Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.944, "Macuso, Carlos Eduardo contra Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó en todas sus partes la demanda iniciada, imponiendo las costas al accionante vencido (v. fs. 341/355 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 376/392 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó en todas sus partes la acción promovida por el señor Carlos Eduardo Macuso contra Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto pretendía el cobro de diferencias indemnizatorias, restitución del monto retenido en concepto de impuesto a las ganancias, multa del artículo 2 de la ley 25.323 y daño moral por mobbing (v. fs. 355 y vta.).
Para arribar a tal conclusión, juzgó que no resultaban materia de controversia la vinculación laboral, la fecha de ingreso (1 de febrero de 1994), la categoría del actor (Subgerente del Sistema Asistencial), su condición de trabajador no convencionado y que el despido directo se había producido sin invocación de causa el día 30 de julio de 2012 (v. vered., fs. 342).
Luego, por conducto de una evaluación integral de los elementos probatorios obrantes en autos, juzgó no configurados los presupuestos fáctico-jurídicos en que el compareciente había fundado su acción (v. sent., fs. 353 vta. in fine y 354).
En cambio, tuvo por probado que el reclamante había percibido en concepto de indemnización por despido arbitrario la suma de $486.304,57, liquidada por la accionada conforme el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Vizzotti" y doctrina legal de esta Corte que cita (causas L. 98.694, "Arzich", sent. de 14-VI-2010 y L. 99.758, "Martín", sent. de 14-IX-2011), razón por la cual rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo atinente al daño moral que pretendió haber sufrido el actor, declaró el sentenciante que "no se acreditó en el fallo de los hechos que el principal le imputara al trabajador una conducta que exceda la del mero incumplimiento laboral, así como tampoco que a partir del cambio de Directorio de CASA -junio de 2010- le exigiera el cumplimiento de tareas de la Gerencia General, en detrimento de sus funciones, que se le infligiera un trato hostil, de manera sistemática, destruyendo su reputación profesional, ejerciendo maltrato y abuso a fin de que abandone su trabajo o lo hostigara con comentarios a viva voz" (sent., fs. 352 vta. in fine y 353). Con base en ello, juzgó no probada la existencia del mobbing patronal descendente invocado por el reclamante y -consecuentemente- el pretendido daño moral.
Afirmó también que correspondía, en la especie, apartarse del informe pericial psicológico (que le había reconocido al actor un 30% de incapacidad por cuadro depresivo), toda vez que no se había reclamado en autos resarcimiento por incapacidad laboral, sino por el daño que el accionante atribuyó al despido y al supuesto trato hostil del empleador, extremos que juzgó no acreditados en autos (v. sent., fs. 353).
II. Contra la decisión de mérito, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 33, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11, 12 inc. 3, 36 inc. 8, 38 y 39 de la Constitución provincial; 9, 10, 11, 13, 16, 17, 37, 63, 65, 68 y 245 de la ley 20.744; 1, 2 y 7 del Código Civil y Comercial; 2 de la ley 25.323; 1 y 2 de la ley 23.592; 15, 26 inc. "g", 29, 37, 39, 40, 41, 44 incs. "d", "e" y "f", 47, 48, 63 de la ley 11.653; 163 incs. 3, 4, 5, 6, 384, 385, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 8, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4 de la ley 14.250; 4 del Convenio Colectivo de Trabajo 160/65. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita (v. fs. 376/392 vta.).
Ensaya los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar cuestiona la sentencia de grado por carecer -en su criterio- de adecuada fundamentación y por incurrir en violación del derecho de defensa y en parcialidad. Respalda tal afirmación en que el a quo no proveyó a lo largo del proceso las pruebas ofrecidas por la parte actora en tiempo y forma, y en que, al momento de valorar las producidas, no lo hizo en favor del trabajador.
Puntualmente, cuestiona la decisión en crisis por haberse apartado de la pericia psicológica de fs. 315/316 vta., de la cual surge con nitidez -a criterio del compareciente- que el estrés que padece el actor -que lo incapacita en un 30%- obedeció al mobbing patronal del que fue víctima.
También cuestiona por absurda, la apreciación de la prueba testimonial efectuada por los magistrados de origen. Refiere, específicamente, el caso del testigo Roberto Pérez, quien en la audiencia de vista de la causa efectuó un relato pormenorizado de la mala relación laboral que existía entre los integrantes de la Comisión política y el actor, testimonio que no fue considerado por el a quo al momento de emitir su fallo.
Agrega que el juzgador pasó por alto el disvalioso comportamiento procesal asumido por la accionada a lo largo del trámite judicial (no entregó al perito contador los documentos solicitados, ni acompañó las actas que le fueron judicialmente requeridas) por lo cual debió aplicarse la presunción iuris tantum del artículo 39 y colocar la carga de la prueba en su cabeza.
Añade que el a quo podría haber subsanado ese error aplicando la teoría de la carga dinámica de la prueba y atribuyendo a la accionada el deber de acreditar que no realizó mobbing acompañando las actas y expedientes denunciados por su parte y ello no ocurrió (v. rec., fs. 357 vta.).
II.2. Por otro lado, aduce que la Provincia de Buenos Aires en su actual organización judicial respecto a los tribunales laborales, viola flagrantemente la normado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -y demás instrumentos internacionales que menciona con jerarquía supra legal- por no prever la doble instancia en materia laboral.
II.3. Asimismo, con denuncia de absurdo, se agravia de la sentencia de grado, en cuanto aplicó el tope indemnizatorio previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo a la indemnización por despido abonada al dependiente, si bien bajo las pautas que emanan del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Vizzotti" y doctrina legal de esta Corte (causas L. 98.694, "Arzich", sent. de 14-VI-2010 y L. 99.758, "Martín", sent. de 14-IX-2011).
Aduce en este sentido, que el actor ostentaba un cargo administrativo gerencial, por lo cual no se encontraba comprendido en el convenio de UTEDyC; constituyendo un absurdo jurídico la aplicación del tope indemnizatorio a un trabajador no incluido en la norma colectiva citada. Añade que, por imperativo legal, no corresponde su aplicación analógica o extensiva (art. 16, LCT).
Manifiesta que el tribunal no tuvo en cuenta que en lo concerniente a la aplicabilidad del tope indemnizatorio previsto en el artículo 245 de Ley de Contrato de Trabajo al personal no convencionado corresponde expedirse a favor de su inconstitucionalidad, cuando la aplicación de dicho límite implica la pulverización del real significado económico del crédito en cuestión; resultando, en principio, insatisfactorio y poco equitativo remitir a niveles totalmente disímiles de ingresos que importan una seria desigualdad y perjuicio para aquel dependiente que no está inserto en una estructura colectiva salarial, por tratarse de personal jerarquizado.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Por razones metodológicas, he de alterar el orden de tratamiento de los agravios ensayados, principiando por la crítica dirigida a impugnar la inexistencia de doble instancia judicial prevista en el art. 8 inc. 2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, anticipando -desde ya- su rechazo. Esta Corte ha señalado reiteradamente que la mencionada garantía está establecida como tal -exclusivamente- para el proceso penal (causas L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011 y L. 117.500, "Hipensa", sent. de 21-X-2015), con lo cual no se encuentra en pugna con los derechos reconocidos en la norma internacional citada, desde que no impide al litigante ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido legalmente con anterioridad (causas Ac. 62.178, "García", resol. de 27-II-1996; Ac. 93.314, "Aveiro", resol. de 15-III-2006 y L. 110.871, "Rossanigo", resol. de 7-VII-2010). Por todo lo expuesto -sin perjuicio del dictado de la ley provincial 15.057 (B.O. de 27-XI-18) que aún no ha entrado en vigencia en orden a este punto (v. arts. 92 y 104)- corresponde desechar el agravio en tratamiento.
III.2. La crítica por conducto de la cual el recurrente impugna las supuestas irregularidades procesales en las que -en su criterio- habría incurrido el tribunal de grado relativas a los actos de la comisión CASA, es inatendible. Es doctrina de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluídas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causa L. 119.984, "Miranda", sent. de 07-IX-2016).
III.3. En lo atinente al cuestionamiento direccionado a descalificar la labor axiológica realizada por los jueces de grado -esto es, inadecuada fundamentación del fallo, omisa consideración de la prueba pericial psicológica, de la que surgiría que el actor es portador de una incapacidad derivada del mobbing patronal- no es de recibo, atento su marcada insuficiencia técnica.
Idéntica solución adversa, he de propiciar respecto de la crítica por la que cuestiona la valoración de la prueba testimonial efectuada en la instancia de mérito.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que la apreciación del material probatorio -como el reconocimiento y resarcimiento del daño moral pretendido en autos- dependen en principio- del arbitrio judicial, siendo su apreciación una típica cuestión de hecho que, como tal, está exenta de censura en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 105.726, "Mac Garrell", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.772, "Ávila", sent. de 21-VIII-2013 y L. 109.020, "Brandan", sent. de 4-VI-2014; e.o.), vicio que no logra acreditar el compareciente.
En efecto, el recurrente -desentendiéndose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujeron a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna- intenta efectuar un nuevo análisis del material probatorio según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que se ha juzgado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 87.490, "Olivero", sent. de 5-XII-2007; L. 90.647, "Paredes", sent. de 13-VIII-2008; L. 94.304, "Villarreal", sent. de 22-X-2008; L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011 y L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013).
En este sentido, las disquisiciones que ensaya en su réplica lucen inhábiles para neutralizar la afirmación que llevó al tribunal a desplazar el informe pericial psicológico, consistente -en lo medular- en no haberse reclamado en autos incapacidad laboral alguna (v. sent., fs. 353).
El compareciente, lejos de concretar un ataque frontal y eficaz, se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, partiendo de una disímil apreciación de los hechos y de los elementos de juicio ponderados en el fallo, sin lograr desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el juzgador en uso de potestades privativas.
Cabe además precisar -con relación al cuestionamiento dirigido a controvertir la ponderación de la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa- que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011; L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013 y L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015), con lo cual -como anticipé- la réplica que ensaya en este aspecto también debe ser descartada.
En esta misma línea, cabe rechazar atento su marcada insuficiencia técnica el lacónico cuestionamiento fincado en que el tribunal de grado "podría" haber aplicado en el caso, el principio de las cargas dinámicas de la prueba, como así también la presunción iuris tantum del artículo 39 de la ley ritual del fuero. Ello así, toda vez que la simple contraposición de criterios -tal como lo hace el recurrente también en este tramo del recurso- no satisface la gravosa carga que importa la demostración del vicio de absurdo (causa L. 103.429, "Iturbe", sent. de 17-XI-2010).
En definitiva, las argumentaciones traídas por el compareciente, transitan por carriles que ignoran el razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las esenciales motivaciones expresadas en el decisorio. Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016).
III.4. Distinta solución propongo respecto de la aplicación del tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En la especie, el tribunal de origen concluyó que la indemnización abonada al actor por la extinción del contrato de trabajo representó el 67% de la liquidación calculada sin el límite previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 160/75 que rige la actividad de asociación profesional demandada.
Con cita de precedentes de este Tribunal y lo resuelto por la Corte Federal en el conocido caso "Vizzoti" concluyó que en el caso la validez constitucional del precepto señalado no se hallaba comprometida y rechazó la pretensión de cobro deducida al demandar.
La decisión así adoptada se ajusta a los lineamientos de la doctrina legal sentada por esta Corte en los antecedentes L. 79.366, "Bravo Elizondo" (sent. de 28-VI-2006); L. 80.233, "Elizalde" (sent. de 11-IV-2007); L. 90.473, "Dolcini" (sent. de 23-IV-2008); L. 93.367, "Pascualino" (sent. de 10-IX-2008); L. 90.782, "Pérez" (sent. de 10-XII-2008) y L. 85.325, "Ricco" (sent. de 17-XII-2008) -entre muchas- siendo ello suficiente para desestimar el agravio traído por la parte actora (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC)
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia