Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ORTIZ AUGUSTO DAMIAN C/ COOP DE PROVISION SERV TELEF OTROS SERV PUBLIC Y CONS M ACOSTA LM S/ DESPIDO.
La Plata, 20 de mayo de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo N° 4 del Departamento Judicial Morón rechazó la acción interpuesta por Augusto Damián Ortiz contra la Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos, Otros Servicios Públicos y Consumo de Mariano Acosta Limitada, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales, así como la reparación por daño material y moral (v. fs. 273/279).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar, juzgó que el distracto dispuesto por la accionada, motivado en ausencias sin aviso del trabajador, resultó justificado.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. Escrito electrónico de 27-II-2019), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 301/302.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Invoca absurdo en la valoración de la prueba. Cita las normas y la doctrina que considera violadas.
Al respecto, advierte que el tribunal de origen, apartándose del intercambio telegráfico y de los escritos constitutivos del proceso, modificó el motivo del distracto. Así, alega que el fallo incurrió en demasía decisoria y en violación de los principios de congruencia e invariabilidad de la causa de despido.
Por último, manifiesta que la medida rupturista adoptada por la patronal resultó desproporcionada.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Dable es recordar que, ante todo, evaluar los escritos constitutivos del proceso y la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 112.863, "Vargas", resol. de 19-X-2011; L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012 y L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
III.2. En el caso, el a quo -como se adelantó- evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer cada una de las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró verificado el motivo injurioso invocado por el empleador en su comunicación rescisoria. Ello así, pues tuvo por acreditadas las ausencias al trabajo sin aviso por parte del actor, quien no las justificó, ni se reintegró a sus tareas con posterioridad a la intimación que le fuera cursada por el principal, incumpliendo con el deber impuesto por el art. 84 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este marco, se advierte que el interesado no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido, pues sus alegaciones no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debió apreciarse el intercambio telegráfico, los escritos constitutivos de la litis y las pruebas aportadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 100.076, "Romero", sent. de 9-XII-2010 y L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014).
Dicho vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 96.953, "Gamarra", sent. de 3-III-2010 y L. 113.537, "Alegre de González", resol. de 11-V-2011), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (cfr. causas L. 107.322 "Fernández", sent. de 14-III-2012; L. 116.476 "Zapata", sent. de 29-V-2013).
III.4. Por otro lado, tampoco es de recibo la denuncia de transgresión del principio de invariabilidad de la causa de despido.
Al respecto, y más allá que el interesado omitió la indispensable denuncia de violación de la norma legal que se vincula con el agravio que expone, cierto es que el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo se trasgrede cuando el fallo computa como justificantes de la cesantía hechos no invocados por el trabajador como motivo de la rescisión, mas no si el pronunciamiento se sujetó a las causales alegadas por las partes, como ocurre en la especie (causas L. 98.887, "Burgos", sent. de 29-XII-2009; L. 99.448, "González", sent. de 3-III-2010 y L. 113.258 "López", sent. de 5-VI-2013).
III.5. Igualmente estéril se observa el reproche relativo a la infracción del principio de congruencia.
Tiene dicho este Tribunal que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- bajo la denuncia de transgresión al citado principio, manifiesta su desacuerdo con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 116.966, "García", resol. de 19-XII-2012; L. 118.686, "Pérez Staracci", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018), tal como sucede en la especie.
III.6. Resta advertir que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009 y L. 118.684, "Meaurio", resol de 8-VII-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°267
mlp
Fin de la sentencia