Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.746, "Medina, Jorgelina Clara contra Bagni, Diego Eduardo y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, con costas a la accionada (v. fs. 331/345).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 359/386 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por la señora Jorgelina Clara Medina y condenó al señor Diego Eduardo Bagni y la señora Rocío Celeste García al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, diferencias salariales, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653, 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más una reparación por daño moral (v. fs. 331/345).
En lo que es motivo de impugnación, desestimó la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo al juzgar no demostradas las conductas temerarias y maliciosas atribuidas al empleador, ni la configuración de un comportamiento obstruccionista o dilatorio en los términos exigidos por el precepto citado (v. fs. 343). Ponderó a su vez, dado el modo en que había sido promovido el reclamo, que mediaba una superposición de tutela entre el resarcimiento adicional reconocido al amparo de la ley 25.323 y el pedido de la sanción pecuniaria antedicha (v. sent., fs. 340 y vta.).
Por otro lado, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653, reformado por el art. 1 de la ley 14.399, y dispuso que a los importes de condena se le adicionaran intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago. Asimismo, desestimó la tacha argüida respecto de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. (v. fs. 340 vta./342).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil; 1.738, 768, 769 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 359/386 vta.).
II.1. Objeta la tasa de interés moratorio que el tribunal de origen aplicó al capital de condena (v. fs. 360/378).
Sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En esa línea, afirma que los fallos y precedentes del Máximo Tribunal "...deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 360 vta. y 361).
Postula que este Tribunal ha conferido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal, para lo cual cita en su apoyo un pasaje del precedente Ac. 59.366, "Centeno", sentencia de 10-VI-1996 (v. fs. 361 vta.).
Aduce que la aplicación de tasas de interés -pasivas o activas- fuertemente negativas sobre los créditos de todos los acreedores del país, afecta el valor adquisitivo de quienes deben recurrir a la justicia para cobrar lo que se les debe. Afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido la inaplicabilidad de las tasas pasivas en los juicios laborales y que la doctrina del Máximo Tribunal considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo.
Agrega que, comparada con la inflación, la aplicación de alícuotas negativas priva al trabajador de todos los intereses puros y de gran parte de su capital real (v. fs. 363/369 vta.).
Mensura el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (341,08%)" e intereses al 15% anual denunciando grave afectación del poder adquisitivo del accionante y violación de su derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.; v. fs. 369 vta./372).
En ese trance, plantea diversos métodos para evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral. Así enumera la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero (v. fs. 372/374); la fijación prudencial de los acrecidos teniendo en cuenta la actual inflación (v. fs. 374); y -por último- la aplicación de la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (v. fs. 374/375 vta.).
II.2. Se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 378/385 vta.).
Sostiene que el a quo realizó una absurda interpretación de la prueba y del expediente, pues la conducta temeraria y maliciosa de los demandados se manifestó tanto al momento de ejecución del contrato (falta de registración fraudulenta del vínculo), como de su extinción (negativa de la relación laboral durante el intercambio telegráfico) y se mantuvo -con conciencia de la propia sinrazón- al contestar demanda y durante todo el proceso. Detalla las conductas que, a su criterio, evidencian el actuar malicioso y fraudulento de los accionados. En ese sentido, individualiza doctrina de esta Suprema Corte en apoyo de su postura (v. fs. 382/385 vta.). Asimismo, impugna la referencia efectuada por el a quo sobre la aplicación concurrente del art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 384 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En atención a los términos en que -sin objeciones- ha sido concedido el recurso bajo examen (v. fs. 392/393), corresponde examinar la crítica en el marco del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.339, "Banegas", sent. de 13-VI-2018 y L. 121. 387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; e.o.).
III.2. Los planteos que formula el recurrente ya han sido resueltos en casos análogos y en sentido adverso a su postulación (causas L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017; L. 121.341, "Marchetto", resol. de 13-VI-2018 y L. 120.898, "Albarracín", sent. de 12-II-2020; e.o.).
III.2.a. Este Tribunal ha descartado las objeciones como las que aquí se esgrimen a fin de propiciar la inaplicabilidad de las limitaciones contenidas en la ley de procedimiento laboral.
En efecto, se dijo que aun cuando no se encuentra referido a la exégesis de norma alguna que haya regido la relación sustancial debatida en la especie conforme lo expuesto en párrafos anteriores, lo transcripto por el interesado correspondiente al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996), para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que les atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación individualizados como S.722.XXIV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en estos pronunciamientos en modo alguno el Alto Tribunal determinó que la tasa pasiva de interés no es aplicable a los créditos laborales.
Tampoco son aptos los argumentos destinados a evidenciar la configuración de una "cuestión federal", como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto la crítica indirectamente pretende orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable el recurso en examen (causas L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009; L. 105.414, "Valencia", sent. de 30-V-2012 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; e.o.).
III.2.b. No queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que tal planteo fue esbozado como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; e.o.) sin que se aporten argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.2.c. Finalmente, no le asiste razón al recurrente en cuanto postula que se modifique la sentencia de grado en relación con la alícuota (pasiva digital) allí aplicada.
En las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte, por mayoría que conformé, estableció con carácter de doctrina legal que los intereses moratorios deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y en forma diaria cuando no se alcance a cubrir dicho lapso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Efectivizado el análisis de la crítica en el marco de excepción ya enunciado -que exime de avanzar en otro tipo de consideraciones- y dado que la decisión adoptada por el órgano de grado encuentra respaldo en la directriz que emana de los precedentes antes mencionados, corresponde desestimar este aspecto del recurso.
III.3. El planteo referido al rechazo de la sanción contenida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo es inadmisible.
Determinar con arreglo a las circunstancias de la causa si la accionada actuó en forma temeraria y maliciosa constituye una típica cuestión de índole fáctica, privativa de la potestad de los jueces de la instancia de grado y ajena al supuesto del citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 101.735, "Soler", sent. de 15-XII-2010; L. 108.341, "Benítez", resol. de 25-XI-2009; L. 101.508, "Sánchez", sent. de 20-V-2009 y L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Suscribo el voto del doctor Genoud en los puntos III.1., III.2.a. y III.2.b.
I.2. Respecto de la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, también concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al emitir mi opinión en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016).
I.3. Finalmente, también adhiero a lo expuesto por el ponente en el punto III.3. de su voto.
II. Por ello, considero que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Genoud y, con relación a lo indicado en el punto III.2.c., lo hago remitiéndome -por razones de brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sentencias de 31-X-2016 –entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
Con el alcance indicado, así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:32 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:10:29 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:32 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 13:03:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia