Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121007
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Los depósitos efectuados a fs. 149 y 159 -efectivizados en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- quedan perdidos para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.007, "Ruiz, Hugo Martín y otros contra Ginés García Alias, Luis Fernando García y Cía. S.A. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la inhibitoria formulada por Ginés García Alias, Luis Fernando García y Cía. S.A. y, por ende, declinó su competencia para intervenir en las actuaciones caratuladas "Ruíz, Hugo Martín y otros c/ Ginés García Alias y Luis Fernando García y Cía. S.A.", expediente 589277, en trámite por ante el Juzgado de Trabajo y Minas de 6ta. Nominación de Santiago del Estero (v. fs. 138/141).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/147).
Reunidos los recaudos de admisibilidad con el depósito previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente resolvió que la inhibitoria planteada por Ginés García Alias, Luis Fernando García y Cía. S.A. había sido presentada en tiempo y forma (conf. arts. 8 segundo párrafo y concs., CPCC y 63, ley 11.653), por lo que se abocó a determinar si resultaba competente para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 138 vta. y 139).
Sostuvo que la acción había sido iniciada por litisconsortes activos ante el juzgado ordinario del fuero laboral con asiento en la capital de la Provincia de Santiago del Estero, tal como surgía de la copia de la demanda acompañada por el proponente. Ponderó que dicha pretensión habría sido incoada contra su empleadora, domiciliada en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, a fin de reclamar -entre otros rubros- el pago de una indemnización por antigüedad, liquidación final, diferencias de jornales y horas extra; con motivo de las labores desarrolladas en el establecimiento rural denominado "La Alcira" situado en esa localidad (v. fs. 139).
Corroboró el domicilio de la empresa con los recibos de haberes, piezas telegráficas y constancias de altas y bajas de los dependientes. Sentado lo anterior refirió que la "triple opción" prevista en el art. 3 de la ley 11.653 se encuentra inspirada en el evidente propósito de proteger a los trabajadores y que para dirimir el presente era imperioso revisar los ordenamientos locales en juego, haciendo foco en la organización, jurisdicción y competencia establecidas en cada uno de los territorios involucrados (v. fs. 139 vta.).
Ese análisis condujo al tribunal de grado a establecer que más allá de no haber expresado motivos, los reclamantes radicaron la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Minas de 6ta. Nominación de la ciudad de Santiago del Estero, conforme la opción prevista en el art. 2 inc. "c" de la ley 7.049, es decir, ante el juez "del domicilio del trabajador". Sostuvo que tal previsión encontraba fundamento en el principio protectorio que, no obstante hallarse receptado en la Ley de Contrato de Trabajo y en el art. 14 bis de la Constitución nacional, inunda todo el ordenamiento procesal (v. fs. 139 vta. y 140).
Señaló que la citada ley resultaba en este aspecto más ventajosa que el régimen procesal local, al contemplar entre las opciones posibles que el dependiente elija al juez que corresponda "a su domicilio", consolidándose de esta manera las directrices especialmente contenidas en su art. 1, en cuanto ordena compatibilizar lo reglamentado con las características específicas del proceso laboral y los principios del Derecho del Trabajo, de manera de facilitar como directivas rituales, el ejercicio de la función jurisdiccional laboral, garantizando la gratuidad al trabajador, y tendiendo a la concentración, oralidad, economía y celeridad procesal (v. fs. 140).
Evaluó además que los accionantes habían ofrecido testigos domiciliados en Santiago del Estero.
Finalmente, destacó que lejos se estaría de adecuar la resolución de esta incidencia a los mentados principios si se obligara a los reclamantes a seguir el trámite de la causa y producir prueba esencial en esta jurisdicción, cuando se encuentran habilitados para iniciar el procedimiento ante jueces de su territorio. En consecuencia, rechazó la inhibitoria planteada respecto de los autos "Ruiz, Hugo Martín y otros c/ Ginés García Alias y Luis Fernando García y Cía. S.A. s/ Indemnización por antigüedad, etc.", expediente 589277, resultando competente el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Minas de 6ta. Nominación de la ciudad de Santiago del Estero (v. fs. 140 y vta.).
II. En su postulación recursiva la parte demandada denuncia que el fallo de grado transgrede los arts. 5, 18 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 3, 15, 39 y 166 del Código Procesal Civil y Comercial e inaplica la ley 11.653. Cita antecedentes de distintos órganos jurisdiccionales y doctrina de autores.
Imputa al tribunal de trabajo haber rechazado la inhibitoria planteada apartándose de las prescripciones contenidas en los arts. 3 incs. "a", "b" y "c" de la ley 11.653; 5 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial y 24 de la ley 18.345, en cuanto otorgan competencia territorial (cuando la demanda es iniciada por el trabajador y a elección de éste) al juez del lugar de celebración del contrato de trabajo, al de su ejecución o, en su defecto, al del domicilio del demandado.
Con apoyo de jurisprudencia y opiniones doctrinarias sostiene que las cuestiones de competencia entre tribunales de distinta jurisdicción territorial deben resolverse por aplicación de las leyes nacionales de procedimiento. Y en ese orden argumenta que el art. 24 de la ley 18.035 contempla una múltiple base de elección, para que la contienda se radique en la órbita propia y común correspondiente al cumplimento de las obligaciones derivadas del vínculo jurídico, sin que pueda prorrogarse la competencia de manera artificiosa a un punto geográfico -como acontece en la especie- que no tuvo trascendencia en el desarrollo global de la aludida relación.
Afirma que el art. 2 de la ley 7.049 es inconstitucional por permitir que la demanda sea promovida en el domicilio del trabajador, afectando el legítimo derecho de defensa y la radicación de la causa ante el juez natural.
Refiere que, si bien el tribunal de grado invocó al principio protectorio en sustento de su decisión, en la interpretación de los postulados del Derecho del Trabajo debe tenerse presente también la necesidad de equilibrar las fuerzas e intereses opuestos, amparando el derecho de ambas partes. Añade que la aplicación de la norma más favorable al trabajador no puede conducir a soluciones que colisionen con preceptos y principios de raigambre constitucional o dispositivos procesales.
En suma, afirma, una norma adjetiva de Santiago del Estero no puede determinar racionalmente que sus juzgados laborales sean competentes para resolver respecto de un contrato de trabajo ejecutado íntegramente en la ciudad de Tandil, aunque los actores tengan su domicilio en aquella Provincia.
Considera absurda la aplicación al caso del principio protectorio, y argumenta sobre los efectos negativos que implicaría para el colectivo de trabajadores santiagueños que migran temporalmente a la Provincia de Buenos Aires, ya que se vería seriamente afectada su contratación si, frente a una controversia judicial suscitada, éstos tienen la posibilidad de dirimirla en otra jurisdicción, tal como lo determina el art. 2 de la ley 7.049.
Finalmente, sostiene que es una utopía -o ilusión procesal- pensar que se facilita la producción de la prueba testimonial si el juicio se radica en Santiago del Estero, pues los testigos propuestos son trabajadores cosecheros, por lo que resulta altamente probable que al momento de declarar se encuentren prestando tareas en la ciudad de Tandil.
Asimismo, señala que los libros de la empleadora también son llevados en dicha ciudad, por lo que resultaría absurdo exigirle que esa documentación -fundamental para la realización de la pericia contable ofrecida por su parte- sea trasladada a aquella Provincia.
III. El recurso no prospera.
La atenta lectura de la réplica pone en evidencia que el interesado predica sobre una presunta falta de equidad y razonabilidad de las motivaciones del a quo para resolver la inhibitoria. Alega que en la especie medió una absurda aplicación del principio protectorio, con mengua de la igualdad que debe imperar en el proceso.
En efecto, controvierte el razonamiento del juzgador y el criterio valorativo empleado, señalando la inconveniencia de dirimir el pleito ante el juez con competencia en el domicilio del trabajador, puesto que los vínculos contractuales se desarrollaron íntegramente en la Provincia de Buenos Aires, donde también se encuentra la sede de la empresa y la documentación contable.
Del modo antedicho explica la sustracción del asunto al juez natural de la causa, y en esa lógica, relativiza las implicancias que en la inteligencia del fallo ha tenido el ofrecimiento en la demanda de los testimonios de otros trabajadores también domiciliados en Santiago del Estero.
La crítica no abastece los recaudos exigidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por conducto de la sucesiva transcripción de diferentes fallos y opiniones doctrinarias -desprovistas de toda explicación que permita una cabal vinculación con el asunto examinado- el recurrente no logra conmover los motivos fundantes de la decisión.
El hilo argumental enraizado en ese desarrollo traduce, en rigor, la exposición de una opinión discrepante destinada a privilegiar su posición en desmedro de la contraparte.
Luego, la tangencial mención en torno a la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 7.049 se exhibe tan sólo como un mero enunciado y como tal carente de entidad atendible por esta Corte.
La insuficiencia de la crítica así planteada me exime de formular otras consideraciones.
IV. Por lo señalado corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Los depósitos efectuados a fs. 149 y 159 -efectivizados en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- quedan perdidos para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN
La Plata, a los 17 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia