Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Nadia Estefanía Pueyrredón contra CVI Concesionaria Vial S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza salarial (v. fs. 161/174).
Para así decidir, entendió que la actora no logró demostrar el elemental y sustancial apoyo de su acción, cual es la existencia de un contrato de trabajo por temporada, en tanto la prueba colectada en la causa dio cuenta que la modalidad que uniera a las partes era la de un contrato a plazo fijo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo 4-II-2019), concedidos por el tribunal de grado a fs. 197/198, el segundo en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Habiéndose conferido vista al Procurador General a fs. 206 (v. dictamen fs. 207/208 vta.).
III.1. En el primero de los remedios intentados, la recurrente denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial. Acusa que el sentenciante introdujo, indebidamente en el veredicto, una cuestión no sometida a su decisión por la accionada, propiciando -además- la anulación del fallo en virtud de haberse afectado el debido proceso y la defensa en juicio de la actora.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no es de recibo.
III.3. Huelga recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
Así, en el caso, el embate articulado carece de andamiaje, desde que este Tribunal tiene dicho, en forma reiterada, que el vicio de demasía decisoria o resolución extra petita en que habría incurrido el juzgador, resulta ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, puesto que la hipótesis configuraría una eventual infracción a normas procesales, subsanable por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 89.315, "Aguilera", sent. de 25-XI-2009; L. 108.445, "Severini", sent. de 5-VI-2013 y L. 120.314, "Martinez", resol. de 13-IX-2017).
Asimismo, corresponde señalar que resulta improcedente el recurso extraordinario de nulidad que -como en el caso-, si bien alega violación del art. 168 de la Constitución provincial, no denuncia omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales, ni indica cuáles serían las preteridas (causas Ac. 75.207 "Guzmán", sent. de 20-IX-2000 y L. 119.524, "Sánchez", resol. de 6-IV-2016).
Importa agregar que no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, la acusación que trae la interesada vinculada al presunto quebranto de garantías de raigambre constitucional, en tanto, tal temática resulta propia del de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013 y L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014).
Finalmente, cabe mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Alega conculcado el principio de congruencia y diversas garantías constitucionales. En particular, cuestiona que el juzgador arribó a la decisión debatida, apartándose de la base fáctica invocada por la accionada.
V.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 197), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
IV.2. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la impugnante pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos 311:2.478), entre otras. Sin embargo, el tenor de los planteos ensayados por la interesada no permite considerar involucrada-de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009 y L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013).
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como-en el caso- el valor del litigio previsto en el citado art. 278) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, ninguno de los planteos impugnativos introducidos en el sub lite permiten considerar que nos hallamos ante cuestiones de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate de la apelante se vincula a cuestiones de hecho y prueba, como así también de interpretación y aplicación del derecho común que resultan ajenas a la vía establecida en la citada norma (causa L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; CSJN Fallos: 310:1.545, 325:2.192, 1.145).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que, por un lado, la impugnante denuncia como conculcada doctrina relacionada con el principio de congruencia, la cual no resulta hábil para justificar la revisión casatoria en el acotado marco de análisis por el que transita el recurso (causas L. 119.597, "Flores", resol. de 4-V-2016 y L. 121.287, "Chipollini", resol. de 11-IV-2018) y, por otro, la doctrina definitoria del vicio de absurdo, que conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resulta carente de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:06:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 11:13:06 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 29/06/2020 12:13:59 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 30/06/2020 14:20:37 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 30/06/2020 21:57:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia