Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 15 de abril de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
Para así decidir, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, tuvo por no acreditado que los servicios prestados por el actor en favor de los codemandados hayan sido en una relación de linaje laboral.
II. Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 270/294 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 296/297.
En su presentación, el impugnante denuncia absurdo y la violación a la ley y la doctrina legal que cita. Reputa conculcada la presunción que emana de los artículos 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, el art. 4 inc. "h" de la ley 24.653 y el principio de congruencia. Por otro lado, se agravia de la alteración de las reglas que rigen la carga de la prueba.
En lo esencial, objeta la conclusión del tribunal por conducto de la cual juzgó no verificada en el caso la existencia de la relación laboral indicada en el escrito de inicio. En ese sentido, cuestiona la ponderación de la prueba, en particular las declaraciones de los testigos.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Tiene dicho esta Suprema Corte, que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión de hecho reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados de origen; ello así, salvo que se alegue idóneamente y se demuestre que el tribunal de grado, para llegar a su conclusión, ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 114.227, "Bossio", resol. de 7-XII-2011; L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 121.071, "Yughos", resol. de 30-V-2018).
Asimismo, en lo que respecta específicamente a supuestos como el debatido en la especie, es doctrina de este Tribunal que, para calificar la situación jurídica del fletero, deben tenerse principalmente en cuenta las concretas modalidades derivadas de los elementos de hecho que en cada caso concurren, y que la valoración de tales diferencias y características se encuentra reservada a los jueces de la causa, salvo absurdo (causas L. 90.645, "Del Port", sent. de 3-V-2006; L. 94.975, "Sassani", sent. de 24-VI-2009; L. 113.608, "Reyna", resol. de 30-III-2011 y L. 118.838, "Ojeda", resol. de 7-X-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 123.110, "Sánchez", resol. de 11-IX-2019), pues no constituye el mentado yerro sentencial cualquier error, o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico de envergadura, o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII- 2014 y L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018).
III.2. En ese orden, el sentenciante de grado consideró no acreditado el vínculo laboral descripto en el escrito de demanda, es decir, tuvo por no probado que el actor en la fecha alegada haya ingresado a trabajar para los demandados en relación de dependencia, ni que cumpliera el horario de labor y realizará las tareas que denunció en su escrito de inicio, tampoco que percibiera mensualmente un salario. Por el contrario, de acuerdo -esencialmente- a los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa, concluyó que el vínculo que unía a las partes lo fue de tipo comercial, en tanto en el desempeño de sus labores como transportista independiente, el accionante ejercía, en su relación con los demandados, la facultad de organización y dirección, con postestad para modificar las formas y las modalidades de trabajo.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por el recurrente, que si bien invoca absurdo, en su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010 y L. 122.275, "Sosa", resol. de 5-VI-2019).
En efecto, con el propósito de poner en evidencia cómo habría quedado probada la relación de dependencia, se limita a efectuar una personal y diferente valoración de las declaraciones testimoniales y de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al juzgador las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009; L. 113.537, "Alegre de González", resol. de 11-V-2011; L. 118.107, "Martínez", resol. de 8-IV-2015 y L. 122.638, "Rivero", resol. de 14-VIII-2019).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 101.038, "Riera", sent. de 10-XI-2010 y L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
Especialmente, en lo que atañe a la interpretación de las declaraciones testimoniales, reiteradamente ha dicho esta Corte que, en el proceso laboral, su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia" tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.741, "Corbalán", resol. de 2-XI-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012 y L. 121.392, "Vega", resol. de 11-VII-2018), que el impugnante, como se dijo, no logra demostrar.
III.4. Por otro lado, no se advierte la errónea inversión de la carga probatoria que se denuncia en el recurso.
Ello así, toda vez que este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 100.356, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016 y L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.5. Tampoco prospera el argumento afincado en la violación del principio de congruencia.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-II-2007; L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009 y L. 121.071, cit.). Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del interesado con la solución adoptada.
III.6. Finalmente, el reproche formulado respecto a la imposición de las costas del proceso, resulta manifiestamente insuficiente, pues se limita el recurrente a objetar la decisión de grado sin precisar en qué consistirían los errores del fallo ni, mucho menos, identificar las normas que habrían sido violadas, dejando insatisfecha la exigencia básica prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.692, "Agüero", resol. de 15-VIII-2012; L. 120.837, "Rubén", resol. de 6-II-2017 y L. 121.114, "Guiñazu", resol. de 11-IV-2018).
De todos modos, cabe recordar, que en reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que la distribución e imposición de las costas, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal del trabajo y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo, vicio que se configura si se invoca -y demuestra- una burda o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 103.678, "Boulanger", sent. de 29-VI-2011; L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 97.665, "Fernández Pozzo", sent. de 12-XII-2007), extremos que no se verifican en la especie, desde que -como se anticipó- el interesado -a través de su genérica denuncia- no pasa de exteriorizar una mera disconformidad en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria
Fin de la sentencia