el monto, como así tampoco discriminaron mes a mes cuál era la remuneración que cobraban y cuál la que debían percibir (v. fs. 356 vta., 357 vta. y 358 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento los legitimados activos interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian la violación de los arts. 15 y 171 de la Constitución provincial; 726 del Código Civil y Comercial de la Nación; 505 del Código Civil (ley 340); 8, 9, 11, 12, 23, 55, 57, 62, 63, 80, 225, 226, 228, 231, 232, 242, 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8, 11 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial; 37, 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En primer término alegan que es absurda la decisión de grado que tuvo por no acreditada la extinción del vínculo laboral con el demandado Goicoechea por las causales invocadas en las comunicaciones telegráficas que le fueran remitidas.
Argumentan que, en su escrito de responde, éste no desconoció ni negó la recepción de los telegramas; como así tampoco las constancias de seguimiento del envío de tales despachos telegráficos que lucen adjuntadas a la causa, sumado al hecho de que la autenticidad de estos documentos se encuentra verificada con el informe elaborado por el Correo Argentino.
Sostiene que una correcta interpretación de los hechos y las pruebas hubiera conducido al tribunal de origen a tener por probada la recepción de las comunicaciones cursadas por los actores a Goicoechea y, por su conducto, la forma de extinción de la relación laboral y la plena operatividad de lo normado por el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este último aspecto, señala que las intimaciones despachadas a su domicilio han producido plenos efectos jurídicos al ingresar a su esfera de conocimiento, tornándose operativa la presunción iuris tantum contenida en el citado precepto legal en favor de las afirmaciones que allí plasmaron los trabajadores, que se traduce en la inversión de la carga de la prueba.
Cuestionan también que el tribunal de grado considerase abstracto el tratamiento de la cuestión referida a las comunicaciones que los promotores del pleito enviaron a Goicoechea, cuya eficacia, autenticidad y recepción fuera sostenida en el primer agravio, toda vez que, afirman, fue correcta la forma en que se operó el distracto con quien legalmente era su empleador al tiempo que se sucedieron los hechos que motivaron la denuncia del contrato de trabajo.
Refieren que el abordaje de dicha circunstancia no pudo ser soslayado por el juzgador considerando los términos en que fue planteada la demanda, el contexto fáctico y probatorio en el que Luna se presentó como nuevo empleador, y el modo en que, basados en tales presupuestos fácticos, los trabajadores decidieron darse por despedidos.
Aducen que en el veredicto quedó demostrado que Goicoechea era quien poseía la titularidad y, en los hechos, explotaba el establecimiento "Katúa" y el sector carpintería, por lo que resultó plenamente válida y correctamente dirigida la intimación y el consecuente despido indirecto en el que se colocaron Juárez, Ruiz y Fredes, bastando la comunicación simultánea que se llevó a cabo en relación al tercero -Luna- para ser alcanzado éste por la solidaridad del art. 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por ende, concluyen, no resultó en modo alguno contradictorio el intercambio telegráfico habido, ya que la intimación remitida se ajustó a los hechos, siendo por ende absurda la definición del a quo que rechazó la demanda, porque los accionantes no tenían conocimiento del supuesto negocio que vinculaba a Goicoechea y Luna, quienes resultaban solidariamente responsables por el pago de la totalidad de los rubros reclamados.
Objetan también el rechazo de la indemnización prevista por el art. 8 de la ley 24.013.
Sobre el particular, destacan que el a quo desestimó dicha pretensión por considerar que no habían invocado la fecha de ingreso y por intimar -además- a Luna para que registre la relación laboral denunciando como empleador a Goicoechea.
Expresan que de las misivas obrantes en autos surge que, si bien no se especificó expresamente el día y mes en que se dio inicio a cada uno de los contratos de trabajo, ello se podía determinar con claridad si se hubiera tomado en consideración la fecha en que los telegramas fueron remitidos (esto es, el día 15 de octubre de 2012) y el período que cada actor invocó trabajado.
En cuanto a la denuncia de Goicoechea como empleador asevera ello fue correcto, ya que era la persona para la cual prestaron servicios, ajustándose así a lo normado por el art. 11 de la ley 24.013.
Controvierten también que en la instancia de grado se declarara improcedente el reclamo vinculado a las diferencias salariales adeudadas, pues, de conformidad con las conclusiones plasmadas por el perito contador en su informe, Juárez, Ruiz y Fredes, resultaban acreedores de las sumas de $59.404,54, $64.604,54 y $38.604,54, respectivamente; importeséstos que -añadieron- surgen de comparar las remuneraciones percibidas en los últimos dos años de la relación laboral y las que le hubieran correspondido cobrar en ese mismo período según la escala salarial vigente para la categoría laboral -personal auxiliar "b" (art. 8, CCT 130/75)- en la que se encuadraba su actividad.
Critican al fallo en cuanto no hizo lugar al cobro de la indemnización contemplada por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto -según alegan- cumplieron con todos los requisitos que dicha normativa contempla para obtener el pago de la misma.
Finalmente, denuncian vulnerados los arts. 505 del Código Civil (ley 340) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el tribunal de origen practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes excediendo el límite allí impuesto, esto es, el 25% del monto de condena; transgrediendo de tal modo la doctrina de este Tribunal que emana de las causas L. 75.196, "Santillán", sentencia de 12-III-2003 y L. 91.430, "Gasperi", sentencia de 12-X-2011.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe advertir que, encontrándose notificada (v. constancia de fs. 405 vta.) y consentida -ante la falta de impugnación- por los interesados la resolución del tribunal de trabajo en virtud de la cual se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 de la ley 11.653 (v. fs. 405 y vta.), la competencia funcional revisora de esta Corte ha de ser ejercida con aquella restricción.
III.2. En ese contexto entonces, la admisibilidad del recurso interpuesto sólo podrá justificarse en la hipótesis excepcional que prevé el precepto procesal citado, cuyo supuesto habilitante se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
III.2.a. Reducido de tal modo el marco de análisis del embate traído, los planteos que despliegan los interesados con la finalidad de desvirtuar lo resuelto por el a quo devienen inatendibles.
III.2.a.i. Es que los fundamentos de la decisión objetada, como los argumentos que nutren la impugnación del presente caso, arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo -y análisis- resulta ajeno al ámbito de la casación por la vía transitada.
En tal sentido, reiteradamente se ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, cuando -mediante la denuncia de violación de doctrina legal- se traen a consideración de esta Suprema Corte aspectos de índole fáctica, probatoria o meramente circunstancial, ajenos a este acotado margen de revisión, como lo son -por ejemplo- aquellos vinculados a la interpretación del intercambio telegráfico y de los escritos constitutivos del proceso, como así también valorar las pruebas producidas y determinar la forma en que se produjo la extinción del contrato de trabajo (causas L. 91.267, "Pineda", sent. de 20-VIII-2008; L. 90.775, "Catalán", sent. de 10-XII-2008; L. 90.717, "Barrera", sent. de 6-V-2009; L. 89.315, "Aguilera", sent. de 25-XI-2009; L. 91.261, "Stieben", sent. de 10-II-2010; L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; e.o.); también las referidas a la demostración de las diferencias salariales requeridas (causas L. 118.321, "Costa", resol. de 25-II-2015 y L. 118.905, "Contreras", resol. de 7-X-2015).
A lo dicho cabe agregar que tampoco permite subsumir el caso en la mentada hipótesis de excepción, la denuncia de violación de la doctrina que se refiere al vicio de absurdo (causas L. 113.266, "Fernández", resol. de 28-XII-2010 y L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; e.o.); la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni la cita de la opinión vertida por distintos autores en la materia, en tanto no conforman el concepto de "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.679, "Gardú", resol. de 8-VII-2015 y L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
III.2.a.ii. En suma, los cuestionamientos que proponen los comparecientes en esta parcela de la queja, con sustento en su subjetiva opinión y acompañados de la denuncia de absurdo, orientados a refutar la definición de grado que juzgó no acreditado el modo de extinción del vínculo laboral con el empleador Luna, imponen necesariamente -reitero- renovar el análisis de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cometido ajeno al ámbito de la casación por la acotada vía de excepción por la que transita el recurso.
III.2.b. Igualmente inadmisible se presenta la objeción a lo decidido en la instancia de grado respecto del rechazo de la indemnización prevista por el art. 8 de la ley 24.013, pues las doctrinas que se invocan transgredidas no resultan aptas para fundar el recurso, ya que han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 109.862, "Vallejos", sent. de 26-IX-2012 y L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
III.2.c. En lo que concierne a la crítica por la desestimación del resarcimiento contemplado por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta claro que no se verifica la excepción prevista en la ley adjetiva local, toda vez que carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 119.708, "Acevedo", sent. de 5-IV-2017 y L. 120.113, "Leguizamón", sent. de 3-V-2018; e.o.).
III.2.d. Finalmente, considero que no le asiste razón a los agraviados cuando denuncian que el tribunal de origen al practicar las regulaciones de los honorarios profesionales se apartó de la doctrina legal que emerge de las causas L. 75.196 y L. 91.430, citadas.
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende del precedente L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), que fuera reiterada en otros pronunciamientos posteriores, indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ. -ley 340-) no resulta una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas), a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Así, si lo que se instruye con ella es que no se fija una limitación a la regulación de honorarios según la ley local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite, como sugiere el recurrente. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
En consecuencia, en tanto no se haga un reclamo por el pago total de las costas no habrá violación de esa doctrina legal ni habrá razón para modificar el pronunciamiento.
IV. Por todo lo expuesto, en mi opinión, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Con excepción de lo manifestado en el punto III.2.d., adhiero al voto del doctor de Lázzari.
En efecto, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77), considero que acierta el recurrente en cuanto aduce transgredida la doctrina legal de esta Suprema Corte (art. 279, CPCC).
Con relación al tema de la responsabilidad por el pago de las costas procesales, remito a los términos de la adhesión que efectuara al votar -entre muchas otras- en las causas L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010); L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015) y L. 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016), a las que remito en honor a la brevedad.
Sólo me permito traer lo expresado por el Alt
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.