Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 15 de abril de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón rechazó íntegramente la acción promovida por Eugenia del Carmen Ahumada contra Rito Deolindo Acosta mediante la cual procuraba el cobro de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 127/134 vta.).
Para así decidir, analizando en conciencia las declaraciones testimoniales, tuvo por no acreditada la existencia de la relación laboral invocada como sustento de la pretensión.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14-V-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 140 y vta.
En su escrito recursivo relata los antecedentes de la causa y denuncia absurdo, así como la vulneración de las normas y la doctrina que cita.
Se agravia por cuanto el tribunal de grado concluyó que entre las partes no existió un nexo de trabajo subordinado y formula una crítica al modo en que fueron ponderadas las pruebas en tal sentido, especialmente la testimonial, exponiendo su propio punto de vista y su interpretación de cómo debieron ser valoradas.
En ese discurrir, objeta que no aplicara la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como tampoco el principio in dubio pro operario .
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Liminarmente, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, la impugnante, si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014 y L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015).
III.2. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Ello así, pues en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no demostró (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.3. Igualmente ineficaz deviene el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Conforme lo tiene dicho este Tribunal, si la parte demandada negó toda prestación de tareas de la actora en su favor no resulta aplicable la presunción allí prevista en la citada norma, recayendo sobre quien alega la existencia del vínculo laboral la carga de su debida y suficiente acreditación (art. 375, CPCC; causas L. 108.373 "Nuñez", sent. de 21-III-2012; L. 109.742 "Cassino", sent. de 5-XII-2012; L. 117.312 "Casas", resol. de 22-V-2013), imposición que, a mérito de lo resuelto por el sentenciante de grado, la accionante no logró cumplir.
III.4. En cuanto a la aptitud probatoria de la confesión ficta, ha dejado establecido esta Corte que debe ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas y las circunstancias del caso concreto, para lo cual los tribunales de trabajo gozan de un amplio margen de discrecionalidad, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material (causas L. 95.431, "Moldovian", sent. de 7-VII-2010; L. 118.118, "Gimenez", resol. de 26-III-2015; L. 118.748, "Carrizo", resol. de 2-IX-2015; L. 120.595, "Vega", resol. de 15-XI-2017 y L. 121.867, " Kazieczko", resol. de 26-XII-2018).
III.5. Tampoco resulta eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
III.6. Con relación a la denuncia de transgresión de los arts. 39 de la ley 11.653 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, se observa que no cabe su aplicación al caso de autos, puesto que dichas normas requieren, como presupuesto indispensable, acreditar la relación laboral alegada, sin que el beneficio consagrado en ellas pueda sustituir la obligación esencial que le incumbe al promotor del pleito de demostrar la existencia del vínculo invocado como sustento de su reclamo (causas L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 92.360, "Galandzij", sent. de 10-III-2010; L. 96.248, "Ceballos", sent. de 11-III-2009 y L. 117.840, "Antunez", resol. de 22-X-2014), circunstancia que no se ha cumplido en la especie.
III.7. Finalmente, resta señalar que no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria
Fin de la sentencia