Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124458
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Pablo Daniel Omar Taboada contra Consorcio Edificio A-800 en concepto de integración del mes de despido y el agravamiento conforme al art. 2 de la ley 25.323. La rechazó, en cambio, en cuanto perseguía el cobro del daño moral, con fundamento en la ley 23.592, diferencias de indemnización por despido, salarios adeudados y las sanciones previstas en los arts. 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 234/246).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó no acreditado que el distracto obedeciera a motivos discriminatorios (v. fs. 243 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 256/261), el que fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. fs. 267/268).
En sustancia, cuestiona la decisión del sentenciante de mérito en cuanto rechazó -por un lado- el reclamo por daño moral con fundamento en la ley 23.592 y -por otro- la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
III.2. Conforme los lineamientos antes enunciados, no se advierte configurado, en la especie, el supuesto habilitante previsto en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pues más allá que el interesado sólo trae a consideración de esta Corte cuestiones de índole fácticas y probatorias esto es, si el despido dispuesto por la patronal tuvo su causa –o no- en razones de discriminación- ajenas, por definición, al ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 100.760, "Sturiale", sent. de 10-XI-2010; L. 118.251, "Ponce", resol. de 20-XI-2014 y L. 120.854, "Fuertes", resol. de 11-X-2017), lo cierto es que omite denunciar la violación de doctrina legal relacionada con la temática que impugna, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto en este ámbito (causas L. 116.169, "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012; L. 118.846, "Vaello", resol. de 21-X-2015 y L. 120.807, "Linares", resol. de 17-V-2017).
A ello cabe agregar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 257 vta.) no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
III.3. Finalmente, inhábiles resultan los precedentes traídos por el recurrente en apoyo de su reproche, relacionados con el rechazo de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 260 y vta.), en tanto remiten al análisis de cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas -como son aquellas relativas a establecer si se configuran o no los presupuestos para su procedencia-, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 120.299, "Brizuela", resol. de 5-IV-2017; L. 119.685, "Lezcano", sent. de 9-VIII-2017; L. 121.322, "Sturla", resol. de 3-V-2018 y L. 121.747, "GutierrezMousist", resol. de 7-XI-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2020 11:18:10 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 08/06/2020 12:39:37 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 10/06/2020 13:12:59 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:19:21 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 13:14:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia