Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120644
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.644, "Zambón, Emiliano F. contra Eleprint S.A. y otro. Despido" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan , Kohan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 446/467).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 485/501).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Emiliano Fernando Zambón y condenó solidariamente a Eleprint S.A. y Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss a abonar las sumas que especificó en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, diferencias salariales por vacaciones de los años 2009, 2010 y 2011, horas extraordinarias; como así también los incrementos contemplados en los arts. 2 de la ley 25.323; 10 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 446/467).
Resolvió de tal modo, luego de juzgar justificado el despido indirecto configurado por el actor el día 25 de agosto de 2011, ante la negativa de la empleadora de registrar correctamente la relación laboral (v. vered., fs. 449 in fine y vta. y sent., fs. 454 in fine y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 499, 505, 1.197 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 1, 11, 29, 45, 46, 56, 62, 103, 104, 114, 196, 242, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; 54, 59 y 274 de la ley 19.550; 163 inc. 6 y 345 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 32, 39, 44 incs. "d" y "e", 45, 46, 47, 55, 56 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, alega que el tribunal de grado, para tener por acreditadas las tareas desarrolladas por el actor, el horario en el cual las prestaba, el cumplimiento de horas extraordinarias y el sueldo que percibía, valoró absurdamente la prueba testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa.
Sostiene que dicho órgano jurisdiccional sustentó este aspecto del pronunciamiento exclusivamente en los testimonios de dos testigos (los señores José Omar y Patricio Omar Barreto -padre e hijo, respectivamente-), cuyas declaraciones se encuentran sesgadas de parcialidad.
En este aspecto, manifiesta que tales personas no solo mantienen una relación de parentesco con el actor, sino que, además, el primero de los nombrados tiene un juicio pendiente con la demandada por ante el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata (en los autos caratulados "Barreto, José Omar contra Eleprint S.A. s/ Despido", expte. n° 14.838), en el que efectuó similares reclamos a los peticionados por Zambón en estas actuaciones. Por lo que, explica, su declaración resultó forzosamente concordante con el objeto de la pretensión allí esgrimida.
Expresa que la dispar apreciación del sentenciante respecto de los dichos brindados por el testigo Medrano, al considerar que evidenció una indisimulable intención de beneficiar a la demandada, configura un vicio grosero que escapa a las reglas del raciocinio, por resultar ostensiblemente tendenciosa.
II.2. Luego, esgrime nuevas consideraciones para objetar la remuneración que el tribunal de grado consideró acreditada.
Alega que el actor transgredió la doctrina de los actos propios, toda vez que en el telegrama remitido el día 12 de agosto de 2011, esto es, antes de iniciar el proceso judicial, sostuvo que percibía un sueldo de $7.346, mientras que en la demanda denunció un haber mensual de $7.723, siendo este último importe el que el tribunal de trabajo tomó para determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada. Con lo cual, afirma, se exhibe nítido que la conducta asumida por el señor Zambón en sede judicial, al invocar un salario superior, implica una contradicción con sus actos anteriores, de entidad suficiente para disponer la revocación de lo decidido en tal aspecto.
A lo dicho agrega, que la configuración del absurdo se patentiza en la especie al omitir el a quo valorar los datos consignados en el citado telegrama, no ajustándose su decisión a los parámetros impuestos por la ley 24.013 y la Ley de Contrato de Trabajo, desde que no corresponde ponderar aisladamente, o en forma parcializada, el hecho presumiblemente injurioso.
II.3. En otro orden, controvierte que se haya declarado procedente el pedido de extensión de responsabilidad solidaria a Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss, directores de Eleprint S.A.
Aduce que el tribunal de origen transgredió la doctrina legal que emana de los precedentes L. 81.550, "Avila", sentencia de 31-VIII-2005 y L. 85.471, "Cortina", sentencia de 25-IV-2007, en los que se estableció que "se inhibe la aplicación indiscriminada de la desestimación de la personalidad jurídica del ente societario, en aquellos casos en que sólo se compruebe la irregular registración de los datos del empleo".
Refiere que, al fallar en dichas causas, esta Corte, siguió el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas P.1013.XXXVI, "Palomeque", sentencia de 3-IV-2003 y T.458.XXXVIII, "Tazzoli", sentencia de 4-VII-2003.
Explica que la inoponibilidad de la persona jurídica societaria es una especie de "sanción" prevista para el caso de que la sociedad se constituya en un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para la frustración de derechos de terceros (arts. 54, ley 19.550), pero no en situaciones -como la de autos- en que nos hallamos ante una entidad que, según el peritaje contable, se encuentra regularmente constituida y que, en función de su actividad social, comete actos ilegales sancionados expresamente por la ley laboral.
En tales condiciones, afirma, no corresponde desbordar la gama de legitimados pasivos de las pretensiones indemnizatorias mediante una interpretación que desconozca los alcances del texto legal.
Concluye que la responsabilidad extendida a los directores de la sociedad demandada no comprende la confección y entrega del certificado de trabajo, pues, si bien en el razonamiento del a quo los codemandados responden en forma solidaria, en este caso, por su actuar ilícito, ello no los transforma en empleadores del actor. Añade que los datos necesarios para la confección del referido certificado sólo pueden surgir de los libros de Eleprint S.A., por lo que carece de objeto disponer una doble entrega del mismo por quienes a título personal no poseen los registros y carecen de los elementos necesarios para cumplir con tal cometido.
II.4. Por último, insiste en criticar al fallo de grado en cuanto declaró procedente el reclamo vinculado a las horas extra.
Indica que el juzgador arribó a la absurda conclusión de que la jornada de labor desarrollada por el señor Zambón excedía los límites impuestos legalmente, siendo ello corroborado por los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa.
Refiere que, ni del escrito de demanda, ni de los dichos brindados por los testigos, surge que aquel cumpliera una jornada de trabajo de doce o trece horas diarias, tal como se expone en el fallo.
Señala que el promotor del pleito manifestó que "salía de su casa" a las 6:30 hs., por lo que su jornada no comenzaba en ese momento, ya que no resulta válido contemplar como horario de trabajo el tiempo que insume el viaje de cualquier obrero hasta el lugar en que presta tareas.
A su vez, continúa, conforme surge consignado en la segunda cuestión del veredicto, los testigos dieron cuenta que aquel cumplía una jornada de entre ocho y nueve horas diarias.
Con lo cual, aduce, el tribunal de grado interpretó absurdamente los escritos constitutivos del proceso, toda vez que, sin justificativo alguno, excedió los términos de la propuesta litigiosa, introduciendo un reclamo novedoso y distinto para las partes, transgrediendo el principio de congruencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. El órgano jurisdiccional de grado consideró que no había resultado discutido en autos que el señor Emiliano Fernando Zambón se desempeñó bajo dependencia de Eleprint S.A. desde el 17 de enero de 2006, hallándose en cambio cuestionadas las tareas desempeñadas y su categoría profesional (v. fs. 446).
En este último aspecto, con sustento en la prueba testimonial, tuvo por probado que el actor, quien se hallaba registrado como ayudante técnico de quinta categoría del Convenio Colectivo de Trabajo 151/75, había desarrollado labores que incluían el control de las obras en construcción, el recibo y conteo de materiales, el pago de salarios y el manejo de planos, por lo que correspondía ser encuadrado en la tercera categoría del "Grupo B", "Personal Técnico", prevista en el art. 7 del citado convenio (v. fs. 446 vta. y 447).
Luego, con la documental incorporada a la causa (contrato suscripto entre las partes -obrante a fs. 16-, que no fuera objeto de una negativa particularizada y lucía verosímil) y los dichos de los testigos Omar José y Patricio Omar Barreto y Germán Medrano (a los que le otorgó mayor entidad probatoria en virtud del principio de realidad que impera en la materia), juzgó acreditado el horario de trabajo (de lunes a viernes de 6:30 a 20:30 hs. y sábados de 8:00 a 15:30 hs.), la cantidad de horas extraordinarias y la percepción de una parte de su salario en forma clandestina. Sobre la base de tales circunstancias, determinó la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en la suma de $7.723 (v. fs. 447 vta./449).
Al resultar comprobados los incumplimientos imputados a la accionada por parte del promotor del pleito en su originaria intimación de fs. 116 (oportunidad en la que había requerido de su empleador que rectificase la inscripción, consignado el verdadero salario, horario y tareas), juzgó que la decisión de este último de colocarse en situación de despido indirecto -configurado el día 25 de agosto de 2011- se hallaba justificada, pues tales graves inobservancias impedían la prosecución de la relación laboral (v. fs. 454 y vta.).
Con todo, condenó solidariamente a Eleprint S.A. y a Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss al pago de los importes que específicamente determinó por los rubros vinculados al despido que declaró procedentes (v. fs. 454/463 vta.).
III.2. Las conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a extremos de naturaleza fáctica y probatoria, no logran ser conmovidas por la recurrente.
III.2.a. Ante todo, cabe recordar que apreciar el material probatorio y evaluar la conducta de las partes a fin de determinar si se ha configurado -o no- la injuria legitimante del despido, constituyen materias reservadas a los jueces de grado, que sólo pueden revisarse en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT) o se ha incurrido en absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa (causa L. 102.095, "Lescano", sent. de 1-IX-2010; L. 111.419, "Guzmán", sent. de 13-XI-2012 y L. 117.678, "Falcón", sent. de 17-XII-2014; e.o.).
III.2.b. La impugnante no ha denunciado que el tribunal hubiera valorado la injuria sin la prudencia que la ley exige y tampoco demuestra que hubiera mediado una absurda valoración de la prueba.
En efecto, se limita a cuestionar la habilidad de los testigos cuyas declaraciones ponderó el juzgador a los fines de tener por acreditados los hechos que dieron motivo al despido, pero sus argumentos son ineficaces porque -en primer lugar- de las constancias de la causa no surge que los deponentes Omar José y Patricio Omar Barreto tuvieran una relación de parentesco con el actor y, en segundo término, la circunstancia de que uno de ellos tenga un juicio pendiente con la propia accionada no es motivo suficiente para descalificar su testimonio si, a criterio del tribunal de grado, su declaración guardó objetividad (causas L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 102.040, "Brea", sent. de 10-X-2012 y L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015).
Es pertinente resaltar que, atento a las características del proceso laboral, las declaraciones testimoniales no pueden -en principio- ser revisadas por esta Corte, quedando su valoración reservada a los jueces de la instancia ordinaria, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de apreciación en conciencia, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 109.848, "Torres", sent. de 3-X-2012; L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013 y L. 108.698, "Arguello", sent. de 10-XII-2014; e.o.). Máxime cuando -como aquí ocurre- el interesado no requirió que la vista de causa fuera videograbada, y que omitió ejercer la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653, por lo que, en tales condiciones, no puede este Tribunal pronunciarse sobre una versión de su contenido incorporadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que colisiona con aquella cuya apreciación en conciencia ha efectuado el tribunal (causas L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011; L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014 y L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016). En dicha oportunidad bien pudo -y no lo hizo- solicitar que se dejara constancia de las circunstancias que -según denuncia a fs. 490 vta.- se habrían revelado en la vista de la causa respecto al parentesco de los testigos con el demandante.
En definitiva, la queja no exterioriza más que la personal versión de la interesada sobre cómo debieron ponderarse los testimonios, técnica carente de idoneidad para la verificación del vicio de absurdo (causa L. 85.851, "Avalos", sent. de 18-XI-2008).
III.2.c. Por otra parte, el agravio que gira en torno a la mejor remuneración mensual, normal y habitual que el tribunal de origen tomó como base para el cálculo indemnizatorio, no es de recibo, toda vez que es fruto de una reflexión tardía, resultando -por ende- novedoso.
En el escrito de inicio el promotor del pleito refirió que cobraba un haber mensual de $7.723 (v. dem., fs. 132). Señaló, además, que dicha remuneración se encontraba compuesta por una suma "en blanco" que a la finalización del contrato ascendió a $4.412, y por un importe pagado "en negro" que fluctuaba entre $2.861 y $4.148, es decir, entre un 50% y 100% de la primera (v. dem., fs. 135 in fine ).
Frente a ello, al contestar la demanda, la accionada negó que el actor percibiera un salario de $7.723 (v. fs. 283 vta.), como así también que su parte abonara sumas en negro y que éstas oscilaran entre el 50% y 100% de la remuneración en blanco (v. fs. 284 y vta.). A ello agregó que "...se adjuntaban recibos originales de pago en los cuales consta el monto percibido por el trabajador en su período laboral, desconociendo y negando la existencia de pagos en negro o distintos a los que figuraban en los mismos" (fs. 286).
Si bien se formularon tales negativas, y consignó el derrotero que siguió el intercambio epistolar cursado entre las partes, en cambio no se plasmó consideración alguna respecto del haber mensual denunciado por el accionante en su primigenia comunicación ($7.346), ni de la transgresión de la denominada "doctrina de los actos propios" que ahora esgrime en sustento de su postulación recursiva. Tampoco del evocado apartamiento a exigencias previstas por art. 11 de la ley 24.013 (v. rec., fs. 492/493 vta.).
Sin dejar de recordar que el pago de parte del salario en forma clandestina fue categóricamente tenido por probado por el tribunal de trabajo (v. vered., tercera cuestión, fs. 448 vta.) y, con ello, el salario denunciado por Zambón en la demanda (v. sent., fs. 449), la deficiencia técnica que porta esta parcela del recurso se patentiza al observarse que recién ante el resultado adverso del fallo a sus intereses, pretende la impugnante introducir en casación un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, constituyendo por ello una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en esta sede extraordinaria (causas L. 98.773, "Martinez", sent. de 3-XI-2010; L. 98.492, "Molina", sent. de 23-XI-2011 y L. 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012).
III.2.d. También debe rechazarse la objeción planteada en torno a la definición de grado que declaró procedente el reclamo vinculado a las horas extra, ello en razón de su manifiesta insuficiencia técnica.
Sin perjuicio de que la recurrente no se ha detenido a cuestionar con precisión los argumentos expuestos por el tribunal de origen para fundar el pronunciamiento, tampoco cumplió con la ineludible carga de denunciar la transgresión de los preceptos normativos y de la doctrina legal vinculados a la solución alcanzada.
Sabido es que una característica propia de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación y, en ese marco, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015 y L. 117.853, "Gregorini", sent. de 10-VI-2015; e.o.).
Ello implica que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe acatar -ante todo- el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada. Si ello no se cumple, tal deficiencia resulta insalvable.
Bajo tales lineamientos, advierto que la parte interesada omitió concretamente denunciar como infringida la totalidad de las normas (arts. 197 y 201, LCT; 1 y 6, ley 11.544; 21, dec. 16.115/33 y 1, Convenio 1 de la OIT; v. vered., segunda cuestión, fs. 448 y sent., fs. 455 vta.) y de la doctrina legal (causas L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012 y L. 113.518, "Capris", sent. de 29-X-2014) en las que el tribunal de trabajo sustentó este tramo del fallo, sin que la Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión en que incurre la parte interesada al formular su impugnación (causas L. 116.759, "Chalfon", sent. de 6-VIII-2014 y L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015).
En tal sentido, al soslayarse mencionar las disposiciones esenciales y la doctrina legal sobre la cual se sustentó el decisorio -vinculada con la suerte del recurso- quedó insatisfecha la carga de fundamentación adecuada.
III.3. Igualmente improcedente deviene el cuestionamiento que versa sobre la extensión de la condena a los coaccionados Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss, decidida en el fallo atacado.
III.3.a. El tribunal de la instancia ordinaria, haciendo lugar a lo solicitado por el accionante en la demanda (v. fs. 140/142) juzgó verificada su responsabilidad personal -que deriva de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550- toda vez que, sostuvo, quien impulsa (o, en el mejor de los casos, tolera) la evasión de normas laborales al registrar deficientemente el contrato de trabajo, en modo alguno puede ser considerado un "buen hombre de negocios". Explicó que tal proceder, además de configurar una causal de mal desempeño, importa un comportamiento violatorio de la ley (los arts. 52, LCT y 17 y 18, ley 24.013) que provoca un daño a terceros, es decir, a lo
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