Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda entablada por Diego Gastón Goitisolo contra Volkswagen Argentina S.A. en cuanto pretendía las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 182/189).
Para así decidir, juzgó probado que la extinción del contrato de trabajo se produjo por renuncia del trabajador, perfeccionada mediante telegrama de fecha 4-V-2016, retroactiva al 18-IV-2016, no acreditándose vicios de la voluntad al momento del acto, ni que el actor hubiera suscripto un acuerdo con la accionada para acogerse al programa de retiro voluntario.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/201), el que fue concedido por el a quo a fs. 204/205.
En su presentación, alega absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba. Objeta que el sentenciante no valoró el legajo del actor, secuestrado de la empresa mediante la diligencia preliminar, ni la pericia contable.
Se agravia respecto de la modalidad de extinción del contrato de trabajo, pues a su criterio el actor fue engañado por la empresa para enviar el telegrama de renuncia, como condición para la adhesión al programa de retiro voluntario.
III. El remedio intentado no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del contrato de trabajo, así como determinar las circunstancias de su extinción y -en suma- como finalizó, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por regla a la casación, salvo absurdo (causas L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013; L. 117.292, "Cincotta", resol. de 5-VI-2013 y L. 121.123, "Etcheverry", resol. de 18-IV-2018).
Como es sabido, para que esta Corte pueda revisar tales cuestiones, no basta con denunciar la configuración de dicha anomalía y limitarse a exponer de manera paralela- la propia y distinta versión de los hechos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una interpretación absurda de los mismos o de las pruebas invocadas por el juez al declararlos comprobados (causas L. 95.984, "Quintero", sent. de 16-IX-2009 y L. 103.926, "Lecumberri", sent. de 30-V-2012).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial. Se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 104.394, "Borgogno", sent. de 7-IX-2011; L. 104.398, "Cesareo", sent. de 29-II-2012; L. 106.474, "Moreyra", sent. de 13-VI-2012 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
A su vez, puntualizó que el acta acuerdo acompañada, donde constaría que se habría acogido al programa de retiro voluntario, se encuentra suscripta únicamente por el accionante, sin que exista firma de representantes de la demandada para conformar un acuerdo, careciendo además de membrete o identificación de la empleadora.
III.3 En autos, el impugnante, limitado a cuestionar la validez de la renuncia e insistir en que de la documental adunada a la diligencia preliminar surge la firma de un convenio de adhesión de cese voluntario, no cumple con la carga de acreditar el vicio alegado.
Antes bien, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los magistrados a la solución expuesta en el fallo, y prescindiendo rebatir las motivaciones esenciales del sentenciante, se limita a cuestionar, por conducto de meros comentarios y apreciaciones personales, la forma como se resolvió la controversia, sin lograr acreditar que la conclusión esencial de la sentencia resulte absurda (causas L. 111.457, "López", resol. de 25-VIII-2010; L. 112.741, "Roca", resol. de 10-XI-2010; L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
Desde esta perspectiva se advierte que -en definitiva- el interesado se limita a efectuar una propia y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia esté viciada por absurdo.
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa -como adjudicarle a la documental acompañada la eficacia probatoria pertinente- es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017).
III.4. Finalmente, cabe reiterar -una vez más- que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución que es propia de los tribunales de trabajo y por lo tanto no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 116.837, "C., C.F.", sent. de 9-X-2013; L. 101.666, "Martínez", sent. de 27-IV-2011; L. 91.088, "Azara", sent. de 26-VIII-2009), vicio no evidenciado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:15:40 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 23/07/2020 19:59:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 23/07/2020 20:10:24 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:34:35 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 29/07/2020 12:23:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia