Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria (conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°269 mlp
La Plata, 20 de mayo de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la demanda instaurada por Daiana Rosina Mammano contra Leandro Martín Troya y Emilce Carolina Troya, mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 236/240).
Para así decidir, juzgó que la actora no pudo acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de la relación laboral invocada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 251/272 vta.), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 288/289.
En su presentación denuncia absurdo y la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
En sustancia, objeta la decisión en cuanto rechazó la acción contra Leandro Martín Troya y Emilce Carolina Troya y, a tal fin, cuestiona la valoración efectuada por el tribunal de grado respecto de la prueba confesional ofrecida por la reclamante.
En tal sentido, entiende que la posición del a quo transgredió el art. 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, desde que imponía al sentenciante pronunciarse respetando los principios de primacía de la realidad y la "interpretación a favor del trabajador". Finalmente, imputa conculcada la doctrina de los actos propios.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. De modo liminar, cabe recordar que corresponde a los tribunales del trabajo, como función privativa, determinar si entre las partes existió o no una relación laboral conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, y su decisión al respecto no puede revisarse por la Suprema Corte, salvo que se demuestre absurdo al evaluar los hechos y las pruebas de la litis (causas L. 111.046, "Merlo", resol. de 30-III-2011; L. 111.789, "Di Lorenzo", resol. de 25-VIII-2010).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009 y L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011).
III.2. Asimismo, en lo referente al reproche en torno a la confesión ficta de los demandados, se recuerda que esta Corte ha dicho que su aptitud probatoria debe ser apreciada en su correlación con el resto de las pruebas y las circunstancias del caso concreto, para lo cual los tribunales de trabajo gozan de un amplio margen de discrecionalidad. Siendo ello así, los jueces están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, pero en modo alguno obligados a acceder -por esa sola circunstancia- automáticamente a las pretensiones deducidas (causas L. 118.073, "Ramirez", resol. de 24-IX-2014 y L. 118.044, "España", resol. de 5-XI-2014).
Ciertamente, y no sin resaltar que -nuevamente- la exposición de la recurrente no traduce más que su mero criterio subjetivo respecto del modo en que debieron interpretarse los hechos y las pruebas, se observa que la impugnación es portadora de un manifiesto déficit técnico. Lo expuesto, en tanto la interesada prescinde controvertir idóneamente la argumentación esencial sobre la que el juzgador estructuró la decisión respecto del tópico debatido, cual es que, más allá de la incomparecencia de los codemandados a la audiencia de vista de la causa, del resto de la prueba producida, no logró evidenciarse la prestación de servicios de la actora a favor de los accionados, presupuesto indispensable a los efectos de tener por acreditada la relación laboral invocada.
III.3. Por otro lado, se debe puntualizar, que el principio de primacía de la realidad que preside la materia laboral y consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, cuya violación denuncia la recurrente, hace que deban prevalecer los hechos verificados en la causa por sobre las formalidades o apariencias (causas L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011 y L. 89.937, "Medic Skontra", sent. de 14-V-2008), supuesto que no es el del caso bajo estudio, donde la temática que conformó el debate y el modo en que se resolvió la contienda no denotan un apartamiento por parte del juzgador del indicado postulado rector.
III.4. Tampoco es eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
III.5. Para más, la insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la teoría de los actos propios, dado que los agravios ensayados a su respecto remiten a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008 y L. 120.034, "Reyna", resol. de 27-IX-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°269
mlp
Fin de la sentencia