Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial Mercedes, rechazó en lo sustancial la demanda iniciada por Daniel Oscar Coronel contra Centro de Distribución 9 de Julio S.R.L., en cuanto pretendía las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 231/246 vta.).
Para así decidir, concluyó que el actor no había logrado acreditar ninguna de las causales de injuria invocadas para colocarse en situación de despido.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 12-XII-2018), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 254 y vta.
En su impugnación, denuncia la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Asimismo reputa conculcada la presunción que emana del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo sustancial, advierte que el tribunal de grado al rechazar los motivos injuriosos alegados por el trabajador en su comunicación rescisoria formuló una absurda y arbitraria valoración de la prueba producida. En ese sentido, controvierte la ponderación efectuada sobre las declaraciones testimoniales y el informe psiquiátrico. Finalmente, se agravia de que el a quo no aplicó el principio de la carga dinámica de la prueba.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 112.863, "Vargas", resol. de 19-X-2011; L. 116.458 "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 115.148 "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 117.891 "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.065 "Ferrari", resol. de 3-XII-2014), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20- VIII-2014).
En el caso, el a quo -como se adelantó- evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer cada una de las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró que no se verificó en autos ninguno de los motivos injuriosos invocados por el trabajador en su comunicación rescisoria.
En este marco, se advierte que el impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido -vinculada a la ausencia de acreditación de las injurias invocadas para justificar el distracto- por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar las pruebas aportadas al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Al respecto, cabe señalar, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que -a su criterio- fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros (causas L. 102.237 "Villate", sent. de 5-IV-2013 y L. 117.687, "García", resol. de 22- X-2014).
Igualmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
III.2. Por otro lado, el agravio vinculado con la forma en que el sentenciante de grado distribuyó la carga de la prueba no corre mejor suerte.
En ese contexto, es oportuno recordar que esta Corte ha dicho que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se quebranta cuando el juzgador, alterando aquellas reglas, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013 y L. 117.758, "Pío", resol. de 29-X-2014), lo que no acontece en el presente caso.
Siendo así, deviene inatendible el cuestionamiento vinculado con la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.
III. 3. En cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 117.908, "Diani", resol. de 3-IX-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:17:37 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:38:33 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:13:15 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:18:54 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 13:13:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia