Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123927
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Eduardo Marcelo Smith contra Centro Recreativo El Quincho, Helda Cristina Barbieri y Horacio Adolfo Barlatay, por la que pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales. Asimismo, la desestimó en relación al reclamo por la reparación integral por accidente de trabajo (v. fs. 277/302, y aclaratoria de fs. 303/304 y vta.).
Para así decidir, juzgó que el actor no pudo acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de la relación laboral invocada.
Por otro lado, tampoco tuvo por probado que el accionante hubiera protagonizado el accidente que denunció y que le provocara los daños que dijo padecer, consecuentemente, no se acreditaron los factores de atribución de responsabilidad civil (objetiva ni subjetiva) solicitada.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 318/337), que fue concedido por el a quo a fs. 355 y vta.
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas y la doctrina legal que entiende violadas.
Controvierte la conclusión del fallo en orden al rechazo de los resarcimientos por el despido. En ese sentido, aduce que la valoración del material probatorio fue realizada de manera parcial y sesgada, en beneficio de los accionados, y que, ante la duda, debió haberse resuelto en favor del trabajador. Plantea que la sentencia atacada resulta arbitraria y carece de fundamentación.
Asimismo, impugna que el juzgador haya tenido por no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil de las accionadas respecto del accidente laboral reclamado.
Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su parte, por considerarla violatoria del principio de gratuidad.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1.a. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, el impugnante, si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes. En particular, tal como se anticipó, el sentenciante de grado -con apoyo en los elementos probatorios colectados en la causa- juzgó que la presencia del actor en las instalaciones del centro recreativo era circunstancial, y por tanto, insuficientes para acreditar la invocada relación de dependencia con respecto a las accionadas.
III.2.b. Por otra parte, en relación a la ponderación de las declaraciones testimoniales cuestionadas por el recurrente, cabe recordar que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", su valoración queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado -como se dijo- no demostró (causas L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.561, "Modelli", resol. de 6-IV-2016 y L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016).
III.2.c. Tampoco es eficaz para controvertir el fallo el cuestionamiento que gira en torno a la infracción al principio in dubio pro operario , desde que esta Corte tiene dicho que no resulta tal si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.322, "Barrionuevo", resol. de 11-VII-2018).
III.2.d. Asimismo, no se configura la violación de doctrina legal establecida en los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo, pues ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos y jurídicos (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 99.752, "Buldorini", sent. de 30-VI-2010 y L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017).
III.2.e. Incólume la definición medular del pronunciamiento, en orden a la inexistencia de una relación laboral entre las partes, deviene abstracto el tratamiento de los planteos estructurados sobre la denuncia de quebranto de los arts. 144 del Código Civil y Comercial y 54, 59 y 274 de la ley 19.550.
III.3. Igualmente resulta inatendible el escueto agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la reparación integral derivada de infortunio laboral.
Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, determinar la existencia del accidente de trabajo y establecer si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituyen potestades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 117.177, "G.P.V.", sent. de 18-V-2016 y L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018).
El interesado no consigue acreditar tal anomalía, desde que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales sobre el modo en que considera que el a quo debió interpretar las constancias y las probanzas de la causa, soslayando que el vicio de absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia. Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
III.4. Es igualmente inatendibles las argumentaciones que formula el recurrente respecto de la imposición de costas sin el beneficio consagrado por el art. 22 de la ley 11.653, dado que, en una materia cuya determinación es privativa del tribunal de grado e irrevisable -en principio- en casación (causas L. 66.917, "Parra", sent. de 23-VI-1999; L. 76.339, "Altamirano", sent. de 12-II-2003 y L. 74.349, "Arias", sent. de 11-VI-2003), no objeta el recurrente el indudable carácter de vencido que reviste en autos (causas L. 77.148, "Rodríguez", sent. de 28-V-2003 y L. 78.501, "Rivero", sent. de 23-XII-2003) y la falta de acreditación de vínculo laboral que coloque al actor como beneficiario de la referida disposición legal (causas L. 100.903, "Hernández", sent. de 5-V-2010; L. 87.407, "A.,S.", sent. de 14-XI-2007 y L. 104.561, "Marchisio", sent. de 21-IX-2011).
III.5. Para terminar, corresponde advertir que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 99.422, "Forcelli", sent. de 1-XII-2010; L. 103.682, "Cervantes", sent. de 16-III-2011 y L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:41:09 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:53:18 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 30/07/2020 20:43:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 16:12:06 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 03/08/2020 10:28:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia