Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121702
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.702, "Conforti, Fátima Daniela contra Llinas Llodra, Onofre y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial Morón acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 317/332).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 375/379 vta.). El a quo rechazó el primero y concedió el segundo (v. fs. 383 vta./385).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó en todas sus partes la demanda promovida por Fátima Daniela Conforti contra Alejandro Llinas y Daniel Miguel Llinas, con costas.
Asimismo, admitió la acción instaurada contra Onofre Llinas Llodra en concepto de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345); desestimando las demás pretensiones deducidas (diferencias salariales, horas extras, sueldo anual complementario, vacaciones, e indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013; 9 de la ley 25.013; 132 bis de la LCT y 53 ter de la ley 11.653). En este caso impuso los gastos causídicos a la demandada y a la actora en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas (v. fs. 331).
Juzgó de aplicación al caso los arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 de la ley 11.653.
Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso según las pautas establecidas por las normas vigentes en el momento en que fueron realizados los trabajos respectivos (decreto ley 8.904/77 y ley 14.967; v. fs. 333/338 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 505 del Código Civil; 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 377 vta./379 vta.).
Señala que el importe de las costas a su cargo excede el 25% del monto reclamado en la demanda y, por ende, el límite que establecen las normas legales citadas (v. fs. 378).
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte sentó en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 89.569, "Farías" (sent. de 15-VI-2011) y L. 119.418, "Romero", sent. de 21-VI-2017; v. fs. cit.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3896/18)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal sub examine sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal citada por la impugnante, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el tribunal de grado se apartó de la doctrina elaborada por este Tribunal en torno al límite en la responsabilidad en el pago de las costas previsto en la ley 24.432 (que modificó los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil), receptado en análogos términos por el art. 730 del Código Civil y Comercial.
La previsión motivo de agravio ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (causas: L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.).
Y este criterio ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia de 1-VII-2019 (Fallos: 342:1193) al pronunciarse sobre la validez del citado art. 730 del Código Civil y Comercial. En efecto valiéndose del temperamento adoptado en los precedentes "Abdumarran" (Fallos: 332:921); "Brambilla" (Fallos: 332:1118) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), recordó que la norma sustantiva tiene como propósito central la disminución del costo de los procesos judiciales.
Como ha sido señalado en repetidas oportunidades la regulación cuya aplicabilidad propugna la interesada no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios; está dirigida a limitar la responsabilidad del deudor en materia de gastos.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales (mediante una debida articulación de aquellas conducentes a establecer, como en el caso, la cuantía del asunto, las labores desempeñadas y en especial, la existencia de un litisconsorcio). Ello porque frente al actual articulado legal, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que éstas representan (causas L. 129.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019; L. 119.955, "Duarte", sent. de 14-VIII-2019 y L. 119.705, "Molinario", sent. de 10-X-2018).
Dado que la crítica resulta apta para demostrar el agravio que se invoca, corresponde casar la decisión en el aspecto cuestionado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo pronunciamiento estableciendo el límite contemplado en las normas ya citadas.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la resolución atacada con el alcance indicado en el párrafo precedente.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el ponente en el punto III.1. de su voto.
I.2. En relación al agravio vinculado al límite en la responsabilidad por el pago de las costas (arts. 277, Ley de Contrato de Trabajo y 505, Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com.- t.o. ley 24.432), al igual que mi colega considero que se verifica en el caso la violación de la citada normativa y de la doctrina legal de esta Corte elaborada a su respecto. A los efectos de abordar el tratamiento del embate, remito a los términos de la adhesión que efectuara al votar en las causas L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010); L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015) y -más recientemente- L. 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016); a las que remito en honor a la brevedad.
Solo me permito traer lo expresado por el Alto Tribunal en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman" (sent. de 5-V-2009), cuyos términos comparto, donde juzgó, en base a las consideraciones planteadas por los recurrentes, que: "...la aducida violación del derecho de igualdad cabe concluir, sobre la base de doctrina de esta Corte, que la ley en examen no conculca ese derecho, desde que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales..." (punto 11).
Especificó, además, que: "...el texto agregado por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limita la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales y no el quantum de los honorarios profesionales. Tal limitación de responsabilidad, como las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público, constituye un régimen especial en principio válido, siempre que el criterio de distinción adoptado no sea arbitrario, es decir, si obedece a fines propios de la competencia del Congreso y la potestad legislativa ha sido ejercida de modo conducente al objeto perseguido y de manera que no adolezca de inequidad manifiesta (Fallos: 250:410). En este sentido, atento a la finalidad tenida en vista por el legislador que se explicitara en los considerandos precedentes, la solución consagrada en el art. 277 de la L.C.T. se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando 'la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos' (cf. mensaje del Poder Ejecutivo, antes citado)..." (punto 12). Por último, el Superior Tribunal puntualizó que: "...la tacha de inconstitucionalidad [...] no resulta viable toda vez que los letrados de la parte vencedora no demostraron, mínimamente siquiera, en qué medida la aplicación al sub lite de la norma impugnada resultaría violatoria de la garantía constitucional a una retribución justa..." (punto 13).
A partir de lo hasta aquí analizado, la ley 24.432 -sin entrar a considerar la técnica legislativa utilizada-, obliga a los jueces a resolver considerando la totalidad del espectro jurídico.
El art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. ley 24.432) en su parte pertinente expresa que: "...La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados [...] no excederán del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios...".
Por su parte, el beneficio de gratuidad del art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo se limita a facilitar al trabajador el acceso a la justicia y a colocar su vivienda a resguardo de la ejecución, pero no implica de ninguna manera que se lo exima del pago de costas, o se le dé un tratamiento diferente a la parte actora del otorgado a la contraparte en el juicio, cuando le corresponda soportarlas por aplicación de las normas procesales.
Por ende, una lectura armónica de la normativa que analizo, de los precedentes de este Tribunal y la doctrina de la Corte nacional en las citadas causas "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), la cual fuera ratificada en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIII-2015 y "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otros s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015, me llevan a hacer lugar al presente recurso, en la medida que -como lo indica el doctor Genoud- la regulación efectuada en la instancia de grado excedió el límite allí establecido -25%-, por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, dar cumplimiento con lo allí dispuesto y prorratear las regulaciones conforme lo establece la normativa que analizo.
II. En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto conforme se resuelve en el apartado final del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Bajo las consideraciones expuestas en oportunidad de emitir mi opinión en la causa L 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016) a la que -en lo pertinente- remito, adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:30 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:10:40 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:35 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 12:53:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia