Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que el planteo en él introducido ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Natalia Marisol Martínez y condenó a ISS Facility Services S.R.L. e IBM Argentina S.R.L en forma solidaria, a abonarle las sumas que especificó en concepto de sueldo anual complementario proporcional, vacaciones, indemnización del art. 53 ter de la ley 11.653 y diferencias salariales por horas extras. Por otro lado, la rechazó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, sustitutiva de preaviso y las previstas en los arts. 2 ley 25.323 y 43 y 45 de la ley 25.345 (v. fs. 221/233).
Para así decidir, juzgó -en lo que interesa destacar- que la relación laboral finalizó por despido con causa dispuesto por la empleadora, motivado en razones disciplinarias. Asimismo, señaló que la carta documento rescisoria llegó a conocimiento de la trabajadora, y que si bien existió un error material en la denominación jurídica del remitente, tal circunstancia no le quitó validez a la referida comunicación. Finalmente, concluyó que no resultaron controvertidas las causales invocadas por el principal para extinguir el vínculo, en tanto la actora ni en su escrito de inicio, ni en oportunidad de responder el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, negó o cuestionó los motivos injuriosos de su despido.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/246), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 248/250 vta.
III. En el primero de ellos, con sustento en la vulneración del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, alega la omisión de cuestiones esenciales, en tanto entiende que el tribunal de grado omitió valorar las causales de despido denunciadas por la empleadora.
III.1. En principio corresponde recordar, que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
III.2. En tal sentido, la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida ni bien se repara en que por su conducto se pretende cuestionar, en rigor, la forma en que el juzgador de origen resolvió la cuestión, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 114.078, "Huidobro", resol. de 6-V-2015; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
III.3. Además, tampoco resulta procedente el recurso extraordinario de nulidad si la cuestión que se dice preterida ha sido resuelta en forma implícita y negativa para las pretensiones del recurrente -como ocurrió en el caso, en tanto el juzgador de grado entendió que las causas justificantes del despido no se hallaban controvertidas-, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que -como se dijo- el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito de este medio extraordinario de impugnación (causas L. 94.294, "Milla", sent. de 28-IV-2010 y L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la recurrente denuncia absurdo en la valoración de las constancias de la causa, y la vulneración de las normas y doctrina que cita.
Por un lado, se agravia de que, con sustento en el principio de buena fe, juzgara que el error en la denominación jurídica de quien remitió la comunicación rescisoria era de tipo material, pero que no era una persona distinta de quien fuera su empleadora.
En segundo término, objeta que hubiera tenido por no controvertidas las causas justificantes del despido, en tanto entiende que no puede darle al silencio la entidad de una manifestación de voluntad de su parte. Alega que no existe norma legal que obligue al trabajador a negar los hechos que se le imputan, o que el silencio sea considerado reconocimiento de los mismos.
Finalmente, impugna la decisión de la instancia de juzgar no cumplidos los requisitos formales para la intimación a la entrega de los certificados del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en consecuencia, rechazara la multa allí prevista.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. De manera liminar, resulta esencial indicar que el valor del litigio -representado por las sumas reclamadas en la demanda que no prosperaron y que son motivo de agravio- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013).
IV.2.b. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas citadas en apoyo de sus agravios -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016), como son aquellas vinculadas a la determinación de la remisión y recepción de las piezas telegráficas, y, en definitiva, a la valoración del material probatorio para determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo (causas L. 104.304 "Mendoza", sent. de 17-VIII-2011; L. 110.083, "Velardez", sent. de 10-VII-2013 y L. 119.944, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016).
IV.2.c. Finalmente, igualmente inhábiles resultan los precedentes traídos por la recurrente en apoyo de su reproche, relacionados con el rechazo de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto también remiten al análisis de cuestiones de hecho y prueba -como son aquellas relativas a establecer si se configuran o no los presupuestos para su procedencia- y, como se dijo, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 119.685, "Lezcano", sent. de 9-VIII-2017 y L. 121.372, "Sturla", resol. de 3-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que el planteo en él introducido ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/07/2020 12:10:05 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 03/07/2020 21:59:55 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 07/07/2020 21:29:18 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 13/07/2020 14:36:37 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 14/07/2020 08:10:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia