Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120455
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.455, "Felgueras, Fermín Ignacio contra Gauna, Héctor Daniel y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 918/936 vta.).
Se dedujo, por la citada en garantía, Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 968/994 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En lo que interesa, el tribunal de grado juzgó probado que el señor Ignacio Fermín Felgueras trabajó para el codemandado Héctor Daniel Gauna, cumpliendo funciones de "chofer" de corta y larga distancia a bordo del camión Mercedes Benz (dominio ADB 128) de propiedad de éste último, ello, desde el día 1 de julio del año 2006 hasta el día 9 de octubre del mismo año, fecha en que se consideró despedido ante el desconocimiento del vínculo laboral por parte de su empleador y la falta de respuesta a distintos reclamos, decisión ésta que el a quo consideró justificada en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 918/920 y sent., fs. 925 vta./928).
En consecuencia, condenó al señor Gauna a abonar la suma que estableció en concepto de rubros salariales e indemnizatorios derivados del despido y las penalidades previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561. Luego, tras considerar verificado el supuesto previsto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, extendió la responsabilidad por el pago de dichos créditos a Transportes Socorro S.R.L., en tanto -dijo- resultaban emergentes de obligaciones derivadas de la relación laboral y su extinción (v. sent., fs. 928/929).
I.2. Por otro lado, consideró acreditado que el día 6 de septiembre del año 2006 el accionante sufrió un infortunio mientras revisaba el sistema de frenado del camión antes referido; concretamente, se señaló que en ocasión de encontrarse llevando a cabo esa labor, se desprendió parte del "pulmón de freno" del vehículo e impactó sobre su rostro, provocándole graves lesiones, secuelas funcionales y estéticas y una minusvalía física y psicológica en el orden del 49,65%, según el método de capacidad restante (v. vered., fs. 920/921 vta.).
También juzgó demostrado que a la fecha del aludido accidente el empleador tenía contratados dos seguros con Federación Patronal Seguros S.A. Destacó que surgía del dictamen pericial contable (v. fs. 741/757) la existencia de una póliza por accidentes personales (n° 356822), cuyo beneficiario era el actor en su calidad de dependiente de Gauna, contando como riesgo cubierto -según los respectivos certificados- la muerte accidental, invalidez (hasta $180.000) y asistencia médica (hasta $10.000). Asimismo, verificó la contratación de una póliza de seguro automotor (n° 9624539), con cobertura de la responsabilidad civil hasta un límite máximo de $10.000.000, con igual beneficiario y contratantes (v. vered., fs. 921 vta.).
Sobre esa base, tras destacar que toda cuestión relativa a su competencia para dirimir la pretensión deducida había quedado ya dilucidada (v. fs. 511), se dispuso a resolver el reclamo por el cobro de la indemnización fundada en el derecho civil (v. sent., fs. 929 y vta.).
En esa labor, juzgó configurados los presupuestos previstos en el art. 1.113 del Código Civil (vigente a la fecha del siniestro), por cuanto entendió que las consecuencias dañosas derivadas del accidente provenían de la actuación de una cosa riesgosa (unidad automotor) perteneciente al señor Gauna, descartando la tesis expuesta por éste último respecto a que el evocado suceso era atribuible a la actuación imprudente de la propia víctima. Concluyó entonces, que el empleador debía -"como dueño o guardián del vehículo que tenía bajo su cuidado y con el que además lucraba"- resarcir el perjuicio ocasionado a su dependiente (v. sent., fs. 929/931 vta.).
Luego, valorando la incidencia de la minusvalía del actor en relación con sus circunstancias personales, el a quo sostuvo que el resarcimiento debía aproximarse al porcentaje de disminución del salario que debería percibir el trabajador hasta su jubilación definitiva (v. sent., fs. 932). Bajo tales parámetros, estimó el perjuicio material en la suma de $546.000, con más $54.600 por daño moral y $2.000 por gastos de farmacia, estudios médicos y asistencia. A su vez, tras efectuar el cotejo con el monto correspondiente a las prestaciones previstas en la ley 24.557 ($148.734, conf. art. 14, LRT), descalificó la validez constitucional del art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 932 y vta.).
Dispuso que en virtud de las pólizas de seguro contratadas entre el codemandado Gauna y Federación Patronal Seguros S.A. ambas debían responder solidariamente por el importe determinado en concepto de indemnización por daños y perjuicios. En cambio, atendiendo a la forma en que quedó resuelta la cuestión planteada y dado el fundamento del resarcimiento propuesto (responsabilidad por la cosa riesgosa; art. 1.113, Cód. Civ.) desestimó la pretensión respecto de la contratista Transportes Socorro S.R.L. (v. sent., fs. 932 vta./933 vta.).
Determinó además que el capital de condena devengaría intereses, desde que cada suma fue debida y hasta el efectivo pago, a la tasa que pagase el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a plazo fijo digital a treinta días (v. sent., fs. 933 vta. y 934).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la compañía de seguros citada en garantía denuncia la violación de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 43, 75, 116 y 117 de la Constitución nacional y de doctrina legal que cita (v. fs. 968/994 vta.).
II.1. Alega que el tribunal del trabajo carece de competencia para dirimir el pleito, pues entiende que le corresponde a la justicia civil.
Insiste en que, ya en virtud de la póliza de seguro por accidentes personales que vinculara a su parte con el actor o bien para el caso de la póliza por automotores, la justicia laboral no es competente (v. fs. 973/977).
II.2. Expresa que la póliza por automotor no fue debidamente evaluada en la sentencia, aseverando la existencia de un supuesto de "no seguro" o de "exclusión de cobertura" (v. fs. 977/978 vta.).
Aduce que el desconocimiento de la relación laboral por parte del señor Gauna, impidió a la aseguradora rechazar la contingencia y oponer las respectivas defensas en el marco de la ley de seguros. Precisa que fue a partir de la sentencia que quedó reconocida la existencia del vínculo, lo que pone de manifiesto que los daños reclamados se encontraban excluidos de cobertura por aplicación de la cláusula 22 punto 15.2 del contrato de seguro de automotor que establece que el asegurador no es responsable por los siniestros producidos "y/o" sufridos por el vehículo o su carga cuando se trate de "...personas en relación de dependencia laboral con el asegurado y/o conductor en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo" (fs. 977 vta.).
II.3. Sostiene que la decisión resulta arbitraria y dogmática, por cuanto el a quo no explicó cuál fue el criterio seguido para mensurar los importes fijados en concepto de daño patrimonial y moral (v. fs. 979/981).
II.4. Objeta que no se hubiera extendido la condena por los daños y perjuicios a la empresa Transportes Socorro S.A. en razón de la responsabilidad solidaria que se le atribuyó en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 981/982 vta.).
II.5. Dice que el tribunal soslayó pronunciarse sobre la póliza por accidentes personales, en tanto nada dijo en referencia a la cobertura contratada y a los límites del seguro.
Alega que su parte prestó la debida atención médica y farmacéutica al accionante, pero que la discapacidad física que surge de la pericia médica no se encuentra estipulada dentro del baremo de incapacidad indemnizable por la referida póliza. Entiende que la sentencia es arbitraria en cuanto condena a la compañía de seguros omitiendo analizar la existencia de nexo causal entre las condiciones de la póliza y el daño supuestamente infringido a la contraria (v. fs. 982/984).
II.6. Expresa que en tanto los rubros que integran la condena fueron fijados a valores ajustados a la fecha del pronunciamiento, la aplicación de intereses importa una doble actualización de dicho monto y un enriquecimiento sin causa de la parte actora (v. fs. 984/985).
En subsidio, objeta que se dispusiera el cálculo de los intereses conforme la tasa pasiva digital, vulnerando así la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 971 vta./988). Postula, además, que el tribunal ha fallado ultra petita ya que el actor nunca solicitó la aplicación de dicha tasa, por lo que el fallo incurre en ultra petita y transgrede el principio de congruencia (v. fs. 988).
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el agravio en el que se cuestiona la competencia del tribunal de grado.
Como fuera señalado en la sentencia impugnada (v. fs. 929 vta.), en ocasión de resolver la excepción planteada por la aquí recurrente (v. fs. 210, 493 vta. y 494), el tribunal de grado declaró su competencia para intervenir en la presente (v. fs. 507/511), decisión que no mereció en dicha oportunidad reproche alguno por parte de la interesada y que, en consecuencia, arriba firme a esta instancia extraordinaria, sin que pueda ser revisada por esta Suprema Corte.
Entonces, el cuestionamiento traído remite a una cuestión definida en una instancia anterior a la sentencia definitiva y -por tanto- ajena al ámbito del recurso en tratamiento (causas L. 96.489, "Fink", sent. de 2-II-2009; L. 115.041, "Viani", sent. de 3-VI-2015; L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018; e.o.), circunscripto al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018).
Dable es recordar que la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante, los vicios que pudieran eventualmente presentar. La preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 99.432, "González", sent. de 14-VII-2010; L. 103.400, "Crespín", sent. de 12-XII-2012 y L. 120.037, "Olguin", sent. de 30-V-2018).
III.2. Sentado lo anterior, deviene inatendible la pretendida aplicación al caso de la evocada cláusula de "no seguro" o "exclusión de cobertura".
La interesada postula que habiendo sido reconocida en el fallo la existencia de una relación laboral entre el actor y su asegurado -quien, aduce, maliciosamente le ocultó su condición de empleador del damnificado- resulta de aplicación la cláusula pactada en el contrato de seguro automotor que la exime de brindar cobertura al siniestro de autos.
Tal planteo luce novedoso y, por tanto, improcedente para habilitar la vía recursiva.
En efecto, al contestar el traslado ordenado por el tribunal de grado a fs. 491 (oportunidad que -precisamente- se le brindó para que pudiera expedirse en lo atinente al mentado contrato de seguro), al expedirse sobre la cuestión de fondo debatida, la aseguradora -lejos de esgrimir la defensa que ahora intenta introducir en el litigio- se limitó a sostener que en el caso se verificaba un supuesto de eximición de responsabilidad en los términos del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield (v. apdo. III del escrito obrante a fs. 493/495).
Lo antes señalado evidencia la improcedencia del planteo que porta este tramo del recurso, pues tiene dicho esta Corte que las argumentaciones que conforman una defensa novedosa, por no haber sido sometidas a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, son inatendibles en casación (causas L. 117.360, "Ferreyra", sent. de 17-XII-2014; L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015 y L. 116.588, "Gómez", sent. de 12-IV-2017).
III.3. Luego, alterando el orden en que fueron traídos los agravios, cabe destacar que tampoco resulta procedente el cuestionamiento por el que se le imputa al a quo haber omitido analizar las manifestaciones efectuadas en torno a la póliza de accidentes personales.
No obstante que lo expuesto en el apartado anterior resulta suficiente para confirmar la decisión de grado que dispuso la condena de la aseguradora en el marco de las pólizas contratadas por el empleador codemandado -y corroboradas por el informe pericial contable-, he de recordarle a la interesada que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar la denuncia por omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (causas L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; L. 119.318, "González", sent. de 18-X-2017; e.o.).
III.4. No mejor suerte ha de seguir el planteo dirigido a censurar el monto establecido por el tribunal actuante en concepto de reparación integral.
Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de grado ajena -en principio- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 100.496, "Esquivel", sent. de 10-III-2011; L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015 y L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018).
En este marco, el recurso luce insuficiente para modificar lo resuelto, en tanto la compareciente no ha denunciado la violación de las normas del Código Civil que regulan la reparación integral ni ha invocado eficazmente el vicio absurdo, que tampoco lograría demostrar con la mera enunciación de su criterio discrepante, ineficaz como tal para rebatir la decisión adoptada por el tribunal de grado sobre una temática que, como ya se dijo, concierne a sus facultades privativas (causa L. 99.075, "Melanowicz", sent. de 3-VII-2013; e.o.),
III.5. Igualmente, inatendible resulta la pretensión dirigida a obtener la extensión de la condena por el pago de la indemnización por daños y perjuicios a la empresa Transportes Socorro S.A.
Más allá de otras consideraciones que podrían formularse, en el caso se juzgaron configurados los presupuestos de la responsabilidad atribuidos al empleador en su condición de único dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño padecido por el actor (conf. art. 1.113, Cód. Civ.). Tal conclusión, que arriba firme, denota la improcedencia del planteo ahora esgrimido por la aseguradora citada en garantía, condenada bajo esos lindes, en razón de la cobertura contratada por el señor Gauna.
III.6. La crítica que refiere a la aplicación de intereses tampoco puede prosperar.
Al respecto, basta con señalar que no se advierte que las pautas seguidas por el juzgador impliquen la utilización de algún mecanismo de actualización del crédito como lo señala la recurrente para repeler la imposición de los acrecidos.
III.7. Sentado ello, y toda vez que el actor reclamó expresamente la inclusión de intereses entre sus peticiones (v. fs. 79 vta.), tampoco puede tener cabida la alegada vulneración del principio de congruencia.
Ello así, porque no resulta infringida dicha regla si los jueces de la causa no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, los que tuvieron respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal en el pronunciamiento dictado (causas L. 114.641, "Domínguez", sent. de 23-XII-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; e.o.), como -entiendo- ocurre en el caso.
III.8. Por último, debe ser rechazada la crítica orientada a controvertir la tasa de interés cuya aplicación se determinó en el fallo impugnado.
Como se anticipó, el tribunal dispuso en el pronunciamiento atacado que el capital de condena devengaría intereses conforme la tasa pasiva digital que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 933 vta. y 934).
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, estableció con carácter de doctrina legal que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Luego, la decisión adoptada por el órgano de grado encuentra respaldo en la doctrina legal vigente de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar el recurso también en este aspecto.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por mi colega doctor Soria en los puntos III.1., III.2., III.3., III.4., III.5., III.6. y III.7. de su voto.
II. En lo referido a la tasa de interés concuerdo con el rechazo del agravio traído, remitiéndome -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente" (sents. de 31-X-2016; e.o.), pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. S
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