Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123977
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
La Plata, 16 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por Ricardo Oscar Galzagorri contra Héctor Aníbal Zamora en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 205/214).
Para así decidir, valorando las pruebas aportadas a la causa, tuvo por acreditado el vínculo laboral de dependencia entre las partes. Asimismo, juzgó que la ruptura de la relación quedó formalizada por despido indirecto dispuesto por el actor atento el desconocimiento del contrato de trabajo por parte del accionado ante la intimación que le cursó justificadamente para la regularización del contrato y el pago de salarios adeudados.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte demandada con recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 245/251 y 255/259), los que fueron concedidos a fs. 254 y vta. y 260 y vta., respectivamente.
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, denuncia incongruencia por omisión ya que, a su entender, el tribunal no trató una cuestión esencial para la resolución de la litis como es la suspensión en la que se encontraba el actor, para desempeñar sus funciones por las cuales reclamaba un supuesto trabajo no registrado.
III.2. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la cuestión, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
Además, tampoco resulta procedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión que se dice preterida ha sido resuelta en forma implícita y negativa para las pretensiones del recurrente-como ocurrió en el caso-, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que-como se dijo- el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito de este medio extraordinario de impugnación (causas L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015 y L. 123.321, "González", resol. de 6-XI-2019).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la parte demandada se agravia de la interpretación que realiza el tribunal del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otra parte, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba, en cuanto no ponderó que el actor, al estar suspendido por el hipódromo, mal podía realizar tareas como presentador para la demandada.
IV.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada-en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado con la conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011; L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016 y L. 122.473, "Rimoldi", resol. de 18-IX-2019).
El impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditarlo, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017).
En el caso, el tribunal de grado, mediante el análisis conjunto de las pruebas examinadas, entendió que se desprendía que la relación entre las partes había sido continua y prolongada, ya que, durante los años 2011, 2012 y 2013-es decir, con posterioridad a la sanción impuesta al señor Galzagorri por parte del Hipódromo Argentino de Palermo S.A., denunciada en la demanda- el actor presentó caballos del stud "Mi Martincito" de reconocida titularidad del demandado Zamora, no surgiendo, como pretendiera el accionado, el cese de la relación a partir del año 2002 o eventuales interrupciones de la misma.
Estas esenciales conclusiones del fallo no logran ser desvirtuadas por el recurrente, en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
IV.2. Igualmente ineficaz deviene el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello así, por cuanto, conforme lo tiene dicho este Tribunal, si la parte demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo señalado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y, en el supuesto de no demostrarlo, rige la presunción de que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (causas L. 93.210, "Fernández", sent. de 11-XI-2009; L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012 y L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 7-IV-2012).
En el caso, y como lo indicó expresamente el juzgador, la accionada no logró neutralizar la presunción que surge del citado art. 23 pues, del material probatorio aportado en autos, el sentenciante de grado concluyó que las tareas prestadas por la actora lo fueron en relación de dependencia, conclusión que -a tenor de lo dicho- subsiste incólume.
Finalmente, tampoco evidencia el recurrente que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°422
mff
Fin de la sentencia