Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123862
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 15 de abril de 2020.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda promovida por Reinaldo Darío Leonardo Ramírez contra Tlanti S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 629/636 vta.).
Para así decidir, consideró que la parte actora no logró acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la prestación de servicios bajo relación de dependencia respecto de la sociedad accionada.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 647/656), concedido por el a quo a fs. 661/662.
En su impugnación denuncia absurdo en la apreciación de las pruebas y errónea interpretación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, impugna la imposición de costas a su parte siendo, a su entender, inaplicable en el caso la teoría general de la derrota.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Liminarmente, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, el impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la no acreditación de una vinculación laboral dependiente del actor en favor de la sociedad accionada, desde que se probó con mayor certeza lo alegado por la demandada que lo pretendido por el accionante, quien se limitó a reposar en el valor presuncional del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin aportar elementos a la causa que hubieran -siquiera mínimamente- intentado demostrar algunas de las afirmaciones efectuadas en el escrito de demanda.
III.2. Por otro lado, no se advierte la errónea inversión de la carga probatoria que se denuncia en el recurso. Ello así, toda vez que este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 100.356, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013 y L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.3. Finalmente, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.118, "Giménez", resol. de 6-III-2015).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
Analia S. Di Tommaso
Fin de la sentencia