Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (arts. 296 y 297, CPCC), y rechazar el de inaplicabilidad de ley deducido en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
La Plata, 16 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Pablo Cesar Aguado y, en consecuencia, condenó a Sucesores de Juan Fuse S.H. y Juan Carlos Fuse a pagar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, salarios de los meses de marzo, abril y mayo de 2012, sueldo anual complementario del primer semestre 2012, vacaciones proporcionales, sanción del art. 53 ter de la ley 11.653, la prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y en el art. 2 ley 25.323. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el pago de las multas contempladas en los arts. 1 de la ley 25.323, 9 y 10 de la ley 24.013, diferencias salariales y premio por producción. Asimismo, desestimó el reclamo por accidente y enfermedad profesional contra Federación Patronal Seguros S.A. (v. fs. 465/477).
Para así decidir- en lo que resulta de interés señalar por ser materia de agravio-, juzgó no probada la fecha de inicio del vínculo laboral, así como tampoco la categoría de trabajo que fueran invocadas en el escrito de demanda.
Por otro lado, no tuvo por acreditados los siniestros denunciados, así como tampoco el modo en que el actor desarrollaba las tareas.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 486/489), concedidos por el sentenciante de mérito a fs. 491 y vta.
III. En relación al primer remedio, cabe poner de resalto que, si bien en el objeto de la presentación se plantea su deducción, no se observa en el escrito recursivo ningún agravio que pueda relacionarse con un supuesto incumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que constituyen el específico ámbito del recurso extraordinario en cuestión (causas L. 86.479, "Bishop", sent. de 11-VIII-2010; L. 102.972, "Díaz", sent. de 6-VII-2011 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014).
En tales condiciones, cabe concluir que el recurso extraordinario de nulidad ha sido mal concedido.
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el recurrente denuncia la errónea aplicación y vulneración de las normas y doctrina que cita, tachando de absurda la forma en que ha sido valorada la prueba.
En lo esencial, se agravia de la decisión del tribunal de grado de juzgar no probada la fecha de ingreso declarada en la demanda. Alega que debió aplicar las presunciones establecidas en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, objeta que no tuviera por acreditados los accidentes de trabajo, en tanto -sostiene- de la pericia médica surge que las lesiones que padece son de origen laboral.
Asimismo, refiere que se ha vulnerado el principio de la carga dinámica de la prueba, tanto respecto de su empleador como de la aseguradora, en cuanto a sus incumplimientos.
IV.2. El recurso intentado luce insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
IV.2.a.i. En primer lugar, cabe señalar que, conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas al inicio del vínculo, categoría profesional y duración de la jornada- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales del trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 97.480, "Maciel", sent. de 9-V-2012; L. 111.694, "Guion", sent. de 13-VII-2011; L. 100.981, "Dupont", sent. de 5-V-2010 y L. 118.648, "Jurado", resol. de 26-VIII-2015).
Las conclusiones que al respecto se formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 109.020, "Brandan", sent. de 4-VI-2014 y L. 117.292, "Oyuela", sent. de 19-II-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial. Se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 121.489, "Vilche Fisher", resol. de 3-X-2018).
IV.2.a.ii. En el caso, el tribunal, con fundamento en las constancias de la causa, juzgó que el accionante no pudo demostrar una fecha anterior a la registrada y reconocida en la documentación laboral, ni tampoco las tareas que alegó realizar como tambero, racionador, criador de terneros y encargado de la inseminación artificial. Por el contrario, a criterio del juzgador la documentación acompañada a la causa y el informe pericial contable corroboraban los dichos de la demandada. Asimismo -concluyó- que los testigos que depusieron en la vista de la causa no aportaron datos conducentes en relación a los hechos controvertidos.
Estas esenciales conclusiones no logran ser conmovidas por el recurrente, toda vez que en su recurso sólo esboza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, a partir de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo. Y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a desestimar los reclamos vinculados con la fecha de inicio de la relación, la categoría, la remuneración y la jornada laboral.
En efecto, ninguna de las críticas que formula el compareciente deviene eficaz para desvirtuar el análisis y las conclusiones a las que, en ejercicio de facultades que le son privativas, arribó el a quo ; por el contrario, su réplica trasunta su mera disconformidad con la solución dada al caso, sin hacerse cargo de cuestionar los fundamentos esenciales del pronunciamiento.
En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014 y L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014).
IV.2.b. Tampoco puede prosperar el agravio dirigido a objetar el rechazo de la indemnización por accidentes de trabajo.
IV.2.b.i. Al respecto, tiene dicho esta Corte que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, como determinar la existencia o mecánica de los infortunios laborales denunciados, y establecer su relación causal con las dolencias incapacitantes que padece el trabajador, constituyen facultades privativas de los jueces de mérito, exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por absurdo (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
IV.2.b.ii. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa y, sobre tales premisas, juzgó que ninguna probanza presentó el actor tendiente a acreditar las tareas desarrolladas, ni las circunstancias en que se produjeran los siniestros denunciados.
IV.2.b.iii. Tales conclusiones, tampoco logran ser descalificadas por el recurrente, pues también en este tramo de su impugnación, la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
En efecto, se advierte que el recurrente en modo alguno controvierte de forma frontal, concreta y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto, apartándose de la línea argumental de éste-desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
IV.2.c. Por otro lado, el agravio vinculado con la forma en que el sentenciante de grado distribuyó la carga de la prueba no corre mejor suerte.
En ese contexto, es oportuno recordar que esta Corte ha dicho que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se quebranta cuando el juzgador, alterando aquellas reglas, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013 y L. 117.758, "Pío", resol. de 29-X-2014), lo que no acontece en el presente caso.
IV.2.d. Finalmente, dable es señalar que la invocación de violación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que no fueron acreditadas (causas L. 100.690, "Fernández", sent. de 17-VIII-2011; L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (arts. 296 y 297, CPCC), y rechazar el de inaplicabilidad de ley deducido en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°720
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Fin de la sentencia