Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124433
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial de Morón, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la demanda interpuesta por Adriana Amelia Salaberry contra Farmasol S.C.S. en concepto de daño material y moral. Asimismo, condenó a QBE Argentina ART S.A.-hoy Experta ART S.A.- a abonar las sumas que especifico con fundamento en el art. 1.074 del anterior código civil y al pago de la prestación dineraria del art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs.1.032/1.049 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, consideró que correspondía calificar de cosa productora de riesgo a las tareas prestadas por la accionante, las que le ocasionaron la incapacidad acreditada en autos. De igual modo, juzgó que la aseguradora incumplió con sus obligaciones derivadas de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, al no llevar adelante el control que tenía a su cargo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la codemandada QBE Argentina ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VI-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 1.061/1.063 vta. en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo y la conculcación a las normas y garantías constitucionales que enuncia.
En lo sustancial objeta la condena impuesta por el tribunal de grado, en tanto entiende que, de su parte, no existió incumplimiento alguno respecto de sus obligaciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo que puedan vincularse con las dolencias detectadas a la actora. Luego se agravia de la condena impuesta en los términos de la Ley de Riesgos de Trabajo, afirmando que no integraba la litis. Finalmente cuestiona la imposición en costas y la regulación de honorarios los apela por altos.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 1062), por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2 En este contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, respecto del primer agravio expresado se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015 y L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018).
En este sentido, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018).
III.3. Igual suerte ha de correr el cuestionamiento dirigido a objetar la condena en los términos de la ley 24.557, en tanto que la impugnante, para sustentar su pretensión, denuncia como conculcada doctrina relacionada con el principio de congruencia, la cual no resulta hábil para justificar la revisión casatoria en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso (causas L. 98.699, "Juarez", sent. de 21-XII-2011; L. 115.449, "Gamaleri", resol. de 5-III-2014; L. 118.766, "Clemente", resol. de 28-X-2015; L. 119.597, "Flores", resol. de 4-V-2016 y L. 121.287, "Chipollini", resol. de 11-IV-2018).
III.4. Finalmente, la crítica vinculada a las costas y a la regulación de honorarios tampoco es de recibo, pues nuevamente en esta parcela la recurrente omite denunciar la violación de precedentes de esta Corte que considera infringidos (causa L. 104.912, "Acosta", sent. de 30-V-2012 y L. 117.747, " Jaime", resol. de 10-IX-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:06:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 11:12:46 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 29/06/2020 12:13:47 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 30/06/2020 14:20:11 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 30/06/2020 21:57:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia