Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora rechazó la acción promovida por Alicia Marta Wojtowicz contra Círculo Social Italiano Michelangelo Asociación Civil, en procura del cobro de daño moral, las indemnizaciones por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 167/172 vta.).
Para así decidir, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, concluyó que no pudo comprobarse que entre las partes existiera una relación de trabajo con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica. Por el contrario, juzgó que las tareas cumplidas por la actora lo fueron en su carácter de asociada y miembro de la comisión directiva de la institución demandada, no acreditándose, además, la extensión de la jornada de trabajo denunciada, como tampoco que hubiera recibido órdenes e instrucciones o remuneraciones por parte de la misma.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 182/189 vta.), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 190 y vta.
En su presentación menciona las normas y la doctrina que considera violadas, alega absurdo en la valoración de la prueba, especialmente respecto de la ponderación efectuada sobre las declaraciones de los testigos. En rigor, su crítica se dirige a objetar la conclusión de grado en cuanto tuvo por no acreditada la relación laboral invocada.
Finalmente, se disconforma de la condena en costas a la actora.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
III.2. En la especie, si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado.
En efecto, la impugnante -por conducto de su particular punto de vista- extrae de la prueba producida una conclusión contraria a la arribada por el sentenciante, con el único propósito de ajustarla a su pretensión de demostrar el vínculo de trabajo invocado. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al tribunal de trabajo las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba, lo cual no resulta idóneo para acreditar que la sentencia está viciada por absurdo (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
Además, olvida la recurrente que la valoración y apreciación de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 115.688, "Beron", resol. de 27-VI-2012 y L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013), que -como se dijo- en el caso no se logra demostrar.
III.3. Por otro lado, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 113.174, "Altube", resol. de 22-XII-2010 y L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011).
III.4. Corresponde agregar, que el principio de primacía de la realidad que preside la materia laboral y consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, cuya omisa aplicación denuncia la recurrente, hace que deban prevalecer los hechos verificados en la causa por sobre las formalidades o apariencias (causas L. 89.937, "MedicSkontra", sent. de 14-V-2008 y L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011), supuesto que no es el del caso bajo estudio, donde la temática que conformó el debate y el modo en que se resolvió la contienda no denotan un apartamiento por parte del juzgador del indicado postulado rector.
III.5. En lo atinente al reproche que porta la impugnación relativo a la transgresión de la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la misma queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por el actor no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 118.063 "Capristo", resol. de 22-X-2014), como sucede en el caso.
III.6. Por último, la crítica relativa a las costas resulta igualmente improcedente. En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015), extremos que no se verifican en la especie, donde sólo se exhibe la mera disconformidad de la recurrente en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:53:38 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:44:20 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:01:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 18:00:14 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia