Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta por Evangelina Mariela Sánchez y condenó a la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda a pagar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la reparación por daño moral (v. fs. 339/358 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditado que el hecho por el cual la demandada fundamentó la injuria que impidió la prosecución del vínculo hubiera sido efectivamente realizado por la accionante.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-V-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 372 y vta.
En su presentación denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y cita las normas y la doctrina legal que considera violadas. Asimismo, reputa infringidas las reglas que rigen la carga de la prueba.
En sustancia, su crítica se dirige a impugnar la decisión en torno a la valoración de la injuria, objetando que no se incorporó al proceso el video que oportunamente se había adjuntado a la causa penal, y que juzgara contradictorias las declaraciones testimoniales, restándole crédito a los dichos de los deponentes.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, dable es recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012 y L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido directo dispuesta por el principal resultó injustificada, toda vez que no se probó en autos el hecho constitutivo de la injuria grave que se imputó a la actora y se invocó para decidir la extinción de la relación laboral en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, tras valorar los escritos constitutivos del proceso y la prueba rendida, especialmente la causa penal y las declaraciones testimoniales, el juzgador de mérito tuvo por no probado el único hecho injurioso en el que la empleadora había basado la pérdida de confianza.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 83.464, "C., N.B. y otros", sent. de 23-V-2007; L. 103.473, "Carballo", sent. de 9-XII-2010 y L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017).
En suma, no advierte la compareciente que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 91.841, "Pascual", sent. de 15-X-2008 y L. 94.509, "Vozza", sent. de 25-III-2009).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis (causa L. 91.059, "Faccia", sent. de 14-V-2008), porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 89.430, "Mezzadra", sent. de 2-VII-2008 y L. 121.523, "Gonzalez", resol. de 21-XI-2018)
III.4. En particular, y ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014; L. 118.159, "S., A.F.", resol. de 10-XII-2014 y L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018).
III.5. Por otro lado, deviene inatendible el agravio dirigido a cuestionar la decisión del tribunal de grado de rechazar oportunamente la incorporación como prueba el video conteniendo la filmación de las cámaras de seguridad de la empresa accionada. Ello así, desde que tiene dicho al respecto esta Corte que las cuestiones procesales previas a la sentencia definitiva se encuentran preclusas y son ajenas, por tanto, al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 84.541, "Gaztelu", sent. de 28-IX-2005; L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 96.489, "Fink", sent. de 2-IX-2009; L. 112.209, "Ramírez", resol. de 1-IX-2010 y L. 112.627, "Estevez", resol. de 10-XI-2010).
III.6. Finalmente, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca alejado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que no se verifica en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:19:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 09:31:30 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:42:57 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:12:40 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 11/06/2020 09:35:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia