Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121225
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.225, "Corani, Daniel Oscar contra Camargo, Mirta Alicia. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, con costas del modo que especificó (v. fs. 818/848).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 874/891 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo :
I. En lo que interesa, el tribunal de origen rechazó la demanda promovida por Daniel Oscar Corani contra Mirta Alicia Camargo en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en el art. 2 de la ley 25.323 y en la ley 25.561. En cambio, admitió la acción dirigida contra Provincia ART S.A. y la condenó a abonar la suma que estableció en concepto de diferencias indemnizatorias por los daños y perjuicios derivados del accidente que sufriera el actor el día 15 de enero de 2007. Dispuso que el importe de condena devengaría intereses desde que fue debido hasta el día 18 de agosto de 2008 a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de depósito a treinta días y a partir de esa fecha hasta su efectivo pago la tasa pasiva plazo fijo digital que por igual plazo establece la aludida entidad bancaria (v. fs. 818/848).
I.1. Para así decidir, juzgó acreditado que el actor laboró para la demandada desde el día 12 de septiembre de 2006, como chofer de pasajeros, transportado personas con capacidades diferentes, de lunes a viernes, a bordo del vehículo "Renault Traffic" dominio SYN136 que, en ese entonces, era de propiedad de la accionada y explotado por esta (v. vered., fs. 818 vta.).
Bajo esa premisa, tras analizar el intercambio telegráfico habido entre las partes, determinó que el distracto se produjo el día 16 de marzo de 2007 por decisión de la empleadora invocando como causa el abandono de trabajo del accionante en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 823/824 vta. y sent., fs. 829 vta./830 vta.).
Ponderó que el actor tenía otorgada licencia médica hasta el día 9 de marzo de 2007 y que, una vez vencida (10 de marzo de 2007), no se presentó a trabajar, motivo por el cual la empleadora el día 12 de marzo de 2007, lo emplazó para que retomase tareas bajo apercibimiento de disponer su cesantía por abandono de trabajo, que finalmente efectivizó el 14 de marzo de 2007 ante la persistente actitud del accionante de no asistir al trabajo, comunicación que este recibiera con fecha 16 de marzo de 2007 (v. vered., fs. 823 vta./824 vta. y sent., fs. 830).
Señaló que no había resultado probado que el señor Corani desde que fue intimado (12 de marzo de 2007) hasta la disolución del vínculo (16 de marzo de 2007), se hubiese presentado a retomar sus labores y/o justificado sus inasistencias; pues, si bien había respondido mediante misiva cursada el día 15 de marzo de 2007 a la primera misiva cursada por la empleadora, dicha pieza postal recién ingresó en su esfera de conocimiento el día 20 de marzo de 2007, esto es: siete días después de que fuera constituido en mora conforme lo dispuesto por el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, y luego de tres días de ocurrida la desvinculación. Agregó que, además, dicha respuesta carecía de trascendencia alguna, desde que el accionante no justificaba con la entrega de certificados médicos (como lo había hecho anteriormente) el motivo por el cual se veía impedido de ir a laborar desde el día 10 de marzo de 2007 (v. sent., fs. 830 y vta.).
Concluyó entonces que la decisión de la empleadora -perfeccionada en el tiempo el día 16 de marzo de 2007- se ajustaba a derecho e incluso resultaba hasta inducida por el propio trabajador -primero- con su injustificada insistencia al trabajo (una vez finalizada su última licencia médica documentada) y -luego- por el silencio observado ante la misiva cursada por la demandada el día 13 de marzo de 2007, a la que recién respondió el día 20 de marzo de 2007, una vez vencido el plazo del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo y dispuesta la finalización del vínculo. Por todo lo cual, rechazo el reclamo vinculado al despido (v. sent., fs. 830 vta.)
I.2. Por otro lado, tuvo por acreditado que el día 15 de enero de 2007 el demandante sufrió un infortunio laboral cuando al subir a la camioneta se desprendió el estribo y le golpeó el tobillo izquierdo, como consecuencia de lo cual padece un dolor crónico en dicho tobillo, que le ocasiona una incapacidad física del 7% del índice de la total obrera, conforme el dictamen de la Comisión Médica y el informe del galeno interviniente en autos (v. fs. 62/63, 318/329, 340/342 y vered., fs. 819 vta./820 y 822).
Sin embargo, consideró no comprobado que a raíz del evocado evento el actor presentara una lesión incapacitante, o que la misma fuera definitiva o irreversible; ello, sin perjuicio de lo informado por el psicólogo en la pericia de fs. 286/288 en cuanto a que el accionante arrastraba sentimientos de discapacidad, inestabilidad emocional, sugiriendo un tratamiento psicológico, consistente en una terapia de dos años, en sesiones semanales (v. vered., fs. 822 vta.).
Ello pues, destacó, como afirmara la aseguradora (v. fs. 816), la indicación de una terapia implicaba la posibilidad de que "el acusado daño psicológico disminuya o desaparezca..." contingencia que indica que no existe un perjuicio definitivo y, por ende, resarcible. Y, agregó que el demandante tuvo derecho a dicho tratamiento desde antes de iniciar la presente causa, a título de prestación en especie, a cargo de la aseguradora coaccionada (arg. art. 20, ley 24.557; v. vered., fs. 822 vta.).
En ese orden, consideró que la aseguradora codemandada era civilmente responsable del evento dañoso, por haber incumplido con los deberes a su cargo (arts. 4 y 31, ley 24.557), incurriendo en una omisión culpable y negligente que tuvo incidencia, como causa adecuada y eficiente del perjuicio padecido por el actor, según los términos de los arts. 512, 901 a 904, 1.109, 1.068 y 1.074 del Código Civil (v. vered., fs. 820/821 y sent., fs. 830 vta./834).
Sentado ello, con apoyo en los precedentes "Arostegui", "Vuotto" y "Mendez" de la Corte nacional, utilizó una fórmula matemático financiera para determinar la indemnización por daño material en la suma de $45.923, la que a tenor de las condiciones personales (su edad y condición de aficionado a los deportes) y familiares (padre de dos hijos) del accionante, consideró razonable y equitativo elevar a la cantidad de $50.000 con más $10.000 en concepto de daño moral (v. sent., fs. 834/836).
Luego, estableció que por el sistema previsto en la ley 24.557 el trabajador era acreedor a una reparación que alcanzaba un monto de $11.016, que -expresó- resultaba sensiblemente mayor al abonado por la aseguradora el día 18 de marzo de 2008 ($6.551,37), debiendo además ajustarse dicha suma de conformidad con las pautas de la ley 26.773 que consideró de aplicación al caso, lo que arrojaba un importe de $58.930 (v. sent., fs. 836 y vta.).
Acto seguido, tras cotejar esta última cuantía con la otra anteriormente establecida por el derecho común, juzgó que -a la fecha del pronunciamiento- las prestaciones del sistema especial resultaban suficientes para reparar adecuadamente el daño sufrido por el dependiente y desestimó en el caso la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y, en consecuencia, entendió inoficioso abordar el tratamiento de la responsabilidad civil adjudicada a la empleadora en los términos de los arts. 1.109, 1.113 y 1.074 del Código Civil Vélez Sarfield, en tanto -sostuvo- el actor carecía de derecho para demandar a su empleadora por la diferencia resarcitoria (v. sent., fs. 836 vta. y 837).
Por ello, habida cuenta que la responsabilidad atribuida a la aseguradora ingresaba por un carril diferenciado y autónomo (art. 1.074, Cód. Civ.), condenó a Provincia ART S.A. al pago de la diferencia indemnizatoria por daños y perjuicios que estableció en la cantidad de $24.983 (v. sent., fs. 837 vta./838 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 39 de la ley 11.653; 244 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 874/891 vta.).
Objeta la decisión que consideró justificado el despido por abandono de trabajo. Aduce que la empleadora no cumplió con el plazo de intimación otorgado en su carta documento del día 13 de marzo de 2007 (veinticuatro horas), toda vez que cursó la misiva rescisoria al día siguiente (14 de marzo de 2007), apresurándose a disponer la extinción de la relación laboral, sin perjuicio de que dicha medida quedara perfeccionada cuando el actor recibió la notificación (16 de marzo de 2007).
Postula que la accionada conocía el estado de salud del trabajador, esto es: que estaba convaleciente y que ello le impedía concurrir a prestar sus tareas. Refiere que el dependiente impugnó la resolución de la Comisión Médica que le confería el alta y que esa decisión fue revocada por la propia comisión, disponiéndose la continuidad de la Incapacidad Laboral Temporaria en marzo de 2007. Agrega que ello evidencia que no existió voluntad del trabajador de abandonar su puesto laboral, lo que además fue expuesto al responder la carta documento de su empleadora (v. fs. 887 vta./889).
Por otro lado, alega que en el caso el tribunal evaluó la constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 sobre la base de una equívoca interpretación de los parámetros establecidos por la Corte nacional en los precedentes "Aquino" y "Vizzoti". Aduce que el accionante no reclamó la indemnización prevista en la ley 24.557 sino una reparación integral que incluye además de la minusvalía física del 7% (incapacidad de ganancia), el daño psicológico y el moral (v. fs. 889 y vta.).
En este sentido, expresa que habida cuenta de que quedó acreditada su condición de deportista, así como la necesidad de llevar adelante un tratamiento para revertir el menoscabo psicológico que le ocasionara el infortunio sufrido, los perjuicios derivados de tales circunstancias debieron ser valorados por el a quo al momento de establecer la indemnización por daños y perjuicios (v. fs. 889 vta./890 vta.).
Refiere que, por el contrario, el juzgador de grado determinó el quantum indemnizatorio con sustento en su mero arbitrio. Postula que en el caso de autos "existió una hipo apreciación del daño" y que "si el mismo se hubiese justipreciado conforme a derecho, su monto sería mayor lo cual elevaría la diferencia porcentual con lo efectivamente abonado al trabajador" (fs. 890 vta.).
Finalmente, reprocha que nada se dijo en la sentencia sobre el pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, más allá de su mención en el relato de antecedentes. Alega que la tasa pasiva fijada en autos no cumple una suficiencia reparadora ni compensa la pérdida de capital, por lo que la forma de mantener el valor es mediante la actualización monetaria, como pidió su parte (v. fs. 890 vta. y 891).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen prioritariamente efectuar una aclaración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, particularmente en lo referido al valor del litigio.
En atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a los rubros indemnizatorios derivados del despido (v. liquidación de fs. 63)- no alcanza el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que el intento recursivo contra lo resuelto a su respecto debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 de la ley 11.653, conforme lo ha resuelto este Tribunal en análogas situaciones (causas L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018).
Por consiguiente, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. Bajo tales premisas, cabe anticipar que no se configura en autos el supuesto de excepción examinado.
No sin dejar de advertir que el planteo propuesto por el impugnante para descalificar la decisión de grado que consideró justificado el despido dispuesto por su empleador, remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada, lo cierto es que el recurrente prescinde denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que expone, razón por la que el recurso deviene inadmisible en esta parcela.
Es dable recordar que carece de idoneidad para lograr la apertura del control de la casación por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que prescinde de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con la temática que impugna (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018).
III.3. Ninguna observación cabe realizar con relación a la admisibilidad de la impugnación dirigida a objetar los aspectos del daño que según juzgó el a quo debían ser reparados y el monto fijado en concepto de indemnización integral.
En el caso, más allá de la tangencial mención respecto de los parámetros contemplados por el tribunal de origen a fin de examinar la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, la crítica, en rigor, se focaliza en la determinación de la reparación integral admitida en la sentencia con los alcances precitados.
En definitiva, el agraviado discrepa con el valor fijado por el juzgador, peticionando la consideración de ciertos aspectos del daño que a su entender no fueron ponderados en la sentencia.
Cabe recordar que establecer el quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye -por regla- una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; e.o.).
En el caso, más allá de que lo que pudiera decirse sobre el método del que se valió el a quo para arribar al resarcimiento fijado, es dable advertir que el recurrente no sólo se desentiende de controvertir el análisis efectuado en el pronunciamiento sobre las facetas del daño que entiende deben ser reconocidas (tales: la alegada lesión psicológica y el perjuicio derivado de su imposibilidad de practicar deportes), sino que omite en este aspecto denunciar la configuración del vicio de absurdo y la transgresión de las normas del ordenamiento civil que regulan la reparación integral, circunstancias todas ellas que determinan la ineficacia de la impugnación.
Cabe recordar que el éxito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley depende de la suficiencia técnica de los agravios ventilados en la instancia extraordinaria, siendo insoslayable analizar -de modo previo- el sentido y el alcance con que estos han sido desarrollados en el libelo recursivo. Ello exige una crítica concreta y razonada, que abarque los fundamentos del pronunciamiento atacado y que apunte a la totalidad de las normas en que aquel se apoya. En síntesis, el recurso debe bastarse a sí mismo (causas L. 87.948, "Alvarez", sent. de 8-VIII-2007; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017).
También que es requisito ineludible, para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015; L. 119.124, "G., L. M.", sent. de 7-IX-2016 y L. 120.732, "Gorosito", sent. de 17-X-2018).
Circunscripta la facultad revisora de esta casación al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018), la insuficiencia del recurso interpuesto impide revisar el acierto o el error de lo decidido en este tramo de la sentencia.
III.4. Por último, en lo vinculado al planteo sobre la invocada omisión del tribunal de resolver el pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, basta señalar para su desestimación que la omisión de analizar una cuestión esencial resulta un tema ajeno al ámbito del recurso intentado y propio del de nulidad (causas L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017 y L. 120.166, "H., N. I.", sent. de 13-VI-2018). Luego, queda sin sustento la referencia a la tasa pasiva de interés, efectuada únicamente para evidenciar la necesidad de actualización del monto de condena.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero al voto del doctor Genoud, con excepción de lo expresado en el punto III.1., respecto al examen de admisibilidad del recurso traído.
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban", sentencia de 30-III-2011 y L. 108.498, "Carabajal" , sentencia de 22-V-2013 , a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En esas causas, entre otras, determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los que remito en honor a la brevedad.
Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif. (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño lo decidido por el colega qu
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