Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda incoada por Andrea Cecilia Fernández contra La pequeña familia S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 498/512 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa, entendió que la accionante no había logrado acreditar las causas que invocó para fundar su autodespido, por lo que el mismo devenía infundado.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 516/520), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el a quo a fs. 522/523.
III. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la parte actora se agravia, en lo esencial, del rechazo de la demanda. En particular, denuncia absurdo y arbitrariedad en el modo en que el tribunal apreció los hechos y las pruebas. Denuncia violación al principio de la sana crítica, así como de la teoría de los actos propios.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. Sabido es, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 112.863, "Vargas", resol. de 19-X-2011; L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 121.806, "Rotolo", resol. de 12-XII-2018).
En tal sentido, dable es señalar que tal vicio sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
III.3. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El a quo -como se adelantó- tuvo por acreditado, mediante un análisis pormenorizado de la prueba aportada a la causa, que la actora se encontraba debidamente registrada y que el salario percibido era el correspondiente a su categoría y la jornada efectivamente trabajada.
En este marco concluyo, que la accionante no logró acreditar las causas injuriosas que invocó para fundar su auto despido mediante su telegrama rescisorio, consecuentemente el mismo devenía infundado.
Se advierte que la recurrente en su impugnación no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido -vinculada a la ausencia de acreditación de los motivos invocados para justificar el distracto-, pues, desentendiéndose de la línea reflexiva y la apreciación probatoria que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, sólo intenta un nuevo análisis de las circunstancias fácticas de la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que se ha juzgado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 87.490, "Olivero", sent. de 5-XII-2007; L. 90.647, "Paredes", sent. de 13-VIII-2008; L. 94.304, "Villarreal", sent. de 22-X-2008; L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011 y L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013).
III.4. Cabe destacar que las alegaciones que formula, particularmente con relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, tampoco resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este sentido, sabido es que la valoración de la prueba oral está reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
Corresponde añadir, que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se adelantó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
III.5. Finalmente, la insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la teoría de los actos propios, dado que los agravios ensayados a su respecto remiten a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008; L. 120.034, "Reyna", resol. de 27-IX-2017; L. 121.176, "González", resol. de 30-V-2018 y L. 122.053, "Montecinos", resol. de 10-IV-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:12:56 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 05/06/2020 13:28:20 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:23:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:14:27 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 11/06/2020 09:28:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia