Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123523
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 11 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción deducida por Francisco Omar Ortelli y Lorena Soledad Vélez contra Unitar S.A., y en consecuencia, la condenó a abonar a los actores las sumas que indicó en concepto de diversos rubros salariales derivados de los despidos. Por contrario, desestimó en forma íntegra la demanda incoada contra Famega S.A. (v. fs. 415/441).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, por ser materia de agravio, concluyó que los accionantes no pudieron acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de la acción, cual es la prestación de servicios en relación de dependencia laboral respecto de la codemandada Famega S.A.
II. Contra lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 448/451 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 455.
En su presentación se agravian de que no se hayan tenido por acreditados los lazos laborales invocados. En ese sentido, afirman que el fallo atacado incurre en franca contradicción con la doctrina legal que citan referente a la carga de la prueba, y al art. 36 de de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que esta Corte tiene dicho que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015), vicio que los interesados omitieron denunciar, sin que tal falencia pueda ser oficiosamente enmendada por esta Corte (causas L. 100.286 "Pusterla", sent. de 26-V-2010 y L. 115.278 "Rodríguez", sent. de 15-VII-2015).
III.2. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que el recurso transita sobre meras apreciaciones personales de los impugnantes, pues se han limitado a contraponer a la valoración de la prueba que ha realizado el juzgador de grado, una argumentación basada exclusivamente en su propio criterio, insuficiente -por lo tanto- para determinar la apertura de la instancia extraordinaria (causa L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013).
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
Además, dable es recordar, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causa L. 105.699, "Hiller S.A.", sent. de 28-VIII-2013; e.o.) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
III.3. Por otro lado, tampoco es atendible el planteo mediante el cual se atribuye al sentenciante el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, la parte interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. Finalmente, no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos y jurídicos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°122
mlp
Fin de la sentencia