Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121706
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.706, "Quevedo, Laura Marcela contra Fernández Cárdenas, Susana. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud , Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 217/237 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/279).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por Laura Marcela Quevedo y condenó a Susana Fernández Cárdenas al pago de la suma que estableció en concepto de haberes, vacaciones y sueldo anual complementario adeudados; así como de las indemnizaciones derivadas del despido, las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, desestimó el planteo de inconstitucionalidad deducido en torno a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. ley 25.561; v. sent., fs. 225 y vta.).
II. Contra este último aspecto de la decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 258/279).
Sostiene que la situación que motivó el dictado de las leyes 25.561 y 23.928 y de la doctrina elaborada por esta Corte -en la que el juzgador sustentó su decisión- no se encuentra presente en la actualidad (v. fs. 262 vta.).
Añade que las citadas normas resultan violatorias de los derechos contemplados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, en tanto se ha verificado una continua depreciación de la moneda como consecuencia del aumento de los índices de costo de vida que hacen que la demora en el pago del crédito laboral del actor le ocasione un perjuicio que no es suplido por la aplicación de una tasa de interés moratorio, ya que se trata de un instituto de naturaleza distinta a la indexación (v. fs. 263).
Argumenta que, por efecto del incremento del costo de vida, en la situación económica actual el crédito de la accionante pierde su poder adquisitivo entre un 24% y 30% anual; situación que -refiere- debe ser reparada mediante la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, al tiempo que propone "reactualizar" la aplicación de lo dispuesto en el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 264 vta.).
Insiste en señalar las diferencias entre la indexación o actualización del monto de condena y los intereses moratorios aplicados a dicho importe, a la vez que refiere que esta Corte ha evaluado la temática en cuestión en la causa L. 110.487, "Ojer" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 265/276). Luego, argumenta que ante el cambio en la situación económica y social del país el propio legislador ha comenzado a incluir cláusulas de ajuste en algunas normas (ley 26.773) a los fines de mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones. Cita, en apoyo de su posición, distintos precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 277/278).
En tales condiciones, peticiona que se revoque la sentencia impugnada, se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 y se imponga la obligación de actualizar los montos de condena, conforme lo establece el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 278 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde advertir que el remedio deducido fue concedido por el tribunal de origen en el marco del supuesto excepcional previsto en el art. 55 de la ley 11.653 -primer párrafo, in fine -, teniendo en cuenta la magnitud económica de lo cuestionado ante esta instancia y la invocación de quebranto de doctrina legal que se formula (v. fs. 283 y vta.).
No obstante, entiendo que el planteo traído -vinculado al cuestionamiento de la validez constitucional de los preceptos que vedan la actualización monetaria- involucra el análisis de una cuestión de índole federal que amerita la apertura de la instancia extraordinaria sin las restricciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
III.2. Aclarado ello, he de señalar que -como adelanté- no prospera el planteo referido a la actualización del importe de condena.
En casos sustancialmente análogos al presente, esta Corte ha desestimado agravios como el aquí examinado, convalidando la validez constitucional de las leyes 23.928 y 25.561, ratificando la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación de precios, por actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-2004; L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012 y L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014), lo que resulta suficiente a los fines de dar respuesta al sub lite (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Liminarmente cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado -en decisión que no resultó objetada- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el valor del litigio -se dijo- no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. fs. 283 y vta.).
Luego, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
Por cierto, no obsta a lo anterior que el agravio traído se encuentre orientado a cuestionar lo resuelto por el a quo en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), pues ningún argumento ha desplegado el recurrente con el objeto de demostrar que ello eventualmente podría evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley procesal laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica del asunto al que se aludió anteriormente.
I.2. Delimitada así la competencia de este Tribunal, el recurso debe ser desestimado, toda vez que el impugnante no acredita la violación de doctrina legal alguna por parte del tribunal de la instancia, toda vez que, contrariamente, lo resuelto en la sentencia recurrida se ajusta a las directrices que en la materia emanan de los pronunciamientos de este Tribunal, tal como se indica en el voto emitido por la colega doctora Kogan con fundamento en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias.
II. En virtud de lo expuesto, a mérito de su inadmisibilidad, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 68, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:31 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:10:35 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:25 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:33 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/07/2020 18:55:25 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/07/2020 13:04:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia