Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121810
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.810, "Varga, Américo Ladislao contra Clínica Privada Gregorio Marañon y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 1.144/1.158 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.164/1.179).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Américo Ladislao Varga contra la Clínica Privada Gregorio Marañon S.A. por la que procuraba la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La rechazó -en cambio-, en lo que resulta de interés por constituir materia de agravios, en cuanto perseguía la percepción de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso; la integración del mes de despido, vacaciones, el incremento indemnizatorio previsto por el art. 2 de la ley 25.323; las multas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la ley 20.744 y el resarcimiento por daño moral (v. fs. 1.144/1.158 vta.).
Asimismo, desestimó la pretensión de extender solidariamente la condena contra Carlos Osvaldo Bergna y Mario Hugo Altomonte -directores de la clínica- (art. 54, Ley de Sociedades Comerciales).
Con sustento en la prueba documental, las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, el peritaje contable, el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653, la presunción que emana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y a la luz del principio de primacía de la realidad, juzgó acreditado que el señor Varga ingresó a trabajar bajo la dependencia de la Clínica Privada Gregorio Marañon S.A. el día 1 de marzo del año 1990, en forma ininterrumpida y hasta su egreso, ocurrido -según baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- el 10 de mayo de 2013, cumpliendo funciones como Director Médico de la institución, siendo su mejor salario mensual percibido el denunciado al promover la demanda, esto es, el de $25.000 (v. vered. primera cuestión, fs. 1.144/1.146 vta. y sent., fs. 1.152 vta./1.155).
En lo específicamente relacionado con la configuración del despido, el juzgador tuvo por demostrado que la demandada desconoció expresamente en su escrito de responde los telegramas acompañados por la actora a fs. 12/23, ordenándose en el auto de apertura a prueba (consentido por las partes) el libramiento del oficio respectivo al Correo Argentino con el objeto de probar su autenticidad, remisión y recepción, no procediendo el reclamante, como era su carga (art. 375, CPCC), a su libramiento (v. vered. segunda cuestión, fs. 1.147).
Sobre dicha plataforma fáctica, declaró que el promotor del pleito no logró demostrar que hubiera intimado previamente a la accionada, ni tampoco que hiciera efectivo su distracto en cumplimiento de las disposiciones del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo (al no constatar la autenticidad, remisión y recepción de los telegramas, no adunando comunicación fehaciente e intimación previa de su voluntad rupturista del vínculo laboral que lo unía con el accionado) por lo que rechazó la demanda en procura de la indemnización por despido y los restantes rubros ya referidos (v. fs. 1.155/1.156 vta.)
En otro orden, tuvo por no acreditado que la empresa demandada se hubiera constituido en forma irregular y fraudulenta con el propósito de violar la ley, el orden público laboral (arts. 7, 12, 13, 14 y conc., LCT), la buena fe (arts. 32 y 63, LCT), o para frustrar derechos de terceros, ni tampoco que se insolventara para no abonar créditos laborales o que los señores Bergna y Altomonte aplicaren fondos o efectos a uso o negocio de cuenta propia, para que se den los supuestos de solidaridad (art. 54, Ley de Sociedades Comerciales; v. vered. séptima cuestión, fs. 1.148 y vta.); motivo por el que desestimó la acción a su respecto (v. sent., fs. 1.157).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15, 39 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 11, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 34, 44 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 1.164/1.179).
Objeta el fallo en cuanto declaró no consumado el despido indirecto.
Expresa que al juzgar no acreditada la autenticidad, remisión y entrega de los telegramas obrantes a fs. 12/23, el tribunal de origen incurrió en una absurda interpretación del escrito de contestación de la demanda y soslayó, sin justificativo alguno, las propias declaraciones y documental acompañada por los accionados.
Sostiene que durante todo el trámite del proceso estos últimos nunca negaron haber recibido las intimaciones cursadas, mucho menos la notificación del autodespido. Es más, explica, dieron de baja ante la AFIP al trabajador e iniciaron un expediente de consignación judicial (agregado a estas actuaciones) a través del cual depositaron la liquidación final y -aunque deficientemente- entregaron los certificados previstos por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
De allí que, afirma, los demandados no cuestionaron la notificación del despido indirecto, antes bien, lo reconocieron expresamente al contestar la demanda, así como al iniciar la acción por consignación, donde acompañaron las cartas documento originales por ellos libradas (v. fs. 350, 352, 353, 355, 357, 359 y 361), reconociendo la existencia, autenticidad, fecha de remisión y recepción de los telegramas agregados por el accionante a estas actuaciones a fs. 12, 13, 15 y 16 (v. fs. 1.168 vta. y 1.169).
Aduce que si bien en su escrito de responde la sociedad demandada desconoció tales documentos telegráficos, las cartas documento originales acompañadas por ella resultan suficientes para que dicho desconocimiento no pueda causar ningún efecto jurídico o procesal.
Agrega que conforme se desprende de las comunicaciones cursadas por la Clínica Privada Gregorio Marañon S.A. y el señor Carlos Osvaldo Bergna en su carácter de presidente de la persona jurídica, éstos dieron cuenta de haber recibido y dado puntual y concreta respuesta a la intimación liminar del señor Varga, como así también a la notificación del despido indirecto por él decidido (v. fs. 1.169 vta.).
Explica que la jurisprudencia es conteste en señalar que los telegramas, como instrumentos gratuitos cursados a través del Correo Argentino, revisten la calidad de documentos públicos y el mero desconocimiento efectuado por el emplazado no los inhibe de la autenticidad que poseen ni de su contenido (v. fs. 1.171 vta.).
Indica que el telegrama colacionado que legisla la ley 23.789 también constituye un documento público. Sin embargo, expone, la autenticidad que surge de tal condición se refiere a su contenido y firma, pero no se hace extensiva a su recepción, la cual debe ser acreditada con el correspondiente "aviso de recepción", o con el informe brindado por la empresa de correos, salvo que, como ocurrió en el caso, la demandada haya acompañado los instrumentos que dan cuenta de que no sólo los ha recibido, sino que además los ha contestado puntualmente, identificándolos por número, formulario y fecha de timbrado, expresando el contenido de sus respuestas el tenor de su rechazo (v. fs. 1.172).
Aduce que las comunicaciones postales analizadas tienen suficiente validez probatoria, ya que fueron redactadas en los formularios de estilo (ley 23.789) y en ellas se encuentran insertas el sello de la oficina postal, no resultando posible objetarlas o desconocer su validez sin dar razones para ello o redargüirlas de falsedad (v. fs. 1.173).
En suma, afirma que sostener como lo ha hecho el tribunal de mérito, que la falta de libramiento de oficio al Correo Argentino le impide tener por auténticos los instrumentos públicos acompañados con la demanda o su recepción por el destinatario, sólo resulta posible como consecuencia de una valoración abstracta, parcial, subjetiva, arbitraria y carente de fundamento fáctico y jurídico (v. fs. 1.176).
También esgrime algunas consideraciones para abonar su postura de que, en caso de duda en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, los magistrados debieron resolver -por aplicación del principio in dubio pro operari o (art. 9, LCT)- en sentido más favorable al trabajador (v. fs. 1.173 vta./1.175 vta.).
Solicita que, para el caso de revocarse la sentencia en el aspecto señalado, se extienda la condena a los codemandados Bergna y Altomonte quienes -afirma- a título personal y a diferencia de la sociedad que dirigen, no desconocieron la autenticidad de las piezas postales en oportunidad de contestar la demanda, por lo que deben tenerse por reconocidas (v. fs. 1.169).
III. El recurso no prospera.
III.1. Como anticipé, el tribunal de grado consideró que el actor, frente al desconocimiento de la parte demandada, no acreditó la autenticidad, remisión y recepción de los telegramas cuya autoría se atribuye, no probando "por ende" haber intimado previamente a la accionada, ni tampoco hacer efectivo su distracto en cumplimiento con las disposiciones del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sostuvo el juzgador que el promotor del pleito no tramitó el oficio al Correo Argentino que el tribunal ordenó librar a pedido de la propia parte actora (v. vered., segunda cuestión, fs. 1.147) y, en consecuencia, al no haberse acreditado las intimaciones fehacientes que exige la normativa vigente, desestimó la demanda interpuesta en cuanto procuraba el pago de la indemnización por despido (v. sent., fs. 1.156 vta.).
III.2. Como se relató, la crítica orientada a descalificar la decisión del sentenciante se asienta, esencialmente, en que al pronunciarse sobre los envíos telegráficos acompañados con el escrito de inicio, el sentenciante incurrió en un error evidente, pues resolvió la controversia a partir de la eficacia del desconocimiento formulado por la demandada -e, igualmente, en la falta de diligenciamiento del oficio respectivo- ignorando que las piezas postales remitidas por el señor Varga fueron respondidas por sus destinatarios, circunstancia que acredita el conocimiento que ambas partes tenían sobre sus planteos y defensas. Por lo demás -añade- tales documentos revisten la calidad de instrumentos públicos y, en tales condiciones, gozan de la presunción de su autenticidad.
III.3. Anticipo que la impugnación así formulada luce insuficiente para neutralizar lo resuelto por el tribunal de grado (art. 279, CPCC).
III.3.a. En primer lugar, se impone manifestar que en su postulación recursiva el compareciente parte de premisas erróneas. En ese orden, no luce acertado lo expuesto en relación a que "...jamás los demandados a los largo de este proceso negaron haber recibido las intimaciones cursadas" (fs. 1.168 vta.), o bien, que nunca "...cuestionaron la existencia, veracidad, remisión y recepción de las intimaciones que le fueron cursadas y de la notificación de mi despido indirecto, muy por el contrario lo reconocieron expresamente al contestar la demanda..." (fs. 1.169), pues tales aseveraciones contrastan con lo alegado a fs. 405 y 406 del escrito de responde.
No obstante lo cual, tampoco resulta atendible lo dicho en torno a que el tribunal interviniente incurrió en absurda interpretación del escrito de contestación de demanda (inclusive, del escrito que dio inicio al expediente por consignación agregado a la causa), transgrediendo lo normado por los arts. 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial al imponerle a la actora la carga de probar hechos no controvertidos, expresamente reconocidos por los accionados y decidiendo cuestiones no planteadas (v. dem., fs. 1.168 vta. y 1.169).
En este sentido, vale recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012). Partiendo de este enfoque, para abastecer el recaudo de suficiencia del recurso, la impugnante debió denunciar infracción a dicho postulado "y de las normas rituales que lo receptan" (causa L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012), carga ésta que omitió satisfacer en la parcela -me refiero a la denuncia de transgresión del principio de congruencia- y que torna insalvable el manifiesto déficit que exhibe la formulación de la crítica.
En este esquema, no resulta idónea la evocada transgresión en la adjudicación de la carga probatoria (art. 375, CPCC).
III.3.b. En lo que concierne al núcleo de la materia traída a revisión de esta sede casatoria, habré de precisar que en su presentación originaria el interesado acompañó documentación a fin de que sea reconocida o negada por los demandados, y en orden a ellos requirió también, para el supuesto de su desconocimiento, que se librara oficio al Correo Argentino a fin de que informe respecto de la fecha de su emisión y recepción y se expida sobre su autenticidad (v. demanda, fs. 325 vta.).
Como manifesté, motiva la impugnación la orfandad probatoria que le endilgara el tribunal de trabajo en orden a instar la prueba informativa ofrecida por su parte y ordenada -ante la negativa expresa que formulara la accionada respecto de la autenticidad de los telegramas obrantes a fs. 12/23- mediante providencia consentida de fs. 646/648 vta., circunstancia expresamente considerada por el juzgador para arribar a la conclusión que causa agravio y sobre la cual ninguna referencia idónea ha formulado el recurrente.
Las argumentaciones insertas en el recurso tendientes a explicar que el desconocimiento de la documental obrante a fs. 12/23 no puede causar ningún efecto jurídico o procesal porque ante la expresa respuesta de algunas de ellas por la contraparte, aunado al alegado carácter de instrumento público de las comunicaciones enviadas por Correo Argentino, se exhiben como fruto de una novedosa y tardía reflexión en torno a la temática examinada.
Siendo así, la formulación del impugnante no constituye idóneo sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, pues si el planteo no fue llevado a conocimiento del juzgador de la instancia de mérito en la oportunidad procesal pertinente, no es posible articularlo extemporáneamente ante esta sede casatoria, con el propósito de desvirtuar las conclusiones del pronunciamiento atacado.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que ante el resultado adverso del fallo de grado no puede el recurrente rediseñar en casación un nuevo enfoque introduciendo un argumento -fruto en verdad de una reflexión tardía- que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, y por ello no resulta susceptible de ser evaluado ante la instancia extraordinaria (causas L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 117.542, "Mansilla", sent. de 27-V-2015 y L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
III.3.c. Tampoco enervan la decisión de grado las implicancias que el interesado pretende asignarle al expediente de consignación iniciado por la empresa demandada ni a la baja del trabajador ante la AFIP, pues tales argumentos tampoco fueron esgrimidos en la instancia procesal oportuna.
III.3.d. Pongo de manifiesto además que la duda a que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.428- es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si -tal como acontece en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
III.3.e. Llegados a este punto destaco que, en rigor, las motivaciones que definen el contenido de la crítica se diluyen en la mera intención del impugnante de disputarle al juzgador facultades que le son propias y, en ese contexto, apartándose de la línea reflexiva plasmada en el fallo, efectúa un nuevo análisis de las circunstancias fácticas y probatorias de la causas según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 97.814, "Billordo", sent. de 1-XII-2010 y L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015).
En tales condiciones, más allá de que la solución adoptada pueda -o no- resultar discutible u opinable, lo cierto es que el discurso impugnativo de la quejosa no alcanza para demostrar el vicio extremo alegado, pues lo que habilita la acción casatoria es la puesta en evidencia de un importante desarreglo -esto es, una anomalía extrema o una falla palmaria- del proceso mental seguido por el juez, de manera que resulte evidente la irracionalidad de la conclusión a la que ha arribado y que -además- ello haya resultado decisivo en la suerte del pleito. En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que las constancias de autos pudieron ser aquilatadas de otra manera o derivar en otra conclusión, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que se ha incurrido en un error grave, grosero y manifiesto y que ello ha conducido, ya sea en el veredicto o en la sentencia, a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas L. 117.898, "González", sent. de 2-IX-2015 y A. 71.504, "Houcouripe", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
III.4. Finalmente, y más allá de cualquier otra disquisición que pudiera formularse, atento la solución que se propone, pierde virtualidad el tratamiento del embate -introducido de modo subsidiario (v. rec., fs. 1.169)- por el que se pretende la extensión de la condena a los codemandados Bergna y Altomonte.
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Debo decir que hago mío el voto del distinguido colega doctor Negri, cuyo fallecimiento fuera muy lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal, toda vez que su justo tratamiento me había llevado a brindarle oportuna adhesión.
II. A diferencia de la doctora Kogan, entiendo que la impugnación es suficiente a los fines de dejar sin efecto la sentencia de la instancia anterior.
Frente a la decisión del tribunal de origen de rechazar la demanda por indemnización derivada del despido en razón de que la actora no habría probado dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo pese a la carga que le impone el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, por no haber instado la prueba informativa que le hubiese permitido comprobar la autenticidad, remisión y recepción de los telegramas a través de los cuales habría instrumentado las int
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.