Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123684
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de Avellaneda hizo lugar a la demanda instaurada por Adán Moisés Feliciano y condenó a Biyemas S.A. y Kandiko S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 641/648 vta.).
Para así decidir -por mayoría- consideró que, en virtud de las pruebas aportadas a la causa, no habían sido demostrados los extremos fácticos invocados por las demandadas para justificar el despido del actor.
II. Frente a lo así resuelto se alzan las legitimadas pasivas con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 659/664 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 674 y vta.
En su impugnación denuncian que el tribunal de grado desinterpretó la justa causa de despido invocada, a la vez que no apreció con sana crítica las probanzas rendidas en autos, prescindiendo y desestimando algunas de ellas, y dictando un pronunciamiento absurdo y arbitrario. Por otra parte, aducen que el juzgador interpretó y valoró desacertadamente la prueba oral, y transgredió el art. 46 de la ley 11.653, pues no dejó constancia de las declaraciones testimoniales en el acta de la audiencia de vista.
III. El remedio intentado no es de recibo.
III.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014; L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016 y L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
III.2. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El tribunal de grado, con fundamento en la prueba producida y aportada a la causa, consideró que las accionadas no lograron demostrar la justa causa de despido, motivado en la pérdida de confianza, como consecuencia de un faltante de caja el día 19 de noviembre de 2016 en el cierre del cajero electrónico n° 8.
III.3.a. Esta conclusión del fallo, no logra ser conmovida por las recurrentes, en tanto no cumplen con la carga de acreditar el absurdo alegado, pues sólo se limitan a efectuar una personal y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo.
En efecto, las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la injuria no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva de las interesadas, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas y los testimonios brindados, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019).
Recuérdese que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento. Ello así, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las pruebas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria (causas L. 117.047 "Olivera", sent. de 10-VII-2013; L. 118.116 "Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata", res. de 8-IV-2015).
Además, sabido es, que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se adelantó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019).
III.3.b. En particular, cabe recordar que la valoración de los testimonios queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones, tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
En tales condiciones, no puede tampoco la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión del contenido de las declaraciones testimoniales incorporada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que colisiona con aquélla cuya apreciación en conciencia ha efectuado el tribunal de grado (causas L. 116.908, "C., G.J.", sent. de 3-IX-2014; L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011; L. 89.910, "Calvigioni", sent. de 9-IV-2008).
III.3.c. Por otra parte, no existe obligación de transcribir en el acta de audiencia de vista de la causa- tal como pretenden las comparecientes- el contenido de los dichos de los testigos, sino que, antes bien, su reproducción en la referida pieza procesal importa el ejercicio de una facultad que la ley adjetiva confiere tanto al judicante como a la parte interesada, regulado así a tenor de lo dispuesto por el art. 46 de la ley 11.653. Con arreglo a ello, queda a cargo del interesado, en la etapa correspondiente, hacer uso de dicha prerrogativa (causas L. 91.841, "Pascual", sent. de 15-X-2008; L. 82.689, "Paiffer", sent. de 5-IV-2006; L. 89.452, "Atristain Quiroga", sent. de 13-III-2006). En el caso de autos, las recurrentes omitieron ejercer dicha facultad, de allí que las manifestaciones que en tal sentido plasmaron en el recurso devienen inatendibles.
III.3.d. Para finalizar, la insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de normas y principios constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (causas L. 98.746 "Sassano", sent. de 30-XI-2011; L. 107.354 "Zamuriano Miranda", sent. de 25-IV-2012; entre otras), supuesto no verificado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:27:14 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/07/2020 20:48:05 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 17/07/2020 10:17:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 22/07/2020 10:26:41 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 22/07/2020 10:41:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia