Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120532
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.532, "Espinosa, Juan Carlos contra Da Costa Fontao, Manuel. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes desestimó parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 412/426 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 435/451).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda promovida por Juan Carlos Espinosa contra Manuel Da Costa Fontao en cuanto pretendía el cobro de haberes adeudados, diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido, las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y las sanciones contempladas en los arts. 132 bis y 275 de esta última ley y 53 ter de la ley 11.653, así como el resarcimiento por daño moral reclamado (v. sent., fs. 412/426 vta.).
Para así decidir, juzgó demostrado que el actor laboró para el demandado cumpliendo tareas de "lavador" en la estación de servicios de su propiedad, ello, desde el día 1 de febrero de 1985 hasta el día 12 de noviembre de 2010 en que el empleador comunicó el despido.
Ponderó que la decisión extintiva estuvo motivada en la incomparecencia del trabajador "...a retomar tareas y a justificar ausencias desde el 29/10/10 pese a la intimación formulada...", imputación que tuvo acreditada y a la que consideró representativa de injuria de suficiente gravedad como para impedir la continuidad del vínculo contractual en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, puntualizó que las faltas del trabajador habilitaron al demandado a ejercer el poder disciplinario conferido por el art. 67 de la ley 20.744 para producir el distracto como sanción respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad; a la par, entendió que la reticente conducta del actor a los fines de acreditar la justificación de sus ausencias y la respuesta a la intimación cursada resultó violatoria del principio de buena fe (art. 63, ley cit.) y justificó la decisión de extinguir el vínculo (v. sent., fs. 421).
Por otro lado, tras señalar que de la prueba producida en autos no surgía acreditado el cumplimiento de horas extraordinarias por parte del dependiente, desestimó el reclamo deducido en este aspecto (v. sent., fs. 422 y vta.).
Luego -siempre en lo que es relevante relatar a tenor de lo cuestionado en el recurso-, entendió cumplida la obligación impuesta al principal por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y consecuentemente declaró improcedente el reclamo por el cobro de la sanción prevista en dicho precepto.
A su vez, rechazó la sanción peticionada al amparo del art. 132 bis de aquella ley, pues consideró no acreditada la configuración de la hipótesis contemplada en la norma (v. fs. 423 y vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 55, 56, 80, 132 bis, 233, 242, 244 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 43 y 45 de la ley 25.345; 6 de la ley 11.544; 21 del decreto 16.115/33; 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y doctrina legal que cita (v. fs. 435/451).
II.1. Controvierte lo decidido en torno a la extinción del vínculo laboral.
En sustancia, alega que lo resuelto por el tribunal de grado es absurdo y vulnera tanto el principio de congruencia como la regla de la invariabilidad de la causa de despido establecida por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues al juzgar justificado el despido en los términos del art. 244 de esa ley se expidió sobre una causal distinta a la invocada por el empleador.
Expresa que descartada la aplicación del mencionado art. 244 del régimen legal del contrato de trabajo y ya en el marco de su art. 242, el a quo no ponderó la injuria con la prudencia exigida por dicha norma, pues no consideró "la causalidad y proporcionalidad" en el despido, desde que no tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios del trabajador a lo largo del extenso tiempo en que las partes estuvieron vinculadas y el tenor de la última falta que se le imputó, siendo que tampoco advirtió que -del modo en que fue expresado- dable era interpretar que el apercibimiento consignado en la comunicación cursada por el empleador con anterioridad al despido implicaba una suspensión pero no el despido.
II.2. Cuestiona lo juzgado en el pronunciamiento en orden a la extensión de la jornada de trabajo.
Sostiene que la propia accionada al contestar la demanda reconoció que el actor laboró en horas extraordinarias. Luego, y en tanto el empleador no exhibió la documentación correspondiente al registro de aquellas, afirma que cobra operatividad la presunción regulada en el art. 39 de la ley 11.653 y en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A la par, le atribuye al juzgador de grado haber resuelto el tópico bajo una absurda apreciación de la prueba testimonial.
II.3. Objeta el rechazo del reclamo en concepto de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que los jueces se apartaron de las pruebas reunidas en la causa, pues contrariamente a lo expresado en el pronunciamiento obran en autos elementos de juicio que acreditan la configuración del supuesto de aplicación de la aludida norma.
II.4. Finalmente, censura que se desestimara la indemnización peticionada con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con apoyo en precedentes de esta Corte que individualiza, señala que la obligación establecida en aquel precepto no fue satisfecha por el empleador, toda vez que no entregó la totalidad de la documentación a la que alude la ley.
III. El recurso no prospera.
III.1. No ha de progresar el agravio referido a la extinción del contrato de trabajo.
III.1.a. Cabe inicialmente señalar, que si bien puede advertirse que al relatar en la sentencia el intercambio telegráfico habido entre las partes el tribunal de grado citó el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 421), lo cierto es que de la lectura integral del pronunciamiento surge claramente que no se evaluó allí la configuración de la hipótesis de abandono de trabajo prevista en dicha norma, sino que resolvió el caso a la luz del art. 242 de la citada ley, como expresamente se indica (v. fs. 421 y vta.).
Luego, resultan ineficaces los planteos del recurrente fundados en la inaplicabilidad del mentado art. 244 de la ley 20.744 con sustento en la alegada violación del principio de congruencia y de la regla de la invariabilidad de la causa del despido.
III.1.b. Sentado ello, ya en el contexto en el que fuera examinado el modo en que culminó el vínculo laboral (art. 242, LCT), ha de anticiparse que tampoco los cuestionamientos que trae el interesado son aptos para obtener la modificación del fallo.
Esta Corte ha declarado que la apreciación de la prueba, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, como la determinación acerca de la existencia o la entidad de injuria que justifique la extinción de la relación de trabajo, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que en ejercicio de dichas atribuciones formulen los magistrados no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la configuración del vicio de absurdo o que la valoración de la injuria fue efectuada sin la prudencia que la ley exige (art. 242, antes cit.; causas L. 116.578, "Olivan", sent. de 13-XI-2013; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017).
Aun dejando de lado que las sucintas manifestaciones formuladas en este tramo del recurso no fueron blandidas -ni siquiera subsidiariamente- en el escrito de demanda y que por ello lucen -en gran medida- fruto de una reflexión tardía (causas L. 104.096, "Aranda", sent. de 29-II-2012; L. 116.515, "Melgar", sent. de 2-VII-2014 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017), en una hipótesis más favorable al recurrente no dejan de constituir meras discrepancias subjetivas de su parte, que como tales no son aptas para descalificar la definición a la que arribó el sentenciante en el marco de tópicos -como se anunció- que por regla le son privativos (causas L. 118.667, "Colombo", sent. de 15-VI-2016; L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019).
III.2. En otro orden, no resulta de recibo la impugnación vinculada con el trabajo en horas extraordinarias alegado por la actora.
También es sabido que la dilucidación de este tipo de cuestiones se halla reservada a los jueces de la instancia ordinaria, siendo la decisión que adopten al respecto irrevisable en esta sede, salvo la demostración de absurdo (causas L. 97.653, "Larragueta", sent. de 3-XI-2010; L. 113.518, "Capris", sent. de 29-X-2014 y L. 111.502, "Arrieta", sent. de 15-VII-2015). Este vicio no es acreditado por el recurrente.
Una vez más, las consideraciones que formula el impugnante resultan ineficaces para desvirtuar lo resuelto en el pronunciamiento atacado, desde que sólo pretenden apoyarse en su personal versión sobre los hechos y las pruebas, en una estructura de razonamiento que traduce el mero intento de disputarle al juzgador de origen la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos del proceso y determinar el mérito y habilidad de la prueba producida (causas L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro", sent. de 26-VI-2013; L. 114.165, "Gómez", sent. de 20-V-2015 y L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017).
III.2.a. Comienzo por recordar que el cardinal razonamiento del recurrente orientado a hacer valer en el caso las presunciones a las que aluden los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la ley 20.744 parte de aquella liminar afirmación que indica que al contestar la demanda la accionada habría reconocido que el demandante trabajó en horas extraordinarias.
A poco de considerar lo expuesto en el fallo, la lectura propuesta por el quejoso parece contrastar con la del tribunal de grado (v. vered., fs. 412 vta. y sent., fs. 419 vta.), ello indica que su agravio debió contar con la concreta denuncia orientada a evidenciar una absurda interpretación del tribunal del escrito con el cual la demandada ingresó al litigio (causas L. 107.448, "Fernández Díaz", sent. de 4-VII-2012; L. 117.853, "Gregorini", sent. de 10-VI-2015 y L. 118.475, "Russignan", sent. de 2-III-2016), recaudo que, no satisfecho, autoriza a desestimar el argumento traído.
Igualmente, de soslayarse el marcado déficit y aceptar que la accionada reconoció que en algún tramo de la relación en ciertas ocasiones el actor se desempeñó en tiempo suplementario, no se verifica que en autos el órgano jurisdiccional haya requerido al empleador la exhibición de los registros a los que alude el recurrente con sustento en los arts. 6 inc. "c" de la ley 11.544 y 21 del decreto reglamentario 16.115/33, tal como lo exigen los preceptos sobre los cuales se estructura la crítica (los referidos arts. 39 primer párrafo de la ley de procedimiento del fuero y 55 del régimen legal del contrato de trabajo), ello, sin perjuicio de la manifestación efectuada oportunamente en el dictamen pericial contable (v. fs. 276).
III.2. b. En orden a la apreciación de las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de la causa, la mera disconformidad que expresa el quejoso supone ignorar las amplias facultades que en razón del sistema de apreciación "en conciencia" posee el tribunal de grado, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016 y L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017).
En este contexto, las objeciones del impugnante se revelan manifiestamente inhábiles para evidenciar el absurdo que se le imputa al a quo en la valoración de la prueba. Es sabido que, en la doctrina del Tribunal, este vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 103.655, "Gómez", sent. de 4-V-2011; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015 y L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016).
III.2.c. Las razones expuestas a lo largo de este capítulo conducen a denegar la pretendida aplicación de la doctrina que emana de la causa L. 99.688, "López" (sent. de 22-II-2012) y, en fin, a desestimar el agravio traído.
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Orientada a acreditar que lo resuelto en el punto por el tribunal es producto de una interpretación absurda de la prueba, la crítica nuevamente luce inhábil pues pretende encontrar basamento a partir de la personal apreciación que despliega el impugnante -fundamentalmente- de la pericia contable y del informe brindado en autos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Es que no advierte el compareciente que, aun cuando a partir de los señalados elementos pudiera inferirse que en un tramo de la relación el principal no ingresó los aportes con destino a la seguridad social -a ellos se circunscribe-, la procedencia de la sanción conminatoria mensual pretendida exige, además, la concurrencia de la retención de los importes pertinentes (art. 132 bis, LCT; causas L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013; L. 114.401, "Stanley", sent. de 11-II-2015 y L. 117.289, "Ucha Soto", sent. de 29-VIII-2018), extremo que el tribunal juzgó no acreditado (v. sent., fs. 423) en una decisión que ante la insuficiencia del recurso ha de permanecer firme.
III.4. Finalmente, respecto del agravio vinculado con la sanción pecuniaria contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45, ley 25.345), cuestiones de orden metodológico imponen efectuar una aclaración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, particularmente en lo referido al valor del litigio.
III.4.a. Conforme lo resuelto por este Tribunal -entre otros- en los precedentes L. 86.645, "Barroso" (sent. de 21-V-2008) y L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009), frente al rechazo de varias pretensiones deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), es posible constatar que una de ellas, la vinculada con la sanción pecuniaria contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 45, ley 25.345), no logra alcanzar el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 93.096, "Mañay", sent. de 3-VI-2009; L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010 y L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012).
III.4.b. Bajo el contexto de análisis expuesto, no se comprueba la concurrencia de la excepción prevista en la ley adjetiva, toda vez que el interesado se explaya sobre cuestiones fácticas y si bien denuncia la violación de la doctrina legal que emana de los precedentes que invoca, no explica de qué modo dicha infracción se habría producido pues siquiera vincula lo decidido en aquellas causas con lo resuelto en autos. Ello determina la inadmisibilidad del agravio examinado (causas L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013 y L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018).
IV. En virtud de lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto las razones expuestas por el doctor Soria para desestimar los agravios tratados en los puntos III.1., III.2. y III.3. de su voto.
I.2. He de disentir con el citado colega en cuanto sostiene la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de la pretensión vinculada con la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas, entre otras, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los que remito en honor a la brevedad.
Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño lo decidido por el ponente -también- en lo concerniente a este tramo de la queja.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar íntegramente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/06/2020 19:12:52 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 12/06/2020 19:37:40 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:24:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 16/06/2020 19:05:29 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 17/06/2020 10:51:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.