Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.373, "Ankudowicz, Jorge Pablo contra Ente Administrador Astillero del Río Santiago. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la demanda promovida, con costas (v. fs. 758/766).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 772/785 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó en todos sus términos la demanda promovida por el señor Jorge Pablo Ankudowicz contra el Ente Administrador del Astillero Río Santiago en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, agravamientos indemnizatorios contemplados en las leyes 25.323 y 25.561, como así también la acción de daños y perjuicios por daño moral.
En lo que interesa destacar por constituir materia de agravio, el tribunal de grado tuvo por probado que el actor mantuvo una relación subordinada, laborando sin solución de continuidad desde su ingreso con fecha 21 de enero de 1957, primero para Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE) y a partir del año 1993 para el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, en virtud del traspaso operado entre el Estado nacional y provincial respecto de la titularidad del citado establecimiento (v. vered. primera cuestión, fs. 758 y vta.).
Declaró que el día 6 de diciembre de 2005 la empleadora intimó mediante carta documento al actor en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para que inicie el trámite jubilatorio. Posteriormente -continuó-, el día 29 de enero de 2007 le envió una nueva carta documento comunicándole la extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo establecido en la citada norma (v. vered. primera cuestión, fs. 758 y vta.).
Puntualizó que a la fecha indicada el trabajador tenía sesenta y cinco años de edad y contaba con cuarenta y ocho años, diez meses y quince días de servicios con la consecuente cantidad de aportes (v. vered. segunda cuestión, fs. 759).
Adunó que el día 1 de febrero de 2005 el trabajador solicitó a su empleador que se le extienda certificación de servicios y remuneraciones requeridos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la que conforme lo establece el art. 252 de la ley 20.744 fue entregada el día 9 de ese mismo mes y año (v. vered. tercera cuestión, fs. 759 vta. y 760).
Sobre dicha plataforma fáctica, juzgó que el vínculo de trabajo mantenido por el actor con el Astillero Río Santiago se encontraba regido por las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E. En ese sentido, señaló que -a la luz de lo normado por los arts. 91 y 252 de la ley 20.744- al momento de ser emplazado el trabajador se encontraba en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación ordinaria, sea a través del sistema instituido por la ley 24.241 o -como finalmente sucedió- conforme el decreto ley 9.650/80 que regula las prestaciones que otorga el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 763 vta. y 764).
Resaltó que el sistema de la ley 24.241 requiere para la obtención de la Prestación Básica Universal sesenta y cinco años de edad para los hombres y la acreditación de -al menos- treinta años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad (art. 19); mientras que el decreto ley 9.650/80 en su art. 24, establece que tienen derecho a la jubilación ordinaria los afiliados que acrediten como mínimo veintidós años de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad y sesenta años de edad (v. fs. 764 y vta.). Subrayó luego, que tales condiciones eran indudablemente cumplidas por el actor al momento de ser intimado por su principal el día 6 de diciembre de 2005 (v. sent., fs. 764 vta.).
A continuación, juzgó que la intimación formulada por el principal se encontraba ajustada a derecho, por encontrarse el vínculo sujeto al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo y al Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E. Precisó que la naturaleza jurídica de la relación no mutaba por haber accedido el trabajador -por su voluntad- a una prestación de otro régimen previsional que le resultaba más beneficioso que la contemplada en la norma por la cual se lo emplazó. Agregó que el propio actor reconoció, por un lado, que al tiempo de cumplir los requisitos legales fue él mismo quien escogió el sistema previsional provincial en vez del regido por la ley 24.241 y, por el otro, que recién a partir de junio de 2006 el Instituto de Previsión Social admitió la posibilidad de asumir el rol de caja otorgante -que antes era invariablemente cumplido por ANSES- concediendo la jubilación a un dependiente de Astillero que contaba con mayor cantidad de años de aportes en el sistema nacional (v. sent., fs. 764 vta. y 765).
En dicho contexto, concluyó que -en la especie- el contrato de trabajo que vinculó a las partes feneció por haberse configurado la causal de extinción prevista en el art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 765).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 772/785 vta.).
En primer lugar, asevera que en virtud del contrato de transferencia del Astillero a manos de la Provincia de Buenos Aires de fecha 26 de agosto de 1993, a sus trabajadores se les aplicó un sistema dual (que modifica las condiciones de la relación), a partir del cual, por un lado, conservaron sus derechos laborales conforme la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E y, por el otro, pasaron a ser dependientes de la Provincia de Buenos Aires. Por ende -prosigue- los trabajadores son afiliados obligatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), asumiendo la misma provincia la responsabilidad de cualquier problema laboral suscitado entre las partes a partir de la transferencia (v. rec., fs. 773 vta. y 774; 777 vta. y 778; 781; 782; 783 y vta.).
Agrega que se encuentra acreditado que el día 9 de febrero de 2005 el actor no se encontraba en condiciones de jubilarse, ya que contaba con sesenta y cuatro años de edad, y que requirió la Certificación de Servicios y Remuneraciones para controlar los años de aportes y servicios, y no con la finalidad de jubilarse. Afirma que recién a partir de que cumplió los sesenta y cinco años de edad o, en su defecto, desde que el empleador le envió el telegrama intimando a su jubilación, el Ente Administrador del Astillero debió entregarle nuevas certificaciones de servicios y remuneraciones. Aduna que posteriormente, el día 3 de julio de 2006, el demandado le entregó la documentación necesaria para comenzar el trámite de jubilación ordinaria por cierre de cómputos ante el IPS (v. rec., fs. 775 y vta.; 780 y vta.).
Desde otra perspectiva, arguye que el cese laboral dispuesto conforme el art. 252 de la ley 20.744 importó un despido directo, ya que de lo contrario se vulneraría un derecho fundamental del trabajador, cual es el de elegir el régimen previsional en el cual jubilarse. Asevera que resulta inaceptable que la empleadora haya querido obligarlo a jubilarse por el régimen nacional de ANSES. Agrega que el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo es inaplicable al presente caso, por cuanto inició y eligió el trámite de jubilación por ante el IPS de conformidad con lo normado por el art. 68 del decreto ley 9.650/80 y la circular 3/94 del IPS (v. rec., fs. 778 vta./779 vta. y 784). Para finalizar, reitera su tesis relativa a que corresponde al trabajador elegir en qué régimen desea jubilarse, y no al empleador, habiendo en el caso concreto Ankudowicz elegido el correspondiente al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 784 vta. y 785).
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones de orden metodológico, habré de alterar el orden de tratamiento de los agravios propuestos.
III.1.a. Así, comenzaré por señalar que el agravio mediante el cual el recurrente alega -en forma no del todo clara- que a partir de que el trabajador cumplió los sesenta y cinco años de edad o, en su defecto, desde que el empleador le envió el telegrama intimando a su jubilación, el Ente Administrador del Astillero debió entregarle nuevas certificaciones de servicios y remuneraciones para de tal forma emplazarlo válidamente en el marco del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, luce insuficiente.
Ello por cuanto, la decisión relativa al momento desde el cual debe computarse el plazo previsto en el art. 252 de la ley 20.744 constituye una típica cuestión de hecho cuya evaluación corresponde en forma privativa a los jueces de grado, por lo que tal agravio debe ser inexcusablemente acompañado de la denuncia y consecuente demostración de absurdo en la tarea del juzgador (causas L. 117.226, "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 117.987, "Elía", sent. de 2-IX-2015).
En el caso, independientemente de lo que pudiera opinarse respecto del momento en que la accionada habría hecho entrega de la documentación necesaria para iniciar los trámites ante el IPS, el desarrollo que nutre este aspecto de la impugnación omite denunciar -y menos aún probar- la configuración del mencionado vicio lógico, por lo que resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que considera insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con la inexcusable carga de invocar y demostrar la configuración del vicio de absurdo, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a esta Corte abordar la revisión de lo decidido en la instancia de origen (causas L. 118.023, "Monte", sent. de 21-X-2015; L. 118.425, "Blanco", sent. de 13-VI-2018 y L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018).
III.1.b. A su turno, las alegaciones relativas a que el cese laboral dispuesto con arreglo al art. 252 de la ley 20.744 implicó un despido directo, carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma actuada por el juzgador de grado en esta parcela del fallo -art. 91, LCT-, sobre cuya base el tribunal de grado concluyó que el contrato de trabajo que vinculó a las partes había fenecido.
En tal sentido, esta Corte ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas sustantivas y procesales relativas a los agravios que expone, exigencia de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por el dispositivo del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, no pudiendo suplirse de oficio por este Tribunal, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por el recurrente (causas L. 105.323, "Mengarelli", sent. de 30-XI-2011; L. 112.633, "Colos", sent. de 14-II-2013 y L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015).
III.1.c. En las condiciones indicadas, y más allá de las falencias apuntadas, se advierte que las disquisiciones introducidas por el quejoso no superan el registro de una mera discrepancia subjetiva, ineficaz como tal para abastecer el recurso intentado. En ese sentido, esta Corte ha declarado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse (causas L. 108.918, "Hernandez", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014).
III.2. Por lo demás, la insalvable deficiencia técnica de la pieza recursiva en análisis se patentiza aún más al observarse que el recurrente se desentiende de las motivaciones sobre las que el magistrado de grado estructuró su fallo.
En este sentido, el interesado reconociendo el sistema dual que rigió a los trabajadores del Astillero a partir del contrato de transferencia celebrado con la Provincia de Buenos Aires, circunscribe su crítica a enunciar lacónicamente que la empleadora no podía obligarlo a jubilarse por el régimen nacional del ANSES, cuando el trabajador válidamente eligió hacerlo por el régimen provincial del IPS, apartándose así de los argumentos esgrimidos por el tribunal de grado para rechazar la demanda.
En efecto, el órgano de origen expresamente destacó que al momento de ser intimado por el principal en los términos del art. 252 de la ley 20.744 el día 6 de diciembre de 2005, el trabajador cumplía las condiciones exigidas tanto por la ley 24.241 como por el decreto ley 9.650/80. En este sentido, emerge con nitidez del fallo que el tribunal de grado consideró que la intimación formulada por el principal en los términos del art. 252 de la ley 20.744 se ajustó a derecho, por cuanto la circunstancia de poder acceder voluntariamente el trabajador a una prestación de otro régimen previsional más beneficiosa, no mutaba la naturaleza jurídica de la relación laboral, sujeta al régimen de la ley 20.744 y al Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E.
A ello cabe agregar -aun cuando se soslayara que el propio actor fue quien optó por el sistema previsional al que, en definitiva, se acogió- que el interesado tampoco se hizo cargo de la definición expuesta por los magistrados de grado en torno a que recién en junio de 2006 -es decir, con posterioridad a la intimación cursada en los términos del art. 252, LCT- el organismo previsional provincial admitió la posibilidad de asumir el rol de Caja Otorgante que con anterioridad era invariablemente cumplido por ANSES (v. sent., fs. 765).
En virtud de lo expuesto, cabe recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central del fallo sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 106.959, "González", sent. de 8-II-2012 y L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; e. o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:35:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:56:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia